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JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA.Lucha contra la corrupción sí, casta judicial y persecución política no

Lázaro Báez fue condenado a doce años de prisión por lavado de dinero producto de la corrupción. Pero los jueces que juzgaron difieren respecto al origen de esos fondos. La oposición de derecha festeja este nuevo triunfo del lawfare al tiempo que calla sobre la corrupción macrista. La lucha en serio contra la corrupción no es por esta vía.

Jueves 25 de febrero | 08:30

Este miércoles por la tarde el empresario Lázaro Báez fue condenado a doce años de prisión por el delito de lavado de dinero. La condena no solo lo alcanzó a él sino a sus hijos y a otros implicados.

El fallo -dictado de manera dividida por el Tribunal Oral Federal N° 4- halló culpable al empresario de Santa Cruz por lavar millones de dólares provenientes de la comisión de delitos. Se trata, según la sentencia, de U$D 55 millones que circularon por diversos paraísos fiscales.

Hay que recordar que Báez construyó una enorme fortuna en pocas décadas. Cercano desde siempre a Néstor y Cristina Kirchner, en algunos años se convirtió en un importante empresario de la construcción que terminó ligado a múltiples acuerdos por la obra pública con el Estado nacional y el Gobierno santacruceño.

Los negociados con la obra pública son una constante en la política nacional desde hace décadas. La llamada "patria contratista" existe y existió bajo todos los Gobiernos, más allá del signo político. En el listado de apellidos patronales se pueden marcar algunos como Calcaterra, Macri, Bulgheroni y hasta Rocca, entre muchos otros. Todos impunes.

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Apenas conocida la sentencia, la derecha mediática y política se lanzó a un furioso festejo y a una -aún más furiosa- campaña por ligar esta condena a Cristina Kirchner.

Desde hace años la hipótesis de un sector de la casta judicial es que la fortuna de Báez se construyó a partir del pago de sobreprecios en la obra pública realizado en distintas concesiones por parte de la vicepresidenta cuando ejerció la titularidad del Poder Ejecutivo. De hecho, la causa se popularizó como “la ruta del dinero K”, como la denominaron los grandes medios como Clarín o La Nación.

Sin embargo, en el fallo que se conoció ayer hubo diferencias entre los jueces del Tribunal acerca del origen de los fondos. La jueza Gabriela López Iñiguez, en disidencia con Néstor Costabel y Adriana Palliotti, consideró que la fuente del dinero lavado era la cometida por Báez contra el fisco y no los sobreprecios de la obra pública.

Los fundamentos del fallo no se conocen por el momento. Allí deberían estar explicadas las decisiones del tribunal. Sin embargo, el fallo dividido ya adelanta un elemento: no está categóricamente probado el origen del dinero que Báez lavó y fugó.

La derecha aprovecha la corrupción realmente existente para construir una agenda política. Mientras critica los negociados ocurridos en los años kirchneristas, guarda un potente silencio sobre las causas de corrupción que alcanzan al macrismo y a quienes fueron parte de la gestión de Cambiemos entre 2015 y 2019.

La euforia de la derecha tiene una explicación política: el intento de avanzar, apelando a sectores de la casta judicial, contra Cristina Kirchner. Es decir, apelar al lawfare para intentar complicar la situación política del oficialismo y de la misma vicepresidenta.

Detrás del festejo de la derecha se esconde una operación política similar a la que hemos visto muchas veces en América Latina, donde el Poder Judicial actúa como puntal de un ataque a las libertades democráticas que consiste en la persecución y eventual proscripción de las figuras políticas que no se subordinan completamente a los intereses del gran capital. El ejemplo de Brasil -donde está quedando al desnudo la enorme operación montada con el Lava Jato- muestra ese rol con claridad.

Demás está decir que esa casta judicial que hoy ataca al oficialismo no nació en los años de Macri. Muy por el contrario, en sus doce años de Gobierno, el kirchnerismo convivió y pactó con estos sectores, dejando intacto el poder de jueces y fiscales. Una casta judicial, poblada de privilegios, que juzga y decide siempre en contra de los intereses de las mayorías populares. Que mantiene un esquema misógino y patriarcal, que da vía libre a crímenes brutales contra los femicidios.

Ni entre 2003-2015 ni desde el 10 de diciembre de 2019, el peronismo gobernante hizo nada serio para enfrentar el poder real de esa casta. Las consecuencias están a la vista.

Así como el kirchnerismo no puede argumentar que todos "sus" presos son políticos, el macrismo no puede usar la corrupción ajena para justificar todo tipo de persecución política en acuerdo con jueces y discales adeptos.

El sistema judicial imperante, con una casta de funcionarios que cobran como reyes y fallan según sople el viento político, no es garantía de justicia desde ningún punto de vista. Además de defender el status quo, esos jueces y fiscales, sobre todo los de fuero federal que toma los casos de corrupción y otros delitos del poder, actúan con total discrecionalidad tanto en cuando condenan como cuando garantizan impunidad.

La cosa, entonces, no se arregla cambiando un juez "impresentable" por otro "sobrio y serio". El Consejo de la Magistratura mismo es una institución inútil que solo perpetúa un sistema injusto e injustificable.

La única garantía para ir a fondo contra la corrupción y hacer justicia sobre quienes se aprovechan de los recursos públicos para fines privados, es pelear por la generalización de los juicios por jurados, la elección popular de jueces y fiscales, terminar con sus privilegios, disolver todos los órganos de espionaje político y derogar la legislación reaccionaria utilizada para criminalizar al pueblo trabajador.

Todo eso en la perspectiva de terminar con esta Justicia de clase y el sistema que la sostiene, donde miles de hijos de los sectores populares pueblan las cárceles mientras los ricos delinquen a gusto y piacere.




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