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Red Internacional

NACIONAL.Macri, la lucha contra el narcotráfico y la cuestión securitaria

En la perspectiva de aplicar un brutal ajuste, el gobierno de Macri apostó por otra vuelta de tuerca de políticas securitarias, aunque bajo nuevas formas. El derecho a la seguridad como imperio de la propiedad.

Domingo 10 de abril de 2016 | Edición del día

El protocolo de actividades policiales para regular la protesta social fue sólo el adelanto. Tras la gira de Obama, el macrismo firmó acuerdos con Washington que pusieron de relieve la doctrina de la lucha contra el narcotráfico, expresada en la colaboración entre el Ministerio de Seguridad Nacional y las agencias de inteligencia (CIA, NSA), la capacitación de las FF.SS. en las escuelas de la DEA y el FBI y el incremento de efectivos de las FF.AA. en las misiones de la ONU, que incluye el reequipamiento de la flota de aviones. Con esta proyección Macri sancionó el Decreto 228/2016 de Emergencia de Seguridad Pública, que autoriza la disposición de todos los resortes financieros y materiales para fortalecer el poder represivo del Estado, bajo la presunta “situación de peligro colectivo”.

Así, el macrismo apunta a recomponer la jerarquía en el aparato represivo del Estado: las recientes amenazas de autoacuartelamiento de la Bonaerense, la triple fuga de enero que dejó en evidencia la complicidad del Servicio Penitenciario, el descontrol de los servicios de inteligencia detrás la dudosa muerte del fiscal Alberto Nisman, los autoacuartelamientos de las policías provinciales que impulsaron saqueos (diciembre de 2013) y el motín de prefectos y gendarmes bajo la forma de una huelga reivindicativa (octubre de 2012) constituyen severos elementos de descomposición estatal que la derecha se propone enmendar para imponer una nueva tasa de explotación sobre los bolsillos de los trabajadores. El plato picante tiene el aderezo de un proyecto de reforma judicial (Plan Justicia 2020) para combatir el “crimen organizado”, según los lineamientos del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, financiado por el Banco Mundial, que desde 1977 asesoró a la dictadura genocida bajo las órdenes de Jaime Smart.

Previsible, la crítica del amplio abanico del progresismo que suscribe el Acuerdo por una Seguridad Democrática (la doctrina de Estado que cimentó la creación del Ministerio de Seguridad en 2010, tras la ocupación del Parque Indoamericano, producto de la falta de vivienda) rechazó el rumbo del macrismo. Bajo el leit motiv de terminar con el “autogobierno policial” a través del “control civil” y el “uso racional de la fuerza”, el kirchnerismo fortaleció a las FF.SS. y su accionar represivo contra los trabajadores, elevó a números récord la cantidad de efectivos y los casos de gatillo fácil, sostuvo genocidas como Milani y trogloditas como Casal, Berni y Granados, apoyó la declaración de emergencia en seguridad del ex gobernador Scioli e intentó sancionar un proyecto antipiquetes. Después de las llamadas “leyes Blumberg” y el paquete de leyes antiterroristas, esas semillas germinaron las bases para que la derecha levante la cabeza.

EE.UU. y la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo

Con la guía que orienta la lucha contra el narcotráfico, el macrismo compró el kit completo de EE.UU. La designación de María Talarico, segunda jefa al frente de la Unidad de Información Financiera, adelanta su propósito. Talarico fue abogada defensora de los directivos del banco HSBC, con infinidad de denuncias por lavado de dinero.

Uno de los puntos nodales de esta doctrina supone la fusión entre seguridad interior y defensa. En esta dirección, el proyecto de ley de derribo resulta polémico por dos razones: adelanta la pena de muerte sin juicio previo y concede facultades extraordinarias de seguridad interior a las FF.AA., que rompen el consenso post dictadura acordado entre el PJ y la UCR sobre las leyes de Defensa (1988), Seguridad Interior (1992) e Inteligencia Nacional (2001). De prosperar, un nuevo consenso reaccionario violaría la línea roja entre seguridad y defensa y encaminaría sus pasos a restaurar el poder de fuego de las FF.AA., perdido tras la caída de la dictadura y la defunción del partido militar.

