Cultura

A 40 AÑOS // INVESTIGACIÓN // TRIBUNA ABIERTA

Los archivos de inteligencia de la Policía Bonaerense y la complicidad empresarial

En esta segunda entrega, el historiador Pablo Pozzi, continúa recorriendo el archivo de la DIPBA analizando la conflictividad obrera, la represión en la industria y la resistencia obrera*.

Pablo A. Pozzi

Historiador, docente titular de "Historia de Estados Unidos" -UBA

Martes 22 de marzo de 2016 | Edición del día

Por todo lo que dijimos anteriormente, debería quedar claro que entre 1975 y 1983 estas tareas de información e inteligencia acerca del proceso de radicalización del movimiento sindical de base, fueron un factor clave para el objetivo de aislamiento social de la clase obrera, la detección y persecución de los sectores activistas y de la minoría combativa, clasista o contestataria radicada en las comisiones internas y a nivel fábrica. Desde mucho antes del golpe militar de 1976, la “información” constituyó el insumo estratégico para detectar los antecedentes ideológicos de los activistas fabriles, sus posibles vínculos con las organizaciones revolucionarias y para llevar adelante la política del aniquilamiento. Repetimos: en muchos casos, los agentes de la DIPBA, fueron contratados como personal de Seguridad o vigilancia en las plantas industriales.

Asimismo, el Archivo DIPBA contiene numerosos informes sobre conflictos fabriles, asambleas gremiales, y presentaciones por parte de comisiones internas y delegados sindicales. Cada carpeta contiene recortes periodísticos, volantes gremiales, cartas e informes varios, además de algunas apreciaciones por parte de encargados represivos. En varios de los casos las carpetas consignan que el material ha sido remitido por “la empresa”. Por otra parte, una de las cosas que emerge con claridad es la colaboración de distintos dirigentes sindicales con las fuerzas represivas. Un ejemplo de esto se encuentra en el Informe de la Delegación Inteligencia 2da. Lanús, fechado el 5 de Junio de 1981. En el mismo se consigna que ante el conflicto desatado en la planta Volkswagen (Monte Chingolo):

A las 14.25 “se comunica [telefónicamente] con esta Delegación el Sec. Gral. de SMATA Avellaneda – Lanús, Francisco Malvaso, adjunto a la CGT, queriendo anticipar lo que ya estaba en conocimiento de esta autoridad, es decir, la salida de planta de los obreros. (…) Agregó que la conducción del gremio fue sorprendida por esta medida, pero no por el accionar de la comisión interna, que desde hace tiempo la desconoce. Tal es así, que le admiten al Sec. General ingresar al establecimiento, pero no dialogar a los obreros, de intentarlo Malvaso da por seguro que la comisión interna pasaría a las vías del hecho. Se acordó que Malvaso concurriera a la Delegación para ampliar el tema.

Lo anterior ilustra el papel de los distintos dirigentes del SMATA durante la dictadura. Desde 1976, los dirigentes de las seccionales del SMATA vinculadas con la corriente sindical del Secretario General José Rodríguez ocuparon cargos como colaboradores-asesores de la intervención militar. Los informes de la DIPBA dan cuentan de esta situación y demuestran las activas relaciones con el interventor militar del SMATA, el coronel Carlos Valladares, quien en todos los casos de conflictos del sector automotriz, recurrió a estos dirigentes gremiales zonales para intervenir a nivel de las plantas fabriles. Las fuentes del Archivo policial muestran el nivel de connivencia y complicidad de los dirigentes del SMATA, que a través de la delación de los activistas, intentaban mantener el control de las comisiones internas y frenar las asambleas de fábrica.

El Legajo 133, un dossier elaborado por los agentes de la DIPBA después de los primeros años de represión (fecha relativa, marzo de 1979 o 1980), presentaba un balance de la situación laboral en las grandes industrias (100 empresas) donde existieron conflictos obreros antes del golpe militar de 1976 (merma de producción, suspensiones, despidos, sabotajes, ocupaciones, atentados a directivos). El título del documento es: Principales establecimientos fabril-industriales de la Provincia de Buenos Aires que han sufrido estados conflictivos y posible infiltración subversiva. En la introducción hace referencia a los desaparecidos (1). Incluye un anexo con nómina de activistas, indicando la militancia de los delegados y de las comisiones internas, si se han detectado “acciones de BDT” (bandas de delincuentes terroristas, ERP, Montoneros) y la presencia de organizaciones políticas marxistas (“OPM”, “células del PC, PCR, PST”). Además indica los niveles de “infiltración” entre las comisiones internas, delegados y bases.

A partir de 1980, los legajos confeccionados por la DIPBA en el sector gremial registran una conflictividad obrera en ascenso, y además una preocupación por los datos económicos, las situaciones recesivas en las fábricas y la desocupación. Estos legajos incluyen distintos tipos de documentos. Esto explica el porqué se mantiene relativamente alto el nivel represivo, si bien se torna más selectivo. Un documento de la DIPBA del 5 de octubre de 1979, señala que “en el rubro automotor, ante la escasez de mano de obra registrada, se ha incorporado a activistas que dentro de dos años podrán ser elegidos como dirigentes”. En este documento se requiere a todas las delegaciones una nómina de activistas consignando los antecedentes de los mismos. A la luz de la documentación mencionada previamente debería quedar claro que la solicitud cuenta con la colaboración empresaria y de los agentes ubicados dentro de las empresas.

