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POR DECRETO

Macri ordenó más secreto y “gastos reservados” para espionaje e inteligencia

Mediante el decreto 656/16 Macri introdujo cambios en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que vuelven a dejar en secreto los fondos que maneja. $ 1.450 millones serán ahora “gastos reservados”.

Gloria Pagés

Hermana de desaparecidos | CeProDH | @Gloria_Pages

Miércoles 15 de junio de 2016 | 08:03

El cristal de la presunta transparecia del macrismo cada vez se opaca más al compás de medidas que sólo colaboran en hacer más turbios los negocios y “operetas” que se llevan a cabo en la ex-Side.

El decreto 656/16, firmado por Macri en el mes de mayo, esencialmente deroga gran parte de la normativa reglamentaria de la Ley 27.126 de Inteligencia, promulgada a comienzos de 2015 después de la crisis abismal que cruzó a los servicios de inteligencia luego de la muerte violenta del fiscal Alberto Nisman.

El decreto del macrismo va contra uno de los nudos de la anterior legislación que disponía el acceso público a la información sobre el uso de los fondos de la AFI, salvo los recursos destinados a tareas específicas de inteligencia. En el artículo 4 el decreto estipula el secreto sobre organización y funcionamiento del organismo, volviendo sobre la denominada “disciplina del secreto”.

“Agilizar la gestión”

El argumento del decreto para dar por tierra con la obligación de registrar los gastos es la de “agilizar las instancias administrativas usuales de gestión”. El mismo poco convincente argumento con el que el macrismo, mediante otro decreto, les otorga a las Fuerzas Armadas más poder y autonomía.

En el caso de la AFI ya es de público conocimiento que el personal que estaba ligado a Antonio "Jaime" Stiuso y que viene de la dictadura volvió a estar en lo más encumbrado de la inteligencia nacional. Ayuditas de la CIA no han faltado en este caso.

Varias modificaciones más se introducen en el nuevo decreto que regirá a los servicios. Por caso, que se deroga también el aspecto que limitaba la producción de inteligencia únicamente respecto a problemáticas criminales o defensivo-militares relevantes y que toda orden de “producir inteligencia” debía ser aprobada por el Director General a través de una directiva especial.

También se permitía que órganos de control como la Comisión Bicameral de Fiscalización de las actividades de inteligencia supervisaran las tareas de la AFI en un sentido más amplio que el que lo podía hacer históricamente. Eso más allá de que durante el gobierno kirchnerista esa comisión fuera prácticamente un sello vacío ya que casi nunca supervisó nada.

Saben pero no contestan

Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, director y subdirectora de la AFI respectivamente, defendieron estos y otros cambios que una vez conocidos fueron cuestionados por estos días por parte del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Memoria Activa y la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (Iccsi).

Arribas, amigo del presidente, comprador y vendedor de jugadores de fúltbol y Majdalani, exfiadora de Menen en causas de corrupción están decididos a llevar el secreto de la AFI al extremo.

El CELS y Memoria Activa son peticionarias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso donde el Estado argentino reconoció en 2005 su responsabilidad internacional en la irregular investigación del atentado contra la AMIA.

En una nota al Jefe de Gabinete Marcos Peña esos organismos pretendieron saber “cuál será la política que esta gestión adoptará frente a la exigencia de transparentar la actividad de inteligencia y desclasificar información que no se relacione con cuestione operativas que requieran del secreto por razones de seguridad”.

La nota fue enviada a Peña el 18 de mayo, es decir hace casi un mes. Pero el jefe de Gabinete hasta el momento no respondió.

Poco cambio y mucha continuidad

Pese a las modificatorias introducidas durante la gestión anterior, crisis Stiuso/Nisman mediante, el kirchnerismo había profundizado la inteligencia del Estado depositando la tarea centralmente en el Ejército. Por eso colocó al frente de esa Fuerza Armada a César Milani, acusado e impune por su participación en el genocidio.

También quedó al descubierto en 2012 el Proyecto X, un arma de infiltración en el movimiento obrero y la militancia social llevado adelante por la Gendarmería Nacional al mando de Nilda Garré.

Y sostuvo durante más de una década un cuerpo de cerca de 1.000 agentes secretos de la Policía Federal, que aún hoy cumplen esas funciones.

El kirchnerismo ya no gobierna pero gran parte de eso, si bien puede haber pasado al recuerdo, sigue formando parte de los recursos del Estado en materia de servicios de inteligencia.

Con transparencia o no, los servicios dedican gran parte de su tiempo y recursos a investigar, perseguir y criminalizar a quienes ponen en cuestión el orden “natural” de la explotación y la opresión capitalista.

La demanda y la lucha porque sean disueltos todos los que espían al pueblo trabajador sigue más vigente que nunca.







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