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Red Internacional

Crisis sanitaria y social.Los usos políticos de la segunda ola, la grieta y la espalda a las necesidades de las mayorías

El fuego cruzado durante la semana entre oficialismo y oposición, por las nuevas restricciones sanitarias y la presencialidad escolar en el AMBA, tiene su fin cuando desde ambos lados de la grieta se ignoran las necesidades reales de las mayorías y no implementan medidas estructurales para combatir la pandemia y la crisis social.

Viernes 16 de abril | 20:02
Foto: Télam

El debate reflejado por los principales medios de comunicación que tuvo lugar durante toda la semana entre el oficialismo y la oposición en torno a la posibilidad de nuevas medidas de restricción y la posibilidad de la suspensión de la presencialidad en las escuelas, aumentó su tensión durante los últimos tres días de la misma.

Los anuncios de Alberto Fernández desde la Quinta de Olivos el miércoles por la noche concretaron algunas cuestiones previstas como un aumento en las restricciones a la circulación ciudadana, pero también otras que mostraron el nivel de falta de planificación, improvisación y diferencias al interior del núcleo del gobierno, como lo fue el anuncio de las suspensión hasta el 30 de abril de la presencialidad en las escuelas. Una medida que sorprendió a muchos ya que desde el gobierno nacional, con Trotta como su principal vocero en ese tema, se sostenía hasta ese momento que millones de niños, madres, padres y trabajadores de la educación circulando a través de medios de transporte abarrotados, no eran una variable importante en el marcado aumento de casos que se registran durante las últimas semanas.

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Ni bien finalizó el discurso que informaba las nuevas medidas para intentar contener la segunda ola, se hicieron escuchar cacerolas en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, por lo general en aquellos más “pudientes”. Al día siguiente manifestantes se concentararían en la Quinta de Olivos para reclamar por su “libertad individual” de poder circular. A la par los referentes de Juntos por el Cambio utilizaron sus redes sociales y los medios de comunicación amigos para mostrarse (poco creíblemente) preocupados por la escolaridad presencial de “los chicos”.

De demagogia y usos políticos de la crisis social

Por su parte desde el oficialismo, con Axel Kicillof a la cabeza, no se demoraron en salir a responder a la oposición derechista y en particular a el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, quien este viernes presentó un pedido de inconstitucionalidad a la Corte Suprema por la suspensión de las clases en las escuelas. En una conferencia de prensa de casi una hora, el gobernador bonaerense se encargó de mostrar lo mal que estaba la Ciudad en términos sanitarios y lo supuestamente bien de las medidas y la administración de la pandemia por parte de su administración.

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Pero ni la una, ni la otra. Nadie mínimamente informado puede dudar de la demagogia y el uso político por parte de los referentes de Juntos por el Cambio alrededor de “la educación de los chicos” y las “libertades individuales”. Ese espacio político no puede hablar de educación mientras desde su gobierno se atacó sistemáticamente a la educación pública, a la organización de los docentes, las vacantes y la alimentación de calidad en los colegios de los pibes, entre muchas otras cosas, con represiones a manifestaciones docentes mediante.

De parte del gobierno nacional, que desde el miércoles trata de justificar la importancia de suspender la presencialidad escolar para contener los contagios luego de haber desoído y ninguneado los reclamos por parte de los trabajadores de la educación (quienes incluso tuvieron que lamentar la muerte de dos compañeros en la región del AMBA desde la reapertura), se muestra una total falta de planificación, previsión y mucho de improvisación y giros que contradicen sus propias posiciones públicas de un día para el otro, incluso en cuestión de horas.

En tanto Rodriguez Larreta se carga de forma hipócrita la bandera de la educación de los chicos, Kicillof aprovecha para responder y abonar a la grieta política entre esas dos fuerzas políticas mayoritarias en un año electoral, pero que coinciden plenamente en darle la espalda a las mayorías trabajadoras empobrecidas, mientras, por si fuera poco, la apuntan individualmente por los contagios.

