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Red Internacional

En Lugano las primeras repercusiones del fallo del Tribunal porteño que habilita a la Policía a pedir DNI sin motivos traen más persecución, hostigamiento y criminalización para la juventud.

Luna KerplunkEstudiante de Física | FCEN-UBA | @LunaKerplunk

Sábado 23 de enero de 2016 | Edición del día

Durante los primeros días de enero se anunció el traspaso de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, al mismo tiempo se hacía a conocer el fallo que le vuelve a otorgar facultades a la Federal para que pueda interceptar en la calle, arbitrariamente, a cualquiera que resulte “sospechoso” por portación de rostro, y pedirle que se identifique mediante documento de identidad. En el barrio de Lugano ya se viven las repercusiones del fallo, y la juventud es criminalizada, perseguida y hostigada.

La semana pasada, un grupo de jóvenes que se encontraban conversando en la puerta del edificio 36, del barrio Lugano 1 y 2, fueron interceptados por gendarmes que ostentaban sus largas armas y sus perros. Sin motivo alguno, de manera violenta y prepotente, los revisaron contra la pared y luego les pidieron el DNI. No era la primera vez que estos jóvenes vivían una situación como esta, pero tampoco la última: a los pocos días los volvieron a detener en la calle, a lo que respondieron: “¿Otra vez me revisás?”. ¿Acaso ser joven y reunirse con “los pibes” es delito? Tampoco era el primer episodio que tiene como protagonista a la Gendarmería; a fines de Junio, estudiantes que mantienen la toma de la Escuela de Bellas Artes “Lola Mora” fueron amenazados y agredidos por una docena de efectivos de la Gendarmería Nacional mientras transitaban por las calles del barrio de Lugano. No llegaron a detenerlo, porque intervino la madre del joven marcandoles que estaban cometiendo abuso de autoridad.

Esta imagen nos retrotrae a las razias y requisas policiales de los periodos más nefastos de la historia Argentina, como la última dictadura cívico-militar, y la continuación de esas prácticas hasta el asesinato de Walter Bulacio a manos de la Policía en el año 1991. Caso que dio lugar al fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El fallo que le otorga facultades a la Policía Federal para detener a cualquier persona que resulte, a criterio del policía, “sospechosa”, le da vía libre a dicha fuerza para que profundice su discriminación y persecución contra los sectores más “vulnerables” de la sociedad, es decir jóvenes plebeyos, mujeres que ejercen la prostitución, personas trans e inmigrantes.

Este fallo no se da en cualquier contexto, sino que se da en el marco en que el PRO, con Rodríguez Larreta al frente del gobierno de la Ciudad, acaba de anunciar un convenio con el Gobierno Nacional que permitirá el traspaso de sectores de la Federal, para unificarla con la Metropolitana y darles así mayor poder de vigilancia y de fuego frente al pueblo trabajador. El traspaso fue votado en la legislatura porteña, donde los legisladores del FIT, Patricio del Corro (PTS) y Marcelo Ramal (PO), así como el legislador Fernando Vilardo de Autodeterminación y Libertad, rechazaron el proyecto.

No es de extrañar que el gobierno de la CEOcracia macrista ponga en pie este tipo de medidas que refuerzan el poder represivo del Estado. Son un claro mecanismo de control social. En apenas un mes de gobierno, el Gobierno nacional, a la vez que aplico un feroz ajuste, acompañado de devaluación, tarifazos, y despidos, impulsó un protocolo contra la protesta social y el aumento del control hacia los sectores populares. Las represiones a los trabajadores de Cresta Roja y a los trabajadores municipales despedidos en La plata, asi como la detención de Milagro Sala -un caso serio de criminalización de la protesta social- tienen como objetivo aterrorizar a los trabajadores que salen a luchar.

Mientras el gobierno macrista aplica el ajuste, reprime y criminaliza a la protesta social, y decreta el Estado de Emergencia en seguridad por dos años, el narcotráfico, la trata de personas y el delito organizado siguen operando con impunidad, con complicidad del Estado y las fuerzas represivas. Pero en las calles de los barrios más humildes los pibes están hartos de que la Policía los detenga por el color de su piel, la ropa que visten, o el barrio donde viven. Hartos de tener que llegar de trabajar todo el día, o estudiar, y que los detengan sin motivos, que los traten como delincuentes. Hartos de los abusos policiales. Hartos de ver como la metropolitana se cobra la vida de los Nehuen Rodriguez, como la Bonaerense se cobra la vida de los Luciano Arruga, como la policía cordobesa se cobra la vida de los Ismael Sosa. Hartos de ver morir a otros jóvenes por la maldita policía y el gatillo fácil, que se llevó a 3070 pibes en los últimos 12 años, según informes de la Correpi.

En el mes en el que se cumplen 7 años de la desaparición y muerte de Luciano Arruga, en manos de la Policía Bonaerense, debemos desarrollar un masivo repudio de la juventud y de los sectores populares contra este fallo, y estas prácticas, en nuestros barrios, lugares de estudio y de trabajo. Ante los despidos, la represión y la criminalización: Organicemos la resistencia. Los jóvenes que militamos junto a Nicolás del Caño y Myriam Bregman en el PTS y el FIT en Lugano sabemos que la organización es la mejor manera de enfrentar las miserias que las clases dominantes nos quieren imponer para nuestro día a día.




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