Política

CASO ARRUGA

Luciano Arruga: la autopsia

El lunes 27, especialistas del Cuerpo Médico Forense, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y del Equipo Argentino de Antropología Forense, realizaron la autopsia del cuerpo de Luciano Arruga, hallado enterrado como NN en el cementerio porteño de la Chacarita tras permanecer casi seis años desaparecido.

Rosa D'Alesio

@rosaquiara

Miércoles 29 de octubre de 2014 | Edición del día

Foto: Vierja. Enfoque Rojo

Los peritos buscan determinar cómo murió el adolescente y si el cadáver presentaba lesiones previas. Según lo que consta en la historia clínica del Hospital Santojanni, Luciano fue traslado a ese nosocomio después de haber sido atropellado por un automóvil en la avenida General Paz. Durante la autopsia le extrajeron muestras para una verificación genética de su ADN con el fin de confirmar la identificación. Por las huellas dactilares se pudo confirmar que el cuerpo exhumado es el de Luciano Arruga.

El juez federal de Morón a cargo de la causa, Juan Pablo Salas, es quien ordenó las pericias en el marco de la investigación por desaparición forzada. Busca contar con más información sobre la muerte de Luciano.

La desaparición de Arruga, una historia de complicidades y encubrimientos

Arruga tenía 16 años cuando el 31 de enero de 2009 fue visto por última vez en el Destacamento de policía de Lomas del Mirador. Testigos, detenidos en el lugar, lo vieron esa noche muy golpeado.
Horas después de que no apareciera Luciano, su familia denunció su desaparición, la cual siempre vinculó al accionar de policía Bonaerense.

Lo buscó en comisarías y hospitales, incluso en el Santojanni, donde fue operado por los politraumatismos que presentaba.

Cinco días después su familia, que no cesaba de buscarlo, presentó un hábeas corpus que la justicia rechazó.
Luciano, antes de su desaparición, era detenido sistemáticamente por policías de Lomas del Mirador. La Policía comenzó por ofrecerle dinero y un buen pasar a cambio de que él robara para los uniformados. Le aseguraban zonas liberadas, con la garantía que no iba a ser detenido. Luciano se negó una y otra vez. Quisieron doblegarlo, lo detuvieron en varias oportunidades en el Destacamento de la localidad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza. En una de esas detenciones, el 22 de septiembre de 2008, su hermana, Vanesa Orieta, fue a buscarlo. Ahí escuchó a Luciano gritar cuando estaba siendo torturado. Torturado porque persistía en su negativa a robar para la Policía.

La lucha de la familia no fue en soledad, porque su denuncia sobre lo que ocurrió con Luciano, antes de que fuera desaparecido, es una realidad que viven miles de jóvenes de los barrios populares. Pronto se formó una coordinadora integrada por familiares y amigos, organismos sociales y de derechos humanos, que junto a partidos de izquierda exigieron la aparición con vida de Luciano Arruga. En poco tiempo, y a pesar de que los medios masivos de comunicación no hablaron de su desaparición, como sí lo hicieran con el hijo del falso ingeniero Blumberg, su cara estaría retratada en remeras, banderas y afiches de la juventud. La desaparición de Luciano se convertiría en una bandera de lucha para los jóvenes que sabían que Luciano es un caso entre miles.

La causa

En principio, la causa fue caratulada como averiguación de paradero. A cargo de la investigación estuvieron las fiscales de La Matanza Roxana Castelli y Celia Cejas pero, quienes designaron para la investigación a la Bonaerense, a pesar de las denuncias de la familia.

Peritajes realizados en el patrullero y el destacamento, después de la desaparición de Luciano, muestra sus rastros genéticos. La adulteración de libros de entrada de esa dependencia es otra de las pruebas de que estuvo ahí.
Llevó tres años de lucha conseguir que cambien la carátula a desaparición forzada de persona.

Ocho policías implicados fueron desplazados pero nunca procesados. El Ministro de Seguridad Bonaerense, Alejandro Granados, los restableció en sus puestos.
En febrero de 2013 la causa pasó al fuero federal de Morón.
En abril del 2014 se presenta un nuevo hábeas corpus, en julio fue aprobado.

El 17 de octubre la familia de Luciano junto al titular del CELS, Horacio Verbitsky, en conferencia de prensa, informa que el cuerpo de Luciano fue hallado en el cementerio de la Chacarita, enterrado como NN. Vanesa Orieta, hermana de Luciano, negó la hipótesis del accidente y prometió que continuaría con la investigación hasta llegar a los responsables.