En ciernes a la declinación de la URSS, en 1989 EE.UU. utilizó por primera vez la lucha contra el narcotráfico para sostener la invasión militar a Panamá. El gobierno de Ronald Reagan ya había enarbolado la lucha contra el terrorismo en tanto amenaza a EE.UU., extensiva al resto del orbe, a partir de la revolución iraní en 1979. Pero este curso adquirió una forma más acaba después de los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono. El correlato del Comando Sur de EE.UU. dejó su huella en la prescripción del narcotráfico y el terrorismo como las “nuevas amenazas” a la seguridad que azotan América Latina, ilustrando los ejemplos de Colombia y México.

Financiado por EE.UU. con U$ 10 mil millones, el Plan Colombia fue un salto cualitativo para blindar el Estado colombiano con el incremento de su capacidad bélica, en desmedro de millones de campesinos, obligados a migrar de sus tierras originarias. El legendario Pablo Escobar Gaviria se transformó en enemigo público del Estado colombiano recién cuando terminó su sociedad con la CIA, a la que aportaba el financiamiento de las milicias contra para debilitar al gobierno nicaragüense del Frente Sandinista. Los “daños colaterales” de la guerra contra las drogas son comunes a México, con cientos de miles de muertos y desaparecidos. Para el país azteca el narcotráfico era una cuestión de Estado, basada en acuerdos explícitos de producción y exportación a EE.UU. Sin embargo, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) introdujo un punto de inflexión cuando exigió a los cárteles multiplicar de forma astronómica los sobornos, haciendo del Estado un coto de caza de la renta narco, apoyado sobre una reforma judicial reaccionaria que habilitó un impresionante aparato represivo.

En 2012, el GAFI estimó entre 1,2 y 3,1 billones de dólares (5% del Producto Bruto Internacional) las ganancias provenientes del narcotráfico, concentradas esencialmente en EE.UU., Canadá y la UE. Irónicamente, los países centrales trasladan la lucha contra el narcotráfico a los países de la periferia semicolonial en connivencia con las burguesías nativas.

En la senda de Giorgio Agamben, Pilar Calveiro describe como una tendencia internacional ciertas transformaciones en los estados “a través de dos grandes combates, definidos como guerras, la ‘guerra antiterrorista´ y la ‘guerra contra el crimen’. Una y otra habilitan el escenario bélico que requieren las dominaciones autoritarias, facilitando las formas más radicales de violencia represiva”. Así la acción de guerra se funde con la acción policial para encubrir “formas de la violencia estatal que se dirigen principalmente contra excluidos y disidentes” (1). Después de la ofensiva neoliberal, que segó derechos adquiridos de los viejos estados benefactores de post guerra, las clases dominantes levantaron la bandera de la securitización de las sociedades, extendiendo el concepto de seguridad pública a “prácticamente la totalidad de las acciones del Estado” (2), de manera tal que su derivación criminaliza los problemas sociales y políticos, y por ende todo derecho a la protesta.

Esa bandera encubre nuevas formas de control social mediante el creciente papel de las redes de telecomunicaciones y la promulgación de nuevas legislaciones antiterroristas bajo el modelo del Acta Patriótica, basadas en figuras de excepción que potencialmente suspenden las garantías del estado de derecho. Estas modificaciones tienden a reconfigurar el aparato represivo del Estado con el desarrollo extraordinario de las instituciones de inteligencia y espionaje interior en pos de optimizar el rendimiento del poder punitivo.

El derecho a la seguridad pública

Genuino representante de las clases más acaudaladas, el macrismo también es la expresión de las clases medias reaccionarias que en su afán de conservar su pequeña propiedad (permanentemente amenazada por el capital) acusan a las franjas más pauperizadas de sus males. La difusión del miedo que adquiere la campaña permanente por seguridad está focalizada en la criminalización de la pobreza y la estigmatización racista de los jóvenes plebeyos de los barrios más humildes del conurbano, que forman las franjas más vulnerables de la clase trabajadora, enteramente ajenas a la vida de los sindicatos. La campaña estriba en separar los “derechos de los ciudadanos de los delincuentes”, en tanto, veladamente, auspicia en sus picos de auge una Ley del Talión ampliada (oleada de linchamientos en abril de 2014), que desafía incluso el derecho burgués.

