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JUJUY

Los números del negociado de Gerardo Morales en el ingenio La Esperanza

Un estudio preliminar del expediente de la quiebra que hizo La Izquierda Diario da cuenta de un negociado formidable, por el cual, el Estado le entregaría el ingenio a un empresario a costa de 338 despidos y por un valor irrisorio.

Viernes 15 de diciembre de 2017 | 17:36

A partir de los 338 despidos ordenados por el gobierno se abrió una nueva etapa de resistencia por parte de los trabajadores del ingenio La Esperanza que junto a sus familias han defendido la fuente de trabajo durante 18 años desde la quiebra.

Como denuncian los abogados del sindicato y del Ceprodh “los despidos son ilegales porque no fueron avalados por el Juez de la quiebra, Juan Pablo Calderón, quien sin embargo, a través de su vocero, Pablo Ponce, informó que los despidos no eran de su competencia y que debía resolverlo el Juez en materia laboral.”

Los abogados del Ceprodh agregan que los despidos además son discriminatorios y hay casos de persecución política sobre ex candidatos a concejales por el PTS en el Frente de Izquierda que están dentro de los despedidos, como es el caso de Silvio “Choper” Egüez, sobre quien se presentaron un recurso de amparo

En este escenario de despidos ilegales y con una Justicia cómplice, se abren una serie de interrogantes que dan lugar a profundos cuestionamientos sobre el “plan de reconversión productiva” que el gobierno viene ensayando sobre el pueblo ingenio de La Esperanza.

¿Quién dijo que el ingenio puede funcionar con 600 obreros?

Por el contrario los trabajadores afirman que es imposible que el ingenio pueda funcionar con 600 obreros. Por ejemplo, en la sección de trapiche operan 12 trabajadores por turno, sin embargo, hoy con los despidos quedan 5, tal como lo denuncia Silvio “Choper” Egüez obrero despedido de esta sección y ex candidato a concejal por el PTS en el Frente de Izquierda en San Pedro.

“No es posible que el ingenio pueda funcionar en estas condiciones si por ejemplo el trapiche no tiene la gente suficiente, siendo un sector vital dentro del circuito de producción y así sucede con otras secciones”, afirmó Egüez.

Y agregó, que “El gobierno aprovechó el fin de zafra para ensayar un golpe con despidos intimidatorios. Nos informan con policías que van a nuestros domicilios y los despidos además son ilegales porque no cuentan con el aval del juez de la quiebra. Como no les funcionó el plan de traslados “voluntarios” porque sólo 39 aceptaron, ahora lanzan este ataque utilizando el peso del Estado que quiere imponer donde tenemos que trabajar y presionar para jugar con el hambre de nuestras familias a fin de año.”

¿A qué se debe entonces el plan de drástica reducción del personal que encabeza el gobierno?

Hasta el momento el gobierno no ha dado respuestas a estos interrogantes. Una posible explicación puede estar en que en realidad el proyecto del grupo Omega Energy especializado en la extracción de hidrocarburos, no sea incrementar la producción de azúcar, sino llevar a cabo otro tipo de explotación de las tierras y de los recursos del ingenio.

Son 70.000 hectáreas en juego de la cuales el 90% están en condiciones de explotación según la Ley de Bosques que el mismo ministerio de la Producción de Jujuy muestra en un informe de 2016, en el cual además adelanta el plan de despidos en el ingenio.

Al no haber un plan productivo por parte del grupo inversor no es posible saberlo, es por estos motivos, que los diputados del PTS en el Frente de Izquierda exigen al gobierno que haga público el acuerdo alcanzado con Omega como también el informe utilizado para justificar el despido del personal.

Por fuera de la falta de información oficial, lo cierto es que los funcionarios ya dejaron en claro que el sector de trabajadores que continúe no va a conservar su convenio laboral, sino que el mismo, va a ser modificado a la baja.

En el estudio elaborado por el ministerio de la Producción se da cuenta del incremento del personal permanente durante 2014, partiendo de valores muy bajos del 20% del total, a un 60% a fines de 2015. Esta conquista parcial puede explicar en parte, el sentido de la reducción a 600 operarios como forma de golpear, dividir y luego intentar disciplinar a la baja los derechos laborales conquistados con años de duras luchas.

