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Red Internacional

Medidas fondo. Los trabajadores organizados pueden controlar los precios: ¿cómo frenar la inflación?

Las trabajadoras y los trabajadores tienen el potencial de poder garantizar el abastecimiento a precios accesibles para toda la población. Ante las políticas del Gobierno que dejan pasar el ataque a las grandes mayorías, es necesario pelear por una salida desde abajo.

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Miércoles 14 de septiembre | 22:36

Hace años que la inflación es la vía principal por la cual los ingresos de las grandes mayorías cada vez alcanzan para menos y el problema es cada vez mayor. El aumento de precios desde enero hasta agosto fue de 56,4 % y, en los últimos doce meses, la cifra acumulada escaló al 78,5 %. Los que no aumentan son los salarios que acumulan más de 20 puntos porcentuales de pérdida en los últimos 6 años.

La suba de las tasas de interés y la baja en la cotización de los dólares paralelos, mediante el otorgamiento de beneficios a los bancos y los sojeros, no tuvo efectos relevantes sobre la inflación que sigue en niveles altos. Las grandes empresas continúan defendiendo y aumentando sus ganancias elevando los precios. Las consultoras económicas estiman una inflación de 95 % para fines de 2022.

La situación más crítica es con los alimentos, el bien más básico para garantizar la condiciones de vida. Los pulpos de la alimentación, de la industria láctea y los frigoríficos concentran el negocio y pese a que el país tiene producción de sobra en relación a la cantidad de población, imponen precios que resultan prohibitivos para millones de personas.

El “control de precios” oficial y los acuerdos de precios son un parche porque no atacan el poder concentrado que tienen las grandes empresas, que llega al punto de que dos o tres pueden repartirse la casi totalidad de las ventas en su sector. Un ejemplo es el caso de la empresa Ledesma, que tiene una posición líder en la producción y comercialización de azúcar -controlando el 40 % de esta rama-, y este producto fue de los que más subió en agosto, un 17,2 %, según el Indec.

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Para resolver este problema desde su origen, es necesario el control obrero de la industria alimenticia, la clase trabajadora tiene el potencial de poder garantizar el abastecimiento a precios accesibles para toda la población. En primer lugar, con la exigencia del acceso público de los registros contables y de los movimientos bancarios de las grandes empresas: es esencial para conocer el verdadero estado de las ganancias empresarias.

Esto abriría el camino para un verdadero control de precios realizado por comités de trabajadores y sectores populares sobre todas las cadenas de productos esenciales, desde la producción, distribución hasta la venta en grandes supermercados. Los trabajadores de las distintas empresas podrán contar con la colaboración de contadores públicos y técnicos para esta tarea. Las compañías que se nieguen a dar toda la información y continúen especulando con los precios y abastecimiento deberán ser nacionalizadas y puestas bajo la gestión de sus trabajadores en colaboración con profesionales de las universidades públicas, como parte de una planificación racional para terminar con el hambre y garantizar una alimentación de calidad.

La política económica del Gobierno tiene como condición una alta inflación

El programa económico acordado con el Fondo necesita de la inflación alta para erosionar las partidas presupuestarias destinadas a las jubilaciones, a la salud, a la educación, a los salarios de las trabajadoras y trabajadores públicos. Y, más en general, erosionar todos los ingresos populares. El esquema de suba del dólar oficial pactado con el FMI, aunque sea gradual, impulsa todo el sistema de precios hacia arriba, y otro aspecto central del acuerdo es la suba de tarifas de servicios públicos que también empuja todo el sistema de precios al alza.

Los precios internacionales de las materias primas aumentaron por efecto de la guerra en Ucrania, en particular de alimentos y combustibles. Esa transmisión de los incrementos internacionales a nuestro país opera a través del comercio exterior de granos, que está controlado por unas pocas empresas, mayormente multinacionales, pero también algunas nacionales. Estas empresas tienen prácticamente un oligopolio privado del comercio de granos.

Por eso la izquierda propone un monopolio estatal del comercio exterior gestionado por los trabajadores que diariamente ponen en funcionamiento los resortes productivos fundamentales para que las ventas externas (y también las importaciones) se realicen en función de las necesidades de la población, para que en un país donde se producen alimentos de sobra no existan grandes niveles de pobreza e indigencia, sino que los alimentos estén accesibles para todos. Estas son algunas medidas de otra clase para combatir la escalada de precios, entre otras.

La pelea contra la remarcación permanente debe estar unida a la defensa del poder de compra del salario y, más en general, de las condiciones de vida de la clase trabajadora ocupada y desocupada. Por eso es necesario un aumento de emergencia para recuperar lo perdido para jubilados, ocupados y programas sociales, por un ingreso mínimo de $111.000, que es lo que cuesta una canasta básica en el camino de lograr un salario mínimo igual a la canasta familiar que los trabajadores del Indec calcularon en $180.000.

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