En su Artículo 2, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclama como derechos imprescriptibles la igualdad, la libertad, la seguridad y la propiedad. Al respecto Karl Marx señalaba que “la seguridad es el supremo concepto social de la sociedad burguesa, el concepto de policía, según el cual la sociedad existe sola y únicamente para garantizar a todos y cada uno de sus miembros la conservación de su persona, de sus derechos y de su propiedad… El concepto de seguridad no quiere decir que la sociedad se sobreponga a su egoísmo, la seguridad es, por el contrario, el aseguramiento de ese egoísmo” (3).

De ese modo, la seguridad, la igualdad y la libertad resultan “monadas” subsumidas a la propiedad privada de los medios de producción y cambio, la síntesis del “hombre egoísta” (4) que constituye el principio intangible de la sociedad burguesa en la letra de constitución jacobina de 1793, la más radical de las constituciones burguesas.
El sentido común difundido por los medios ilustra que el derecho a la seguridad es ahistórico y natural, “ni de derecha ni de izquierda”. Contra toda naturalización, el derecho a la seguridad pública es un elemento constitutivo de la sociedad burguesa que emergió en un determinado estadio del desarrollo histórico de las fuerzas productivas, cuando “la división del trabajo produce la separación entre la producción y el cambio y la formación de una clase especial de comerciantes” (5) (anteriormente los artesanos eran también comerciantes), que establecen relaciones comerciales con otras ciudades. Los mercaderes viajaban en caravanas custodiadas por hombres armados. El incremento del intercambio comercial entre las ciudades impuso la necesidad de un cuerpo de hombres profesionales para defender los intereses de las nuevas clases propietarias en ascenso, que reclamaban la protección de las autoridades de los burgos.

La disgregación del régimen de servidumbre y el desarrollo de la manufactura generaron la expulsión de los siervos, el licenciamiento de los viejos ejércitos y la transformación de las tierras de labranza en pasturas, dando a luz legiones de campesinos vagabundos que sobrevivían de la mendicidad. Enrique VIII envió a la horca a más de 72 mil mendigos e introdujo una legislación sanguinaria, elementos que constituyeron las primeras medidas securitarias del Estado burgués en formación en aras de los intereses de las nuevas clases propietarias.

Derecho de propiedad y derechos consuetudinarios

Candidato a la Corte Suprema a propuesta del macrismo, el juez Carlos Rosenkrantz sostiene que el derecho de propiedad tiene primacía sobre los derechos humanos, que resultan un “préstamo autoritario” del “derecho extranjero”, una sentencia acorde a sus amigos de los grupos Clarín y Ledesma.

En su transición de la democracia liberal al socialismo, Marx reflexionó sobre el robo de madera de los campesinos alemanes y la violación del “derecho de propiedad” como resultado del “pauperismo rural”. Aún bajo el influjo de Hegel (y en abierta oposición a los neohegelianos), reivindicaba los “derechos consuetudinarios” de las masas pobres, asimilados por la costumbre. Sin embargo impugnaba los mismos a las clases propietarias feudales, contrarias al “derecho positivo” y “racional”. Los derechos consuetudinarios de los desposeídos estaban inscriptos en el antiguo derecho germánico, que a diferencia del derecho burgués se apoyaba en el carácter “hibrido” e “indeciso” de la propiedad feudal, “que en ultima instancia no le confería francamente un carácter de propiedad privada ni tampoco de propiedad común, uniendo derecho privado y derecho publico tal como lo encontramos en todas las instituciones medievales” (6).