Según lo que consta en los legajos, el joven fue atropellado en avenida General Paz y Emilio Castro, en el barrio porteño de Mataderos, cerca del destacamento policial investigado. Fue trasladado por personal del SAME al Hospital Santojanni porque el conductor dio aviso a la Policía Federal. Horas más tarde, después de la intervención quirúrgica, Luciano fallece.

Según los registros de la necrópolis el cuerpo fue enterrado el 11 de mayo de 2009, después de permanecer en la morgue desde la madrugada del 31 de enero de ese mismo año. La ficha de la autopsia, tres fotos y la información de las huellas digitales del cadáver registrado como NN de Luciano Arruga estuvieron cuatro años ocultos en la marea de fojas y expedientes.

Culpables y cómplices

No hubo negligencia, ni desidia, ni falta de voluntad. Hubo una voluntad de encubrir. Cuando las policías son responsables de estos crímenes, un ejército de cómplices se pone a su disposición. La familia estuvo en el Hospital Santojanni, fue a buscarlo a la morgue judicial. Golpeó puertas. Se entrevistó con el gobernador Daniel Scioli y pidieron hacer lo mismo con la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, quien después de un par de meses respondió que no, porque no se trataba de un caso de desaparición de persona. Las pruebas periciales incriminaban a la policía de Lomas del Mirador pero ninguno de estos dos mandatarios hizo algo a favor de conocer qué había ocurrido con Luciano. El gobernador no respondió a ninguna de las peticiones de la familia, en primer lugar, la separación inmediata de la fuerza de todos los policías del ex Destacamento de Lomas del Mirador, en segundo lugar, el acompañamiento político para acelerar el cambio de carátula de averiguación de paradero a desaparición forzada de persona, así como el enjuiciamiento a la primera fiscal a cargo, Roxana Castelli, quien (entre otras gravísimas negligencias) ordenó la investigación a la policía. Scioli sólo se ocupó de derivar el caso a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Guido Carlotto.

A pocos días de que se conociera la aparición del cuerpo de Arruga, el gobierno bonaerense, a través de su vocero Jorge Telerman, emitió un comunicado en el que manifestaba: "Hacemos llegar nuestra solidaridad con los familiares de Luciano Arruga y el deseo de que el hallazgo del cuerpo de Luciano ayude a mitigar el dolor de la muerte, luego de los dolorosos episodios sucedidos en la Capital Federal". Para el gobierno bonaerense los hechos sólo ocurrieron en la Ciudad gobernada por Macri. Por su parte Cristina de Kirchner eligió el silencio frente a la aparición del cuerpo de Luciano, después de que se negara a colaborar con la familia.

El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, se refirió a la aparición del cuerpo diciendo: “es un tema que parece más hospitalario que otra cosa”. Mientras que el vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, prefirió recibir a Vanesa Orieta y familiares, ante quienes se comprometió a impulsar el enjuiciamiento de las fiscales de La Matanza Roxana Castelli y Celia Cejas Martín y el juez de Garantías Gustavo Banco.
Por su parte el diputado bonaerense del PTS en el FIT, Christian Castillo, quien siempre denunció que la Policía era responsable y junto a su partido estuvo peleando con la familia de Arruga desde su desaparición, hoy presentará un pedido en la Cámara de Diputados para que se presenten dos de los responsables políticos: el ministro de Justicia de la Provincia Ricardo Casal, y el ministro de Seguridad Alejandro Granados, para que informen sobre las responsabilidades por acción u omisión que les competen en la desaparición de Luciano Arruga y la identificación de su cuerpo cinco años y ocho meses después, enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita.

La aparición sin vida de Luciano Arruga dejó al descubierto una serie de responsabilidades políticas por parte de las fuerzas policiales, la Justicia y el Estado provincial respecto de su desaparición. Como así las responsabilidades del gobierno de Mauricio Macri, ya que el SAME, el Hospital Santojanni, la morgue judicial y el cementerio de la Chacarita dependen del gobierno de la Ciudad.

El caso Arruga cuestiona abiertamente las políticas de seguridad, que concluyen con la saturación de policías y distintas fuerzas represivas en los barrios más populares. Como denuncia Vanesa Orieta, el reclamo de mayor seguridad resulta ser la mayor inseguridad para los chicos humildes. Las denuncias constantes contra la policía del gatillo fácil y del manejo del gran delito, como el narcotráfico, las redes de trata y de prostitución y el reclutamiento de jóvenes en situación de vulnerabilidad, para utilizarlos como mano de obra de estos negocios criminales, confirman las denuncias de Vanesa.







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