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Red Internacional

San Lorenzo.Marcharon en pedido de justicia por Maxi Heredia

El 1 de julio el joven de 32 años fue asesinado tras haber sido brutalmente golpeado por agentes del Comando Radioeléctrico. En agosto los policías acusados por su muerte fueron liberados por el juez de primera instancia. Familiares de Maxi, amigos y organizaciones se movilizaron hasta la fiscalía exigiendo justicia.

Miércoles 29 de septiembre | 23:15

Familiares y amigos de Maximiliano Heredia se concentraron este miércoles en la Plaza San Martín de la ciudad de San Lorenzo y marcharon hasta la Fiscalía de dicha localidad exigiendo justicia y en repudio a la liberación de los cuatro policías acusados de su asesinato dispuesta por el juez de primera instancia Eugenio Romanini el 19 de agosto. Acompañaron y fueron parte de la movilización diferentes organizaciones y familiares de Juan Cruz Vitali, otra víctima del gatillo fácil en la zona de Capitán Bermúdez cuyo asesino también se encuentra en libertad.

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La violencia institucional en el cordón industrial es moneda corriente, los encubrimientos y complicidades dentro de la fuerza hacen que muchos casos no tomen relevancia. La policía es una institución completamente ligada a la trata, al narcotráfico y a todo tipo de negociados junto a las aceiteras y grandes empresarios en la región. A diez años de la desaparición de Paula Perassi, la justicia se muestra una vez más del lado de la impunidad, y así como libera a policías imputados por la muerte de un joven usa a la misma policía para reprimir la lucha de trabajadores por sus derechos como pasó en las fábricas de Guerrero y Buyatti. Solo por el camino de la movilización y la unidad de todas las luchas se podrá conseguir justicia para todos los jóvenes víctimas de la violencia institucional.

A continuación reproducimos el documento que se leyó al cierre de la jornada:

El 1° de octubre se cumplen tres meses sin Maxi Heredia.

Maxi tenía 32 años y ese día salió a comprar una cerveza a un kiosco de su cuadra. Por tener una discusión sin importancia con un comerciante, y sin haber cometido ningún delito, terminó muerto en manos de la policía de San Lorenzo. Así de absurdo, y así de terrible.

Maxi estaba intentando entrar a su domicilio de calle Brown al 2200, cuando un móvil policial a cargo del inspector Rodolfo Muller y del suboficial Adrián Ferreyra, lo interceptan y lo sacan del ingreso de su propio hogar. Allí, lo esposan boca abajo, lo golpean de manera violenta y le practican maniobras de presión sobre la cabeza de manera similar al brutal caso mundialmente conocido de George Floyd, en Estados Unidos.

Al lugar llegaron como refuerzos los suboficiales Acuña y González. El primero, al bajarse, le da de manera cobarde un fuerte golpe en el rostro, estando Maxi esposado y en total estado de indefensión.

En ese instante es cargado en la camioneta y luego de ser “paseado”, como habitualmente hacen los represores, llega sin vida al Hospital Granaderos a Caballos y logran reanimarlo hasta que es trasladado al Hospital de Cañada de Gómez donde fallece al mediodía.

Los exámenes médicos constataron traumatismo de cráneo grave, edema encefálico severo, contusión pulmonar, sangrado bucal y nasal, hematomas y edemas en casi todo su cuerpo, lo que demuestra la crueldad y cobardía de estos policías.

Sin embargo, la causa se encuentra caratulada como homicidio preterintencional, un delito que tiene estipulada una pena menor, que no se corresponde con la gravedad de este caso.

Acá existieron torturas, acá hay un homicidio. Es imposible que no previeran la posibilidad de causarle la muerte teniendo en cuenta que Maxi pesaba sólo 58 kilos.

De manera repudiable se intenta instalar la hipótesis de que murió por el consumo de drogas, versión difundida por aquellos medios que siempre defienden a los culpables de gatillo fácil como sucedió en el caso de Juan Cruz Vitali.

Otra vez el Cordón Industrial es noticia por la violencia institucional de la policía de la Unidad Regional XVII, situación que viene creciendo exponencialmente en los últimos años.

Recordemos el caso de Roberto Arrieta de tan sólo 22 años, asesinado en la comisaría de Puerto San Martín en 2015, también por una discusión menor.

En el 2019, en Capitán Bermúdez, la policía asesinó al joven Juan Cruz Vitali de 23 años, por evadir un control de tránsito.

Más cerca en el tiempo, durante la vigencia de las restricciones a la circulación impuestas por la pandemia, las fuerzas de seguridad aumentaron los abusos.

En nuestra ciudad, ocurrió la brutal golpiza por parte de un efectivo de la Comisaría 7° de San Lorenzo a un niño de sólo 11 años poniendo en peligro su vida.

Sin embargo, estos atropellos y el encubrimiento de los mismos, están íntimamente relacionados al entramado de complicidad entre el poder político, judicial y económico con el crimen organizado.

Como se puso de manifiesto con el asesinato en Barrio Norte del adolescente Brian Sánchez de 16 años cuando a unos metros se encontraba un patrullero de la Comisaría 7°, lo que provocó una multitudinaria protesta popular de lxs vecinxs del barrio frente a esa dependencia, cansades de la connivencia de ésta con el delito.

Pero si hay un caso que es un símbolo de este entramado es el de Paula Perassi, desaparecida hace 10 años, y dónde todos los policías implicados fueron absueltos. Alberto y Alicia aún esperan que les digan qué hicieron con ella, y siguen su lucha inclaudicable.

Exigimos juicio y castigo para todes les responsables de la muerte de Maxi y justicia para todas las víctimas de violencia institucional.

¡MAXI HEREDIA PRESENTE!




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