Daniel Bensaid observaba que “la integración de la madera al circuito de puesta en valor mercantil vuelve indisociables su valor de uso y su valor de cambio”, de modo tal que el derecho de propiedad rige por sobre el derecho de los derechohabientes, dando lugar a “nuevas formas de delincuencia y criminalidad social” (7). La sociedad capitalista en formación cuestionaba “la vigencia de las practicas consuetudinarias del derecho de uso agrario” (8). Los derechos de uso feudales contemplaban el derecho de pastoreo (de paso y de pasto) y el derecho de explotación en los bosques, derechos suprimidos con en el cercamiento de las tierras comunales. Así, las prácticas consuetudinarias del derecho de uso fueron suprimidas y criminalizadas por un nuevo sistema jurídico basado en el individualismo, que recogía la huella del derecho privado contenido en el viejo derecho romano. El fin del régimen de servidumbre disolvió las formas hibridas de propiedad y termino con el “doble derecho privado, el del propietario y el del no propietario” (9).

En la Revolución Francesa la primera milicia creada por la burguesía tenía dos funciones, enfrentar a las fuerzas de la monarquía y garantizar el orden contra el pillaje de las masas urbanas hambrientas, que poco después nutrieron el músculo que aplastó a la aristocracia y la contrarrevolución. Esa paradoja se expresó en los niveladores ingleses y los jacobinos franceses, las fracciones más radicales de las revoluciones burguesas, que defendían los derechos consuetudinarios de las masas pobres, en tanto derechos de existencia, a pesar de defender a ultranza la propiedad privada.

Sobre la supresión de las prácticas consuetudinarias, la consumación del derecho a la seguridad pública explica la génesis de la policía, surgida en el régimen del Consulado tras el golpe de Estado del 18 Brumario (9 de noviembre de 1799), que cerró el ciclo revolucionario francés encendido durante diez años en función de las aspiraciones de orden de la alta burguesía. Bajo la dirección del jacobino Fouché, esa institución adquirió su fisonomía actual, especializada particularmente en inteligencia y contrainteligencia contra opositores políticos.

Una claudicación a las clases medias reaccionarias

Afín a la necesidad de acumulación, el capitalismo es incapaz de absorber a toda la población en la producción de bienes y servicios. Esa naturaleza genera una “población obrera sobrante” o “ejercito industrial de reserva” (10) que sirve al capital para regular el precio del salario como herramienta de presión sobre los trabajadores en actividad. A grandes trazos, la población sobrante está compuesta por dos sectores, uno que rota en el mercado laboral sobre la precariedad y otro empujado a la marginalidad y el delito, del cual las clases dominantes seleccionan el personal que forma las instituciones represivas para garantizar el orden y la reproducción del sistema.

León Trotsky señalaba que la estrategia de los socialistas revolucionarios es “el problema fundamental del programa”, el que no puede sino resultar de “la experiencia viva de nuestra época”, en oposición a “una recopilación de tesis abstractas” que acababan transformándolo en “un documento diplomático” (11). La experiencia histórica demuestra que la policía es una institución enemiga de la clase trabajadora en oposición al idealismo del PO, IS y otros grupos morenistas que la conciben como un sujeto independiente pasible de una transición al socialismo mediante una serie de reformas. Así el programa reniega de la estrategia y termina siendo un “documento diplomático”. Se trata de destruir al Estado burgués, y en particular sus instituciones represivas, a partir de la autoorganización revolucionaria de las masas obreras y populares; todo lo demás es una claudicación a la ideología de las clases medias reaccionarias.

1.- Pilar Calveiro. Violencias de Estado. Siglo XXI editores.
2.- Idem.
3.- Karl Marx. A propósito de la cuestión judía. Ediciones del Signo.
4.- Idem.
5.- Karl Marx. La ideología alemana. Ediciones Pueblos Unidos.
6.- Karl Marx. Debates sobre la ley relativa al robo de madera. La Gaceta Renana nº 298, 300, 303, 305 y 307.
7.- Daniel Bensaid. Los desposeídos. Prometeo.
8.- Idem.
9.- Idem.
10.- Karl Marx. El capital. Tomo 1 Libro 3. Siglo XXI editores.
11.- León Trotski. Stalin, el gran organizador de derrotas. El yunque editora.




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