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Red Internacional

Lo resolvió la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña, que revocó el procesamiento de Micaela Fariña y Lorena Miño y les dictó la falta de mérito.

Miércoles 12 de enero | 21:32
Foto: Lucas González, joven asesinado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña ordenó la libertad por falta de pruebas de las dos policías de la Ciudad detenidas por el encubrimiento del crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado a balazos en noviembre pasado en el barrio de Barracas, y mantuvo los procesamientos de otros cuatro miembros de esa fuerza de seguridad.

En un fallo de 17 páginas al que accedió Télam, la Sala IV de dicha Cámara, integrada por los jueces Alberto Seijas, Julio Lucini y Mariano Scotto, revocó el procesamiento de Micaela Fariña y Lorena Miño, dictó la falta de mérito "para procesar o sobreseerlas" y ordenó sus inmediatas libertades.

En primera instancia, estas dos policías habían sido procesadas con prisión preventiva junto a los efectivos Roberto Inca, Héctor Cuevas, Fabián Du Santos y Juan Romero.

Todos fueron imputados como coautores del delito "de falsedad ideológica y encubrimiento agravado por la condición de funcionario público por ser el delito precedente especialmente grave", y en el caso de los cuatro primeros también se los acusó de "falso testimonio", todos en concurso ideal.

A su vez, la Cámara confirmó los procesamientos de Inca, Cuevas, Du Santos y Romero "sin perjuicio de la calificación que en definitiva corresponda".

Se trata de la misma Sala que ya confirmó la prisión preventiva para los policías Gabriel Isassi, Juan Nieva y Fabián López, imputados de cometer el homicidio de Lucas y la tentativa en perjuicio de los tres amigos del adolescente asesinado.

En tanto, por el caso también permanecen procesados y detenidos por el encubrimiento del crimen el comisario inspector Daniel Santana, el comisario Rodolfo Ozán, el subcomisario Ramón Jesús Chocobar, y los oficiales Sebastián Baidon, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arévalos y Daniel Rubén Espinosa.

"Es posible sostener, prima facie, la responsabilidad de Roberto Orlando Inca, Héctor Claudio Cuevas, Alberto Du Santos y Juan Horacio Romero en los hechos, pues conscientes de la ilegalidad del procedimiento que protagonizaron Isassi, Nieva y López, su actuación se enderezó con un claro rumbo a la alteración de la escena del crimen y con el preciso objetivo de encubrir el delito cometido, ayudando de ese modo a sus protagonistas a eludir la ley", sostuvo la Cámara en su fallo de hoy.

Respecto de Miño y Fariña, los camaristas recordaron que al dictar el procesamiento de ambas, el magistrado de primera instancia "ponderó que fueron las primeras en llegar al lugar, que los menores les pidieron auxilio atemorizados y en estado de shock, todo lo cual no se compadecía con el hecho de enfrentamiento anunciado" por los otros efectivos.

A su vez, en su apelación, las defensas alegaron que "la actuación de las funcionarias se ciñó al cumplimiento de su deber, en lo que a la aprehensión inicial de los jóvenes refiere" y que "inmediatamente después se abocaron al resguardo del perímetro".

Para la Cámara, "la prueba recabada al menos hasta el momento no permite afirmar con convicción, a diferencia de lo sucedido con Cuevas, Inca, Du Santos y Romero, que estuvieran en conocimiento de lo realmente ocurrido y del plan urdido posteriormente por ellos y que así sus acciones -aprehender a los jóvenes y realizar el resguardo de la zona- estuvieran dolosamente dirigidas a colaborar en el teatro urdido".

Y agregaron que "no se vislumbra ni ha sido ponderado ni alegado por las partes, la existencia de una comunicación que las relacione con el despliegue realizado por sus coimputados, ni que permita afirmar que hayan tenido el conocimiento que ellos sí tenían de que no había ocurrido un enfrentamiento armado como se había informado instantes antes".

El asesinato de Lucas (17) sucedió cerca de las 9.30 del 17 de noviembre último, cuando la víctima y tres amigos de su misma edad salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Ciudad sin patente ni signos de ser policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar.

De acuerdo con las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos.

Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impactó en la cabeza de Lucas, quien horas más tarde murió.

Cada avance en esta causa, sin dudas es fruto de la movilización callejera en busca de justicia por la vida arrebatada de Lucas González. Pero aún quedan los responsables políticos del gobierno de la Ciudad, que promueven un “control social represivo” sobre la juventud en los barrios por medio del miedo y la persecución; en un contexto social y económico crítico.

Lo denuncian los mismos jóvenes que se movilizan contra el gatillo fácil: “la brigada actúa siempre de civil, nos persiguen por tener una gorrita y amedrentan todo el tiempo por ser morochitos. No queremos terminar asesinados como Lucas”.

No está demás repudiar también a los funcionarios y políticos que en campaña pedían mano dura y bajar la edad de imputabilidad, como los Espert, Bullrich y Berni con discursos que envalentonan a la policía.




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