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Red Internacional

Gobierno de Xiomara Castro. Los garífunas en Honduras siguen esperando respuestas en la lucha por sus tierras

Los garífunas de Honduras siguen en lucha por sus tierras ancestrales, mientras continúan los intentos de desalojo y las amenazas contra sus líderes. A casi 10 meses de la asunción de Xiomara Castro, las promesas de campaña a las comunidades garífunas siguen sin cumplirse.

Lunes 14 de noviembre | 16:10

Los garífunas de Honduras son un pueblo afroindígena que ha vivido en las bellas costas del norte del país desde hace más de 225 años, antes de la fundación de la república. En las últimas décadas han sufrido amenazas crecientes por parte de empresas privadas del sector turístico y extractivistas, entre otras, que actúan en connivencia con el estado y con grupos del crimen organizado para despojar a las comunidades de sus tierras.

Las amenazas y la violencia se han exacerbado en los últimos años, especialmente a partir de 2015, cuando la Corte Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH) dictó sentencias condenatorias contra el estado de Honduras y a favor de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. Las sentencias exigen reparaciones y la garantía de los derechos ancestrales de los garífunas sobre sus tierras.

En el marco de la lucha por estos derechos, el 18 de julio de 2020 fueron secuestrados cuatro jóvenes líderes de Triunfo de la Cruz, entre ellos, el presidente del patronato (consejo comunitario) Sneider Centeno. La comunidad sigue sin respuestas por parte del estado respecto de su paradero.

El gobierno de Xiomara Castro, que asumió el 27 de enero pasado en un contexto de grandes expectativas de cambio, tampoco ha tomado medidas para avanzar en el cumplimiento de las sentencias de la CIDH, a pesar de que esto fue una promesa de su campaña.

Por otra parte, ha seguido avanzando en tierras garífunas el desarrollo de Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDEs), áreas del país donde empresas privadas tenían derecho a instalar sus propios sistemas judiciales, policiales e impositivos, en una clara cesión de soberanía a empresas extranjeras. La ley que establece la jurisdicción especial de las ZEDEs fue derogada por el Congreso Nacional bajo el gobierno de Xiomara Castro en abril de este año, pero las construcciones en estas zonas han continuado, sin mayor oposición por parte del gobierno nacional.

El 7 de noviembre, la comunidad garífuna de Punta Gorda fue el escenario de un desalojo violento por parte de la Policía Nacional y el ejército, que golpearon brutalmente a los miembros de la comunidad y detuvieron a seis defensores de tierras, entre ellos Melissa Martínez, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) en Punta Gorda. A partir del escándalo internacional generado por estos hechos, los activistas fueron liberados, pero siguen procesados.

Miriam Miranda, coordinadora nacional de Ofraneh Revistazo
Miriam Miranda, coordinadora nacional de Ofraneh Revistazo

La Izquierda Diario habló con Miriam Miranda, activista y coordinadora nacional de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), sobre este desalojo y sobre la lucha de los garífunas en el nuevo contexto nacional.

¿Nos puede contar un poco sobre la lucha de los garífunas por el reconocimiento de sus derechos sobre la tierra en la comunidad de Punta Gorda?

Es importante mencionar el hecho de que este es un proceso de reocupación de la tierra ancestral de la comunidad de Punta Gorda. Hay un hecho que es vital y es que fue la primera comunidad fundada en el país, hace más de 225 años. Cuando llegaron nuestros antepasados acá en 1797 se asentaron y los recibieron aquí en Punta Gorda, porque en ese momento se estaban librando batallas cruentas entre los españoles y otros países colonialistas, como Inglaterra y Francia. Al pueblo garífuna se lo recibe para que pueda ser parte de las tropas de la lucha por la defensa de Honduras. Entonces, antes de que Honduras fuera república, ya existía nuestra comunidad aquí. Por lo tanto, Punta Gorda no es cualquier comunidad. Por eso es que no pueden estar alegando, como lo están haciendo ahora, que tenemos que presentar documentos, como si fuera un conflicto de intereses entre dos personas que tienen un título sobre una propiedad de tierra.