Sin grieta para defender los intereses de unos pocos

Entre el oficialismo y la oposición no hay grieta a la hora de defender los intereses económicos de la clase social minoritaria que acumula riquezas mientras millones se hunden cada vez más en la miseria, los empresarios. Larreta, por su lado, muestra oposición a la restricción horaria para los comercios y el sector gastronómico. Su preocupación por la “libertad de circular” es en realidad un preocupación porque los empresarios no vean reducidas sus ganancias.

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Mientras tanto desde el gobierno se le da cobertura a esa misma minoría: el propio presidente, tanto en su anuncio nocturno del miércoles como en sus declaraciones de este viernes luego de su reunión con Larreta sigue insisitiendo con la “responsabilidad individual” de los ciuidados y las reuniones sociales, con el fin de cubrir y ocultar la responsabilidad de las patronales que presionan para que la actividad económica siga a pleno, sin cumplir con los protocolos en sus establecimientos, sin garantizar el transporte privado de sus empleados y tratando de negar lo más posible las licencias a quienes la necesitan por ser contacto estrecho o población de riesgo. Pero la insistencia en la responsabilidad individual la acompaña en sus discursos con un argumento que podría llamarse “negacionista”: “los contagios no se producen en las fábricas”. Sin mucho más para decir, están los casos de Toyota de Zárate con 100 infectados en tres días y Volkswagen, con más de 200 trabajadores contagiados con covid. ¿Esos cientos de contagios son por la “responsabilidad individual” de ir a sus trabajos que el propio gobierno habilita a funcionar?

Responsabilidad estatal en las medidas que se toman

Por lo visto tampoco hay grieta en las prioridades económicas. El gobierno nacional aprobó un presupuesto de ajuste para este año, con el objetivo de hacer los deberes demandados por el FMI. El recorte general en gastos sociales y en la Salud no son menos que criminales en el actual contexto de una segunda ola de pandemia con nuevas variantes más contagiosas del virus incluidas. La eliminación del IFE, que de por sí era un ingreso insuficiente en una Argentina con el 42 % de pobreza y una inflación interanual del 42,6 % y el recorte presupuestario de casi el 12 % en términos reales en Salud son un golpe directo a las condiciones y la vida misma de millones de familias.

La segunda ola que golpea al país (tal como lo “advertían” meses atrás los países europeos) lo hace con un sistema de Salud al que si bien se le incorporaron camas de cuidados intensivos (UTI), continúa siendo totalmente débil y deficiente a falta de un plan y una inversión estructural que sólo puede hacerse con una partida presupuestaria que lo ponga como prioridad. El personal de la Salud al que tanto se saluda simbólicamente, continúa mal pago, con insumos de protección escasos, con jornadas extenuantes y la necesidad de tener como mínimo dos trabajos para llegar a un salario que permita vivir.

Hay medidas que son necesarias y ineludibles si lo que se busca realmente es enfrentar la grave situación sanitaria y social. Entre ellas, la centralización del sistema de salud, o la declaración de utilidad pública de los laboratorios que puedan producir la vacuna, como la compañía mAbxience, la cual produce el principio activo de la vacuna de AstraZeneca (y de la cual el Estado argentino no recibió ninguna a pesar del acuerdo firmado y de haber pagado el 60 % por 22,4 millones de dosis), son medidas urgentes que son reclamadas por cientos de personalidades y organizaciones del ámbito sanitario.

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El reciente bono anunciado de $15.000 para los beneficiarios de asignaciones y las categorías más bajas del monotributo, son totalmente insuficientes con los niveles actuales del costo de vida, además de que solo alcanzará a 960 mil personas del AMBA, en un país con 19 millones de personas bajo la línea de la pobreza. En ese aspecto, el diputado Nacional por el Frente de Izquierda Unidad, Nicolás Del Caño propuso que si se afectaran las riquezas de los cinco millonarios más importantes del país, se podría garantizar un IFE de $ 40.000 a todas las personas que lo necesitan porque perdieron su trabajo o no pueden concurrir a él. Esto es necesario a la par de un salario equivalente a la canasta familiar, actualizado automáticamente por la inflación para todas y todos los trabajadores.




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