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QUILMES

Los cortes de luz y la “preocupación” de los intendentes de que todo siga igual

Intendentes e intendentas de la zona sur del AMBA y el subsecretario de Energía del gobierno de la provincia, Gastón Ghioni, se reunieron con el Ente Nacional Regulador de la Electricidad para “cuestionar” ante su interventor, Federico Basualdo, los reiterados cortes de luz que sufren los vecinos del conurbano bonaerense. Como siempre el negocio privatista multimillonario que hacen las empresas concesionarias de servicios públicos no fue parte del cuestionamiento y todo sigue igual.

Jueves 16 de julio | 18:30

Con la presencia de Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Marisa Fassi (Cañuelas), Andrés Watson (Florencio Varela), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Gastón Granados (Ezeiza), el intendente interino de Avellaneda, Alejo Chornobrof, el secretario de Planificación Estratégica y Medio Ambiente de Presidente Perón, Hernán Santana, el coordinador General de Alumbrado Público, Electromecánica y Obras Eléctricas de Berazategui, Sergio Faccenda, y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se desarrolló la reunión que tenía el objetivo de manifestar “preocupación” por parte de los mandatarios.

En Quilmes los cortes de luz llegan desde las barriadas populares hasta los barrios residenciales del centro del partido con cortes de días enteros, como se puede ver en todos los foros vecinales y redes sociales del distrito donde el malestar aumenta día a día.

Por su parte, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, afirmó: “El incremento de los cortes es evidente respecto del año pasado. Es una empresa que ha ganado sumas extraordinarias durante los últimos años con los tarifazos de hasta 3500 % y las condonaciones de deudas al Estado que Macri perdonó. Aún así, no han invertido en lo que se necesita para brindar un servicio eficiente y han vaciado la empresa. Edesur puede sumarse a los ejemplos de empresas beneficiadas por el gobierno anterior. Habría que preguntarse, dónde está la plata que ganó Edesur con los tarifazos de los últimos 4 años, porque en inversión en la empresa no está.”

Que los intendentes de estos distritos lleven esta “preocupación” ante el ENRE pone de manifiesto la presión del malestar general de miles de familias trabajadoras que viven de forma precaria, sumado al encarecimiento de la vida y los despidos pre y pos pandemia.

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La empresa Edesur de Nicolás Caputo, que da suministro a 12 partidos del sur del Gran Buenos Aires y el sur de CABA, fue una de las grandes ganadoras del reparto de los subsidios del Estado nacional, al igual que Edenor de Marcelo Midlin y Edelap de Rogelio Pagano.

Sólo durante el período 2003-2015 de los gobiernos kirchneristas Argentina gastó casi u$s150.000 millones en subsidios a la energía y combustibles, y los subsidios económicos pasaron de representar el 0,4% del PBI en 2005 al 4,1% del PBI en 2015. Dentro de ese total la mayor parte de los mismos corresponde a Energía (de 0,2% del PBI en 2005 pasa a 2,9% del PBI en 2014) según datos de Instituto Argentino de Energía "General Mosconi" (IAE) y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

Julio M. De Vido, exministro de Planificación, Inversión pública y Servicios de la Nación y responsable de la política energética del país durante esos 12 años declaraba por ese entonces: "Las distribuidoras que en su mayoría son los gobiernos provinciales (sic)...se han apropiado de la renta que produjo tener un precio de energía mayorista subsidiado por el Estado Nacional y en lugar de trasladar el beneficio a los usuarios, fijaron tarifas de distribución exorbitantes para hacerse de esa renta extraordinaria.”

Estas abultadas ganancias resultado de la transferencia de recursos de los trabajadores a los empresarios basada en la recaudación impositiva no tuvo correlato en la renovación de tendido de distribución eléctrica. Parece que la intendenta de Quilmes se olvida que su espacio político, ahora devenido como parte del Frente de Todos, fue impulsor de esta política que bajo el eufemismo de abaratar los costos de los servicios permitió a los empresarios sacar ganancias del derecho elemental de tener luz o de prender una estufa eléctrica para combatir el frío.

Bajo el kirchnerismo se desembolsaron subsidios millonarios a las empresas concesionarias; el macrismo los disminuyó y volcó sus costos sobre los sectores populares. Lo que tiene en común ambos gobiernos es que garantizaron la ganancia empresaria. Sólo en los primeros dos años del gobierno de Macri los servicios habían aumentado 1600% producto de este vuelco de los costos.

Las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias siempre son la prenda de cambio de los diferentes gobiernos, y sus “preocupaciones” y “exigencias” no ponen en cuestionamiento esta estructura de provisión de servicios heredada de los años 90, cuando el neoliberalismo destruyó la matriz de producción y distribución de energía.
Todo sigue igual; los hogares pasan varios días sin luz, hay una pandemia en curso que se cobra día a día vidas obreras, sobre todo en Quilmes que es el segundo distrito más afectado, y en algunos casos como Villa Itatí y Villa Azul hasta el tendido de distribución de agua potable está por detrás de las necesidades de sus habitantes.
Según quien gobierne se tiran la pelota.

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Los trabajadores tienen que encabezar un pedido urgente; exigiendo la presentación de balances públicos de las empresas concesionarias para demostrar el uso que le dieron a los millonarios subsidios recibidos. Es preciso plantear la estatización de los servicios públicos bajo gestión de sus trabajadores y control de los usuarios populares, como viene planteando hace años el Frente de Izquierda, y como lo reafirman hoy los diputados Claudio Dellecarbonara y Nicolás del Caño, junto a un plan integral de salida favorable a las grandes mayorías.

Vivir sin servicios esenciales no puede seguir siendo la regla cuando sabemos quiénes son los responsables concretos y una salida está planteada: tocar los intereses de estos grupos económicos usureros. Hay que terminar con la herencia menemista del negocio millonario de la concesión los servicios públicos a las empresas privadas.







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