Esto tiene que remarcarse, porque aquí estamos hablando de un derecho ancestral que está validado por el Convenio 169 de la OIT [Organización Internacional del Trabajo] sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Como Honduras es signatario de ese Convenio y también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hemos podido acudir al sistema Interamericano. Nosotros como pueblo garífuna tenemos derecho a ser tomados en cuenta y a que se nos reconozcan nuestros derechos ancestrales basados en la ancestralidad, pero también en la legislación internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas. Este hecho que se dio en Punta Gorda se debe a que aquí existe una propiedad ancestral y una comunidad que ha vivido aquí ancestralmente.

¿Qué fue lo que sucedió en Punta Gorda el 7 de noviembre?

Cuando se nos informa que iba a haber desalojo, los compañeros estaban muy asustados. Llegaron a desalojar a la gente a las once y media de la mañana. La brutalidad que llegaron a ejercer aquí muestra, como dijo Melissa [Martínez, de la OFRANEH], que llegaron a querer matarnos. Esa fue la actitud con la que llegó la policía. Tenemos gente golpeada, gente a la que le quebraron el brazo, ni siquiera respetaron a la gente anciana ni a los niños y niñas.

Yo creo que hay una cuestión que es importante que hemos estado queriendo indagar. ¿El estado, es decir, los jueces ejecutores y la fiscalía, en nombre de quiénes dio las órdenes? Yo creo que aquí hay un interés oculto que nosotros no hemos podido detectar. Pero yo creo que alguien ganaba con esto.

¿Se refiere a empresas privadas del sector del turismo?

Estamos hablando de empresas privadas, de los empresarios, pero también de los que quieren generar una crisis. Es un momento estratégico porque se están postulando los candidatos para el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema. Y la Corte Suprema y el Ministerio Público son contrarios a este gobierno de Xiomara Castro.

Entonces la brutalidad con la que llegan, la forma en que entran para destruir todo, las viviendas que se habían ya construido, la forma en que golpearon a nuestros hermanos y hermanas – hay una mujer embarazada que está muy mal – todo eso es un mensaje muy fuerte sobre lo que se pretende hacer, no solamente en Punta Gorda.

Es importante mencionar la carga de odio, la carga racista terrible de lo que ha pasado. Esto ya se venía construyendo. Hay un medio local, Roatán Hable Claro, que había venido generando un odio terrible, no solamente acusando al pueblo garífuna de invasor, sino haciendo una campaña mediática de odio durante meses. Entonces eso fue una especie de caldo de cultivo que se fue creando para lo que se llevó a cabo el 7 de noviembre.

También lo que nos llama la atención es que fue una operación conjunta entre el ejército y la policía. Dijeron que el ejército no estaba participando, pero no es cierto. El ejército entró, está en las fotos y en los videos. No solamente entró la policía nacional.

El poder judicial está en manos de sectores afines a la oposición, pero la Policía Nacional y el ejército están bajo el mando de Xiomara Castro. Sin embargo, ella afirmó la semana pasada en un tuit que no había sido informada sobre el desalojo. ¿Cómo interpretan esto?

Yo creo que hay una lucha por el poder fuerte y que nosotros estamos en el medio. Los grupos de poder y de la narcodictadura [del Partido Nacional opositor, que gobernó el país desde 2010 a 2021] fortalecieron su poder al nivel de todas las instituciones del gobierno. Inclusive hay informes de que hay decisiones que no pueden tomar los que están dirigiendo algunos ministerios porque los mandos intermedios se lo impiden.

Pero yo creo que también hay un hecho que no podemos negar y es que hay una necesidad de que el gobierno de Xiomara pueda tomar decisiones radicales en algunos aspectos para poder mostrar su voluntad política. Eso también lo he dicho públicamente. Uno no puede alegar inocencia cuando está dirigiendo un país. Yo creo que ese tuit fue muy desatinado, porque queda peor. Es presidenta y la comandante en jefa, tanto del ejército como de la policía.

Ahora hay una situación de conflictividad que ella creo que no esperaba, pero que se dio. Aquí hay alguien que quiere ganar y que hizo la jugada. Me imagino que ellos tendrán su sistema de investigación ahora para determinar quién fue, porque esto que pasó ha trascendido mundialmente y ha afectado el gobierno de Xiomara. La oposición se está aprovechando. La gente que quedó de la dictadura, los “cachos”, como les dice la gente aquí, que son los del Partido Nacional, están aprovechando esta coyuntura a partir de lo que pasó el 7 de noviembre.