Un negociado con olor a estafa

En el expediente de la quiebra del ingenio La Esperanza (A 06426/99) encontramos un cuadro de “Asistencia desde 2013 a 2017” que informa los montos percibidos de terceros.

Durante este período el ingenio recibió la suma de 1.321.183.459,27 pesos. De este total la provincia aportó 962.826.959 (73%) y la Nación 251.656.500 (19%), entre otros, aportantes (“Cooperativa”, “Fideicomiso”, “Fundación Argentina”).

A partir de esta información quedan al menos dos cosas en claro. Por un lado, que el Estado es acreedor mayoritario de las asistencias y que no informa cual fue el destino de los millones de pesos entregados al ingenio durante estos años.

Por otro, que si comparamos la asistencia del Estado que alcanza $1.214.483.459 con los $1.500.000.000 ($85 millones de dólares) que pagaría a lo largo de 7 años el grupo Omega Energy, vemos como el gobierno le facilita un negocio formidable estos empresarios.

Esto sucede porque a lo largo de 2013-2017 el Estado según sus informes invirtió una cifra muy similar a la que va a invertir el grupo Omega en un plazo de tiempo mayor y pretende que la empresa disponga sólo de 600 trabajadores, o sea, menos de la mitad del personal que había en el ingenio partiendo de 2016 y un tercio de los obreros que había en 2013.

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Otra forma de analizar la estafa es si comparamos el valor de la deuda de la quiebra que alcanza la suma de$ 2.917.824.669 -según consta en el expediente- con el acuerdo con Omega por 1.500 millones de pesos.

Lo que el gobierno presenta como la “mejor opción” frente la quiebra, en realidad es una formidable entrega del ingenio al grupo Omega que aportaría poco más de la mitad del valor de la deuda de la quiebra; cuestión que es más escandalosa aún, siendo que el Estado (provincial y nacional) es el principal acreedor de la deuda.

Además si consideramos que el valor actual del activo del ingenio es de $ 1.065.601.518,30, Omega Energy, con los favores del gobierno y de la Ley de Quiebras mediante, le permite hacerse del ingenio y sus 70.000 has. por menos del 40% de su valor actual. Un negocio fabuloso que haría un privado gracias a la ayuda del Estado.

Es mentira que el acuerdo con Omega evita la liquidación del ingenio

Al ser el Estado el principal acreedor de la deuda se desprende que Gerardo Morales miente cuando afirma que “si no hay 338 despidos, no se daría el traspaso al grupo Omega y, por ende el ingenio iría hacia su liquidación”.

El rol de principal acreedor del Estado y el hecho que las asistencias otorgadas sean similares al valor del avenimiento que realizaría el grupo Omega (1.200 millones vs 1500 millones), ubican al Estado claramente como un actor que podría resolver la quiebra por sí mismo, mediante la estatización del ingenio y sin afectar ningún puesto de trabajo.

Esta salida es la que el Estado oculta para facilitarle un negocio formidable a un empresario. Por el contrario, los diputados del PTS en el Frente de Izquierda sostienen que la salida a la quiebra está en manos del gobierno y que la estatalización tiene que ser bajo control obrero y del pueblo de La Esperanza para evitar el vaciamiento y la corrupción de los administradores. Esta sería la única perspectiva a favor de los intereses del pueblo azucarero y trabajador del ramal como punto de partida para ampliar la capacidad productiva y el empleo en el ingenio con créditos blandos del Banco Nación.

Otra mentira del gobierno: el ingenio no da pérdidas

Esto surge de un análisis preliminar de los balances más recientes que constan en el expediente de la quiebra. Por ejemplo, el correspondiente a 2014 muestra valores de la venta de azúcar por $94.664.129 que no se condicen con los $238.277.800 que surgen de cálculos propios a partir de la información brindada por el Centro Azucarero Argentino y los precios de mercado. En 2015 el balance indica que la venta de azúcar alcanzó los $173.498.370, mientras que por cálculos propios la misma supera los $285.885.400.

Estas inconsistencias que surgen a simple vista no han sido cuestionadas por los administradores que designó el gobierno de Gerardo Morales, como tampoco por los síndicos ni el Juez de la quiebra.

