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Red Internacional

CINE. Los números de la crisis del cine nacional ¿cómo seguirán con el FMI?

El cine nacional llega en una crisis histórica al momento en que se empuja un acuerdo con el FMI, que proyecta un panorama sombrío para el país. Los datos de este artículo son públicos, pero reunidos apoyan un estado de alerta que se viene planteando desde múltiples espacios. Crisis sobre la crisis, la situación necesita respuestas urgentes que sólo se lograran con la organización y la movilización del sector.

Javier Gabino@JavierGabino

Jueves 10 de marzo | 02:55

Los números aquí reunidos son la expresión de un estado de situación que muestra que el cine nacional llega en una crisis histórica a enfrentarse a una crisis mayor. Y que para revertir esta situación, los realizadores y trabajadores del cine y la cultura no vamos a salvarnos solos.

En su discurso de apertura de sesiones el 1 de marzo de 2022 Alberto Fernández lanzó al aire uno de sus espejos de colores: "Vamos a consolidar a la Argentina como un gran productor audiovisual que aliente el talento que tenemos y disfrutamos. Un país productor de películas, series y libros...” la cantinela ya no se lo cree nadie. En el día de hoy (10 de marzo de 2022) ya hay cerrado un acuerdo entre su gobierno y JxC para convalidar la deuda fraudulenta que Macri tomó y endeudarse aún mas.

Recuperar todo lo perdido e ir por más, solo podrá lograrse como parte de una lucha mayor unida a otras luchas populares y de trabajadores, en primer lugar para enfrentar el acuerdo con el FMI.


91% es el porcentaje de pantallas nacionales que ocupan las películas extranjeras, en su gran mayoría norteamericanas, aún con la crisis del "cine de sala" y según un promedio de las últimas 10 semanas en base a los datos de Fiscalización INCAA. Por ejemplo Spider Man lo hizo en el 75% de las pantallas disponibles a nivel nacional y Batman en más del 50%. A su vez, del escaso margen que resta para "los estrenos nacionales", lo ocupan esencialmente producciones como Hoy se arregla el mundo o Ecos de un crimen, ambas con distribuidoras norteamericanas: Disney y Warner.

Mientras algunos periodistas bancados por las distribuidoras norteamericanas hablan sobre “el gusto natural de los argentinos” hacia Hollywood, los números dan cuenta de un sistema de saturación con una oferta antidemocrática y monopólica. Acompañadas por campañas publicitarias millonarias y merchandising al por mayor, dejan nulo margen al público para “elegir qué ver”.

Y si tomamos la TV argentina según los datos que proporcionan las estadísticas de SICA. En TV abierta el 48% pertenece a EE.UU, y un 25% es argentino (en su mayoría concentrado en la TV Pública) y el resto a otros países. Mientras en TV por cable el 86% es de EE.UU, y solo un 7% argentino (el resto de otros países).


2%: este ínfimo número es la participación de contenidos nacionales en el catálogo que ofrece la plataforma Netflix en el país, aún con el auge de las plataformas de streaming. Diversos estudios coinciden en ese porcentaje promedio, partiendo de un catálogo que va de 2956 títulos en 2019 a 3837 en 2021 aproximadamente. Los "títulos nacionales" representados en ese escaso porcentaje corresponden en su mayoría a contenidos estrenados previamente en otras pantallas y adquiridos por la plataforma.

Ni siquiera el plan “Contenidos Argentinos” anunciado en abril del 2021 por Alberto Fernández con funcionarios, dirigentes gremiales y empresarios como Adrián Suar, que otorga exenciones impositivas a las grandes empresas de streaming (Netflix, Amazon, HBO) "sedujo" a estas multinacionales para producir "contenidos nacionales". El número contrasta con que la N roja tiene al menos el 65% de la importación de productos audiovisuales al país, unos 5 millones de suscriptores abonados (según datos del 2021).

Sin embargo la plataforma aprovecha hábilmente y con las pocas producciones locales de bajo presupuesto apuesta a la construcción de "la mirada nacional" con biopic dramáticas o documentales sobre personalidades de nuestra historia, mitos y “casos” (Monzón, Fangio, El caso Nisman) como también hace HBO (Maradona, Bilardo). En el mismo sentido “empático” va la compra e inclusión de algunos clásicos argentinos.

La plataforma CineAr con todas las posibilidades que ofrece no puede hacer frente a estas multinacionales.


7 días son los que se mantiene en cartelera una película nacional que no tenga detrás una distribuidora internacional norteamericana. Este ínfimo número de días no se encuentra escrito en ninguna legislación, pero es “uso y costumbre” en el precario circuito de exhibición nacional.

A esta desastrosa situación se llega porque las multisalas ni se preocupan por cumplir con la cuota de pantalla (la exigencia por Ley de exhibir un porcentaje de cine nacional) y prefieren pagar la multa.

A su vez hay un embudo en el Cine Gaumont (CABA) ya que todo se estrena ahí y no hay un verdadero circuito estatal en todo el país, barrios, etc. ni un plan para construirlo. En este contexto la dirección del INCAA avanza en las restricciones y plantea incluso que no tiene obligación de estrenar los documentales digitales que la misma institución financia.


814 días son los que lleva Luis Puenzo en la presidencia del INCAA al frente de una gestión que en lo esencial no se diferencia de la del macrismo. Asumió el 17 de diciembre de 2019 con promesas del mismo tono que todo el FDT y al 10 de marzo de 2022 (en que se impulsa la votación del acuerdo con el FMI) es garante del ajuste al cine.

Esto se demuestra en la subejecución presupuestaria en 2020; en la continuidad del plan de fomento (macrista) a la medida de las grandes productoras; en el desfinanciamiento de muestras y festivales; en los oídos sordos e indiferencia a los reiterados reclamos del sector; y en el impulso de trabas burocráticas y bicicletas que envuelve al instituto en un manto kafkiano para quien tenga el deseo de producir.


31/12/2022: es la fecha de caducidad para las asignaciones específicas que financian al INCAA y sostienen el Fondo de Fomento Cinematográfico, como también al Instituto Nacional del Teatro (INT), el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y a bibliotecas populares de todo el país. La causa es una decisión política de ajustar la producción cultural a partir del artículo 4 de la Ley Nº 27.432, sancionada durante el gobierno macrista con apoyo del actual oficialismo en diciembre de 2017 (y votada en contra por los diputados del FITU).

Es sintomático que la ley fuera aprobada en el marco de la reforma previsional del 2017 y el ataque a los jubilados. Es parte de la quita de asignaciones y vaciamiento de las producciones culturales nacionales para cumplir con el pacto fiscal y los requisitos del endeudamiento externo con el FMI.

Las diversas iniciativas de parte de las asociaciones del sector para quitar o correr ese deadline negro no fueron escuchadas por el FDT y JxC que fueron sus autores, más allá de los discursos oficialistas a favor de la cultura.

El cine nacional llega en una crisis histórica a enfrentarse a una crisis mayor, la perspectiva de agravamiento de estos datos es imposible separarla del plan de ajuste que se pactó con el FMI. El FDT y JxC llegaron a un gran acuerdo nacional de subordinación al imperialismo y en contra del pueblo trabajador. Para revertir esta situación, los realizadores y trabajadores del cine y la cultura no vamos a salvarnos solos. Recuperar todo lo perdido e ir por más, solo podrá lograrse como parte de una lucha mayor unido a otras luchas populares y de trabajadores.




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