Más allá de las luchas por el poder dentro del estado, ¿considera que hay una falta de voluntad política por parte del ejecutivo para resolver los problemas que enfrenta el pueblo garífuna?

Hay que tomar en cuenta el hecho de que hay dos sentencias condenatorias contra el estado de Honduras de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos del 2015 que pronto cumplirán ocho años y no ha habido ninguna voluntad política por parte de la presidenta – en eso sí lo puedo decir muy claramente – de iniciar el proceso de cumplimiento de la sentencia. Se debe instalar una comisión interinstitucional de alto nivel. No queremos una comisión a la cual la gente solo llega a posar para tomarse una foto. Queremos que sea una comisión de alto nivel donde se tomen decisiones y que permita realmente avanzar en el cumplimiento. Es una sentencia que requiere no solamente decisiones, sino también erogaciones económicas muy altas para poder proceder al saneamiento de los territorios del pueblo garífuna. Pero si el gobierno no toma esas decisiones y no establece los mecanismos administrativos que permitan cumplir con la sentencia con la instalación del comité interinstitucional, ahí tenemos el problema. En dos o tres meses Xiomara cumple un año en el poder. Esa fue parte de la campaña [del Partido Libre]. Dijeron que iba a ser un gobierno popular y eso generó esperanza en el pueblo. La lucha contra la dictadura fue para que ya no pasen el tipo de cosas que pasaron aquí el 7 de noviembre. La gente espera que las cosas cambien.

¿Cuál fue la reacción del gobierno ante los acontecimientos del 7 de noviembre?

La reacción del gobierno fue producto de la presión internacional. En esto hay que ser muy claros. El escándalo mundial mediático que generó esto hizo que se pronunciaran las Naciones Unidas y todos los organismos internacionales de derechos humanos a nivel mundial y que, por supuesto, hicieran presión sobre Xiomara. De ahí viene el hecho de que se haya pronunciado. Al día siguiente, por la mañana, los detenidos fueron liberados pero les han dictado medidas sustitutivas.
Es importante decir que esto se hizo al amparo de la reforma del Código Procesal Penal que criminaliza y judicializa a las defensoras y defensores y endurece las medidas contra la recuperación de las tierras.

Defensores de tierras detenidos en Punta Gorda el 7 de noviembre
Defensores de tierras detenidos en Punta Gorda el 7 de noviembre

A partir del escándalo mundial se nombró una Comisión Especial en el Congreso Nacional. Ellos vinieron acá y nos reunimos aquí en Punta Gorda. Es una comisión que va a presentar un informe la próxima semana sobre la visita que se hizo. También vino la Ministra de Derechos Humanos Natalie Roque con alguien de SEDESOL (la Secretaría de Desarrollo Social). Hicieron una visita de emergencia para escuchar las versiones.

¿Cómo han afectado estos hechos a las comunidades garífunas?

Lo que ha pasado aquí en Punta Gorda ha exacerbado de una forma terrible, exponencial, la discriminación y la campaña de odio en la costa contra las demás comunidades garífunas. La comunidad de San Juan está en un proceso ante la Corte Interamericana para la aprobación de una sentencia. La gente que no es garífuna y que vive alrededor de la comunidad está reuniéndose en asambleas permanentes porque dice que los garífunas quieren despojarla de lo que es suyo.

¿Qué es lo que pasa? Que la gente que tiene poder económico, que son los empresarios, los inversionistas, gente que está ligada a la narcoactividad, gente del crimen organizado, está impulsando esa campaña y generando odio contra nosotros. Nos estamos enfrentando no solamente a un tercer destierro, sino que nos estamos enfrentando a un genocidio. Están queriendo aprovechar todo lo que pasó aquí, no solamente para generar odio, sino para crear las condiciones y el clima para que se pueda aceptar y legitimar un ataque contra el pueblo garífuna. A mí, como coordinadora general de la OFRANEH, me preocupa enormemente. Nos preocupa porque no sabemos lo que va a pasar en los próximos meses.