Conclusión

La investigación realizada comprueba dos cuestiones vinculadas entre sí. La primera es que el movimiento obrero fue un blanco central en las políticas del régimen dictatorial y que éste contó con la activa colaboración del empresariado. Así la infiltración de los lugares de trabajo, la desaparición y la tortura de activistas no podrían haber sido realizadas sin la colaboración de los dueños y los gerentes de las fábricas. En este sentido es importante remarcar cuánto tiene que avanzar aun la justicia y el respeto por los derechos humanos en la Argentina: han sido juzgados y condenados numerosos militares, pero ni uno sólo de los civiles empresarios involucrados.

Por otro lado, debe quedar en claro que hubo una resistencia obrera a la dictadura. Es común leer y escuchar, ambos explícita e implícitamente, la noción de que la Junta Militar argentina tuvo que ceder el retorno a la democracia, en 1983, “como resultado de la Guerra de las Malvinas” y porque “no podían arreglar la bancarrota del país”. En ambos conceptos está implícita la idea de que los militares concedieron la democracia y que se retiraron del poder por su propia incompetencia. De hecho, dirían estos analistas que la clase obrera y el pueblo fueron derrotados y que si fuera por éstos todavía estaría la dictadura en el poder. En todos los casos hacen alusión a los ejemplos de Chile y Uruguay para demostrar pueblos que si lucharon contra sus dictaduras.

Disentir de esta hipótesis no es tarea fácil, no sólo por que la han sustentado distintos y muy brillantes exponentes que la han difundido y defendido como funcional a la reconstrucción de una democracia electoral, sino porque (como toda idea hegemónica) encierra elementos de verdad que dificulta visualizar la realidad. Es correcto que el antecedente directo que llevó a la retirada de los militares fue la derrota de las Malvinas. Asimismo, es cierto que la lucha de la clase obrera argentina no tuvo la intensidad y organización de las de otros pueblos. Pero la realidad ha sido muchísimo más compleja. La posición política que minimiza, o descarta, el papel de la clase obrera en la caída de la dictadura tiene su base en un profundo derrotismo y desprecio de todas las luchas que se desarrollaron, en condiciones sumamente difíciles, durante la dictadura. Al mismo tiempo apuntan a desarmar a la clase obrera y a negarle la posibilidad de ser, una vez más, un protagonista central en el desarrollo histórico argentino. En síntesis, es una posición que, escondida tras un falso electoralismo, encierra la profunda convicción que la clase obrera y el pueblo no tienen futuro porque han retrocedido en conciencia gracias a la derrota. Por ende, hay que aceptar lo inevitable y en vez de reivindicar un mundo mejor y más humano, sin explotadores ni explotados, nos plantean que lo único posible es este capitalismo: malo pero lo mejor de lo posible.

Son muchos los factores que se conjugaron para lograr el retorno a la democracia electoral en 1983. La crisis mundial del capitalismo fue uno de los aspectos más importantes, puesto que dificultó el acceso masivo a capitales de inversión productiva que requería Martínez de Hoz y al mismo tiempo favoreció la especulación cortoplacista y endeudadora. La solidaridad internacional fue importantísima para desgastar moralmente a la Dictadura y bloquearle ciertos recursos; como por ejemplo, se logró que se cortara la ayuda militar de los Estados Unidos. Más importante aun fueron las expresiones de resistencia del conjunto del pueblo argentino a pesar del terrorismo de estado: los asalariados realizaron numerosas huelgas y sabotajes; hubo toma de municipalidades como la rebelión de la municipalidad de Lanús en 1982; los productores del Alto Valle de Río Negro realizaron varias movilizaciones; las expresiones culturales subterráneas sirvieron para gestar y mantener un espíritu opositor; y hubo un denodada resistencia política que abarcó desde las Madres de la Plaza de Mayo, hasta el activismo de izquierda y algunos, muy contados políticos como el peronista Vicente Leónidas Saadi, el radical Luis León o el intransigente Oscar Alende. Pero lo fundamental en todo esto fue el papel que jugó la clase obrera que se relacionó con todos los otros factores y constituyó la base material de los mismos.

Es cierto que por sí sola, toda esta actividad no fue la razón de la caída de la dictadura. Es cierto, además, que la derrota de las Malvinas aceleró el proceso hacia la democracia electoral. Pero también es cierto que hubo una resistencia obrera golpeada y con problemas organizativos, que dificultó la aplicación del plan económico y se presentó como un tremendo escollo al éxito de la Dictadura.

Que esta actividad no fue generalizada en la sociedad argentina y que no logró fusionarse con la de otros sectores sociales y transformarse en un sostenido auge de masas es indiscutible veinte años más tarde. Para que esto hubiera ocurrido hacía falta que la izquierda hubiera sobrevivido a la dictadura con capacidad organizativa y con una política revolucionaria. La resistencia obrera careció de un proyecto político propio y tuvo un carácter anárquico y espontáneo, pero fue fundamental para el fracaso del régimen. Esta resistencia le restó legitimidad a la Junta y puso límites a su libertad para aplicar en profundidad su proyecto. Sólo así se puede comprender el fracaso del plan económico de la dictadura y su necesidad de una “fuga hacia delante” a través de la guerra de Malvinas.

* Agradecemos la ayuda de Marisa Gallego en este relevamiento del archivo de la DIPBA.

Notas

1. “Las personas que se mencionan en el anexo como activistas en la actualidad no se puede precisar con certeza si mantienen su condición, si han dejado de lado ese accionar, o si han desaparecido de su lugar de trabajo”.







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