Ante estas irregularidades, al momento de analizar los resultados negativos de cada balance durante este período tampoco se puede confiar en las declaraciones de costos. Por lo que esta situación, exige la apertura de la contabilidad y una auditoría de profesionales externos a la empresa e independientes de la administración y en conjunto con los trabajadores que son quienes más conocen de la actividad y tienen el interés en preservar la fuente de empleo y producción.

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La administración no explica la caída de la zafra 2016

Durante la zafra 2016 a cargo de la nueva administración se observa una fuerte caída de la producción de azúcar a 42.000.000 kg, un nivel similar a la zafra de 2013 cuando se produjo una fuerte sequía e incendios en la región.

Los administradores no brindaron información respecto de este resultado de la zafra 2016, tampoco la exigió la Justicia, siendo que los números contrastan con el resto de los ingenios de la provincia que tuvieron zafras mejores respecto al año 2015.

En el caso del ingenio Río Grande “En la zafra 2016 se cosechó la mayor cantidad de caña en la historia del ingenio, con 518.000 toneladas de caña propia, lo cual llevó a la molienda más alta que alcanzó las 845.000 toneladas”, según afirmó el administrador general Ricardo Sánchez Riera

Por su parte, ingenio Ledesma en un comunicado de prensa dio a conocer que “la producción de azúcar neta fue de 361.000 toneladas. Esta cifra es superior a la de 2015. El clima acompañó la producción, con lluvias adecuadas y un invierno sin heladas.”

Vaciamiento, superexplotación y corrupción

Si analizamos la relación entre producción de azúcar y empleo podemos observar una dinámica general, al menos desde 2013, que muestra cómo la merma en personal se compensa con una aumento de la productividad medida en cantidad de azúcar obtenida por obrero. Esto quiere decir que al haber menos manos disponibles, los trabajadores tienen que trabajar más intensamente para producir lo mismo, o incluso más que antes, lo cual redunda en mayores beneficios para la empresa, aunque esto no conste en los resultados que muestran los balances. En 2016 incluso la caída del empleo y de la producción agravó el cuadro de vaciamiento.

Junto con el aumento de la productividad obtenido a costa del obrero si observamos las “asistencias” de fondos millonarios por parte del Estado, las mismas han ido en aumento totalizando la suma de 1.321 millones durante 2013-2017 según costa en el expediente.

De estos fondos, la provincia entre 2016 y 2017 con la administración de Gerardo Morales aportó $464.443.200, una cifra muy similar a la que destinó los tres años previos la administración puesta por el gobierno de Fellner con la UCAR.

De todo esto se observa que las sumas millonarias del Estado van en crecimiento, el empleo hacia la baja y la productividad en alza –excepto la abrupta caída en 2016, con el cambio de administración-, y las autoridades no explican a dónde van a parar estos fondos millonarios y tampoco hay inversión en infraestructura con las consecuencias terribles sobre la vida de los trabajadores como sucedió el año pasado con el fallecimiento de Jorge Lizárraga por falta de seguridad.

Esta situación de despidos, fondos millonarios y falta de inversión dejan al descubierto que el ingenio es en un agujero negro en donde entran millones de la venta de azúcar y alcohol más los fondos del Estado, que no se sabe a dónde van a parar. Los administradores puestos por el gobierno justicialista o ahora por Cambiemos han sostenido este esquema fraudulento con el aval de la Justicia.

Asamblea y plan de lucha para defender los puestos de trabajo

Con el despido de 338 obreros pretenden profundizar el vaciamiento y generar un negociado con el grupo Omega, utilizando el poder de coerción del Estado para imponer a los trabajadores que tengan que retirarse y optar por la indemnización o un puesto en el empleo público que implica pérdida de conquistas laborales y un fuerte daño psicológico para quienes dejaron sus vidas en el ingenio.

Desde el PTS en el Frente de Izquierda rechazamos los despidos y el chantaje del gobierno y exigimos a la Comisión Directiva del S.O.E.A que abandone la espera pasiva frente a la decisión de la Justicia, convoque asambleas y a un plan de lucha para defender el ingenio porque La Esperanza es de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode.







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