¿Cuál es la situación de seguridad que se vive actualmente en las comunidades garífunas?

Por la desaparición forzada de los compañeros de la comunidad de Triunfo de la Cruz [el 18 de julio de 2020], entre ellos el presidente del patronato [consejo comunitario], se pronunció la Corte y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Ambas instancias le han pedido al estado que dé una respuesta sobre la desaparición forzada y que garantice la seguridad a las familias y a la comunidad. Pero, al contrario, hay un clima de terror. Hay unos audios de amenazas de muerte contra los dirigentes y los liderazgos de las comunidades que da escalofríos escucharlos.

¿No ha habido ningún cambio en este sentido bajo el gobierno de Xiomara?

Esto no ha cambiado. Al contrario, ha aumentado esa vulnerabilidad y esa presión, ese clima de terror. Se está instalando un clima de terror en las comunidades contra el pueblo garífuna, contra el liderazgo de las comunidades, para que la gente deje de luchar, para que las comunidades no reclamen y se llamen al silencio.

Este año se derogó la ley de las ZEDEs, pero la construcción de la ZEDE Próspera en territorio garífuna sigue avanzando

Ahí están construyendo sus famosas torres y ya tienen una torre que creo que tiene doce pisos en una zona donde se supone que no debe haber construcciones de esa naturaleza, porque es una isla. Sin embargo, ellos están construyendo. Y han manifestado a través de las redes que demandarían a Honduras por sumas multimillonarias. Yo creo que el sistema judicial y la aplicación de la justicia en América Latina y el mundo es algo a lo que tenemos que ponerle mucho ojo, porque siempre hablamos del presidente y la presidenta, pero los poderes están distribuidos en gente que toma decisiones en estas instituciones que fueron creadas precisamente para eso y que son manipulables y corruptas. Ahí se fraguan muchas de las cosas que se hacen no solo contra las comunidades y los pueblos en resistencia, sino también contra el ejecutivo. Ya vimos que lo mismo que pasó en Honduras pasó en Brasil y va a seguir pasando en otros países. Hay condiciones que se han ido creando para que exista la situación que hoy existe, en la cual hay una total indefensión de las comunidades, con un sistema judicial de aplicación de justicia corrupto, asesino, un sistema que se venda al mejor postor. Ante eso nos encontramos.

¿Qué es lo que exigen los garífunas del gobierno de Xiomara?

Ella es la persona que debe crear la comisión interinstitucional para el cumplimiento de la sentencia [de la CIDH]. Ese es un primer punto que nosotros le hemos venido exigiendo, porque eso le corresponde a ella; es la jefa del ejecutivo. Eso va a ser un paso hacia adelante para que se pueda avanzar en el reconocimiento y el respeto de los derechos del pueblo garífuna. Porque una cosa que tenemos que tener claro es que las sentencias condenatorias contra el estado de Honduras por Punta Piedra y Triunfo de la Cruz son algo que repercute en todas las comunidades. No solo afecta esas dos comunidades. Exigen que el estado respete los derechos humanos de la comunidad, pero que también que reconozca la ancestralidad, el derecho ancestral de la comunidad para usufructuar, administrar y controlar sus territorios ancestrales.

Además, nosotros le dijimos a la gente que vino del Congreso [a Punta Gorda] que no solamente queremos que investiguen los hechos [del 7 de noviembre]. Queremos que ellos den sus recomendaciones y que puedan ser aprobadas por el Congreso Nacional. Porque entiendo que esta Comisión Especial fue nombrada no solo para evidenciar lo que pasó, sino también para revisar cosas como la reforma al Código Procesal Penal y para ver lo que ha pasado con el tema de las sentencias. Es una oportunidad para avanzar. Nosotros se lo dijimos claramente, que queremos que el informe le permita al Congreso Nacional tomar decisiones.

¿Cómo sigue la lucha?

La lucha está firme. Yo me encuentro en la zona y hubo una asamblea el jueves de la comunidad de Punta Gorda donde asistieron cientos de personas y ellos no van a dejar la lucha por sus tierras. Creo que eso es muy importante.


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