Política

LEY DE FINANCIMIENTO A LA CIENCIA

Lo que nadie quiere discutir: la injerencia del sector privado en la ciencia pública

En la madrugada obtuvo media sanción la nueva Ley de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Por qué el oficialismo y la oposición de Cambiemos acordaron por unanimidad el voto positivo a esta Ley? Creemos que el beneficio al sector privado empresarial es la clave para responder esta pregunta.

Santiago Benítez

Dr. en Biología - Conicet - @santiagombv1

Luciana Nogueira

Lic. en Psicología y doctora en Historia

Viernes 12 de febrero | 18:59

Ciencia empresaria: Hugo Sigman junto a Alberto Fernández y Axel Kicilloff

Más allá de que esta aprobación implica un aumento en el porcentaje del PBI destinado a la ciencia pública con respecto a 2020, lo cierto es que el mismo es ínfimo en los años que restan a la gestión de Alberto Fernández, y no llega a superar al porcentaje que se mantuvo durante el macrismo, como mostraremos más abajo. Sin embargo, interesa discutir el destino de ese aumento en el presupuesto científico, que implica directamente la orientación de la política científica nacional.

Ciencia para quién

Esto fue lo que Nicolas del Caño destacó en su intervención durante el tratamiento y votación de esta ley en el Congreso, ya que en el nuevo proyecto de ley hay repetidas alusiones al fomento de la participación del sector privado en la ciencia pública, tales como la “transferencia de tecnología”, “generar incentivos para la inversión del sector privado”, “estimular la generación de divisas mediante la exportación”, entre otras.

El proyecto aprobado estipula en uno de sus incisos “Generar incentivos para la inversión del sector privado en actividades que involucren la investigación, el desarrollo y la innovación, fomentando el desarrollo de empresas de base tecnológica y la creación de aglomerados productivos destinados a generar bienes y servicios intensivos en conocimiento”.

Esta orientación de la ciencia para el beneficio del capital privado no es nueva, y ya se encontraba en el corazón del Plan Argentina Innovadora 2020, el cual planteaba directamente aumentar el presupuesto científico mediante el incremento de la participación del sector privado en el financiamiento, hasta llegar al 50% de participación “en el mejor escenario”. Es también la orientación que encontramos en los planes estratégicos para CONICET elaborados durante el gobierno de Mauricio Macri y de los adelantos del Plan 2030 que se han conocido hasta ahora, y que, por supuesto, tuvieron su símbolo en la continuidad de Lino Barañao al frente del área

Este punto es el que comparte el oficialismo peronista y la oposición: la aceptación acrítica de que sean las grandes empresas las que dirijan y obtengan beneficios de la producción científica nacional. Actualmente no solo continúan subsidiándose proyectos de investigación presentados por el sector privado desde el Estado, sino que se permite que luego estas mismas empresas restrinjan la socialización de los avances generados, como sucede actualmente con las vacunas contra el COVID y con tantas otras patentes. Como expresó el diputado Nicolás del Caño en el congreso: “todo esto forma parte de un modelo científico donde el costo de la investigación es socializado y realizado por instituciones públicas pero al momento de llegar a un producto comercializable se entrega a manos privadas.”

Argentina no es ajena a este modelo, con innumerables muestras de concesiones al capital privado mediante acuerdos entre grandes empresas y organismos o universidades públicas. Basta nombrar los convenios existentes con empresas como Bioceres, Syngenta, Bayer, Glaxo o el grupo Insud; o el derrotero de la generación de test para covid, subsidiados millonariamente por el Estado para quedar en manos de empresas privadas (Chemstrip, Covidar, CovidArx). Los intereses de estos empresarios incluso tienen voz y voto en organismos como CONICET, donde miembros de sus directorio son elegidos por las patronales del agromodelo y de la industria.

A su vez, ni el oficialismo ni la oposición discuten el impacto ambiental negativo que generan las actividades de estas empresas, en algunos casos, conglomerados que incluyen o combinan el agronegocio, la megaminería, el fracking y la industria farmacéutica. Investigaciones que terminan “mejorando” la falta de agua potable en amplísimos territorios, la contaminación de ríos, lagos y arroyos, de pueblos enteros fumigados con agrotóxicos, bosques incendiados como sucede hoy en el Bolsón, etc., son las consecuencias inmediatas de este extractivismo financiado y fomentado por el Estado, con el cual las grandes empresas obtienen ganancias millonarias y el pueblo trabajador no obtiene sino peores condiciones de vida que se agravan día a día.

Este impacto ambiental de las multinacionales es la principal causa de que desde el 2020 se viva una pandemia mundial, y la única perspectiva es que este tipo de fenómenos continúen y se multipliquen de continuar con este modelo.

Las vacas flacas de la ciencia

El proyecto que obtuvo media sanción en Diputados posee como antecedentes los proyectos presentados por el diputado José Luis Riccardo (UCR) y la diputada Claudia Bernazza (FdT). El primero establecía un aumento progresivo del presupuesto de CyT comenzando con el 0,60% del PBI en 2021 hasta llegar al 3% en 2035, mientras el segundo pretendía comenzar con 0,30% en 2021 para llegar al 1% en 2030.

El lo que fue finalmente aprobado es menos ambicioso que estos antecedentes como indicó el diputado del Caño en el recinto. Pretende destinar el 0,28% del PBI a la función ciencia y técnica en 2021 para llegar al 1% recién en 2032. En el corto plazo, el presupuesto asignado a la función CyT recién alcanzará los niveles de 2015, previos al macrismo, en 2024. Es decir que por lo que queda del mandato de Alberto Fernandez el presupuesto se mantendrá en los estándares “macristas”.

Hay que analizar, hasta qué punto el incremento presupuestario planteado aliviará la ya pésima situación del sector. Basta recordar que los salarios de los trabajadores científicos están en sus niveles más bajos en décadas. Para poner un ejemplo, los ingresos de un investigador de CONICET se ubicarán en mayo de 2021 (con el ingreso de la última cuota de la paritaria 2020) en un 46% por debajo de lo que ganaban en 2015, mientra que en el caso de los becarios del organismo la caída es del 30%. Demás está decir que esta suma no alcanza para terminar con la precarización laboral que viven más de la mitad de las y los trabajadores de la ciencia, no solo en CONICET sino en otros organismos del Estado. Para reflejar esta crisis, también se puede señalar que en enero se dieron resultados de becas y los otorgamiento fueron en términos absolutos y relativos menores al 2019.

El debate que nos debemos

La inversión en investigación por una empresa, que este proyecto pretende fortalecer mediante aportes públicos, es ya una forma de invertir capital para maximizar la ganancia empresaria. Ya conocemos los intereses de estas grandes empresas, ligados al desarrollo del agromodelo, megaminería, industria farmacéutica y fracking. ¿Qué expectativa hay de resolver problemas sociales urgentes como vivienda, trabajo, ambiente o salud pública a partir de la transferencia al sector privado?

Para que la ciencia pública se ponga al servicio de las necesidades del pueblo, los fondos deben provenir de arcas estatales, por eso entre otras cosas proponemos el No pago de la Deuda Externa y que ese dinero se destine, entre otras cosas, a financiar la investigación científica nacional, debatida democráticamente y de cara a las verdaderas necesidades de la población.







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