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Red Internacional

A pocos días de las elecciones legislativas, con una crisis social histórica como escenario de fondo, los candidatos de la oposición de derecha utilizan el crimen horrendo de un quiosquero para desempolvar recetas ya aplicadas que lejos de solucionar el problema, lo agravaron. Las consecuencias de más policías en la calle.

Rosa D'Alesio@rosaquiara

Daniel Satur@saturnetroc

Martes 9 de noviembre | 12:20

El crimen del quiosquero Roberto Sabo este fin de semana en Ramos Mejía puso de relieve el fracaso de las llamadas políticas de “seguridad”. Sólo tomando el último cuarto de siglo, período que arranca con las “leyes Blumberg” -cuando bajo el gobierno de Néstor Kirchner el Congreso de la Nación votó un pliego de medidas que endurecieron el Código Penal-, los resultados fueron más gravosos.

Desde entonces han aumentado la población carcelaria, los casos de gatillo fácil contra los sectores más vulnerables, sin lograr los supuestos objetivos que se proponen legisladores y gobernantes. El grueso de los hechos que se ubican en la llamada “inseguridad” continúan en aumento a la par de la profundización de la crisis económico-social.

En tanto los políticos y funcionarios de las coaliciones de derecha y oficialistas -como Sergio Berni y Sergio Massa-, junto a las empresas de comunicación, agitan un discurso securitario y punitivista porque lo pide "la gente". En realidad son ellos los que construyen y agitan esa demanda para que aparezca como una demanda social mayoritaria, porque son estos políticos los que no tienen una salida de fondo de las causas de la violencia urbana: la desocupación y la pobreza.

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Aníbal Fernández, que desde que asumió la conducción del Ministerio de Seguridad de la Nación intenta separarse de los discursos represivos, insistió en otro de los puntos que se repiten en todas las campañas contra la “inseguridad”.

El funcionario habló sobre las acciones concretas del Gobierno en La Matanza: “Estamos analizando punto por punto la mejor forma de estar presentes. Las fuerzas (federales) están y ayer envié 500 efectivos más”, sostuvo y agregó: “Estamos trabajando hace 20 días y yo hace 40 que estoy en la actividad. Ojalá hubiéramos llegado a poder prevenir esta situación”.

Es decir que insiste en aplicar la receta que es parte del problema.

La inseguridad es la misma Policía

No hay analista de economía o de política, sea de la extracción ideológica que sea, que no afirme que la crisis social que atraviesa Argentina es descomunal, con cuatro de cada diez habitantes del país que son pobres. En el caso de niñas, niños y adolescentes, es decir en las generaciones del futuro, esos índices alcanzan cifras récord y el hambre es moneda corriente.

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Mientras nadie niega la pobreza y la desesperación de millones, desde el poder se perpetúan las políticas que no hacen más que agravar la situación.
Las llamadas políticas de “seguridad”, con matices en los discursos dependiendo quién hable pero sin grieta al momento de definir “qué hay que hacer”, se inscriben en el objetivo de mantener a raya a esos millones de pobres.

La relación entre crisis social y discurso securitario es tan “natural” como histórica. Cuanto más gente es condenada a subsistir en condiciones infrahumanas, a comer de la basura, a vivir de las “sobras” de otras porciones de la sociedad, más se fomenta desde los centros de poder y las corporaciones mediáticas la idea de que de la entraña de esos sectores marginalizados surge la amenaza de más robos, violencia y crímenes. Y allí corren presurosos los gerentes del sistema para cumplir con el mandato de “más seguridad”, lo que en términos capitalistas es más policías, más patrulleros, más gente en las cárceles, más control social.

Pero transitando la quinta década de esta “democracia” para ricos, queda demostrado de forma palmaria que un mayor fortalecimiento del aparato armado del Estado, un mayor endurecimiento del Código Penal y aumento exponencial de la tecnología de control -cámaras, radares, alarmas- y de represión -armas, móviles, tropas de élite- no sólo no derivaron en una vida más “segura” para las mayorías sino que no sirvieron para prevenir ni impedir las más diversas formas del delito. Sobre todo del delito que, por su propia condición de ilegalidad, deja ganancias hipermillonarias.

¿No habrá, entonces, una relación directa entre la existencia de esos aparatos represivos estatales y las dinámicas del gran delito y el crimen organizado? Una pregunta simple que, sin embargo, está prácticamente ausente en las columnas y análisis de las grandes empresas periodísticas.

Es innegable que cuando la degradación social crece, producto de las políticas aplicadas desde el Estado, crece también el caldo de cultivo para la proliferación de la “ilegalidad” y de hechos de violencia calificados como “delitos” por el Código Penal, desde robos menores al voleo en las calles hasta crímenes brutales. Y cuando los hechos se cuentan de a montones en un país o una región, culpar a los últimos eslabones de la cadena es, cuanto menos, un acto de hipocresía extrema.

En este diario se relatan cotidianamente hechos donde policías, gendarmes, prefectos y agentes penitenciarios organizan o integran bandas criminales. A veces los hechos trascienden la agenda pública y se producen “purgas” en las cúpulas de las fuerzas al tiempo que se promete más “profesionalización”. Eso sí, por más que las pruebas estén a la vista, el “problema de la inseguridad” se sigue enfocando en quienes, desesperados por escapar de la miseria, son la carne de cañón de un sistema perverso.

Desde las oficinas gubernamentales planifican más control social, lo que deriva en más poder de fuego en manos de las tropas que ejercen el gatillo fácil, las torturas y hasta las desapariciones forzadas. Pero el “delito” no baja en las estadísticas y las pantallas se siguen llenando de entraderas, salideras, tiros y muerte.

Gendarmes al acecho, narcopolicías y represión al pueblo trabajador

En 2011, cuando Daniel Scioli cumplía el primero de sus dos mandatos al frente del Ejecutivo bonaerense, la Policía provincial tenía alrededor de 60 mil efectivos, varios miles más de cuando asumió en 2007. Su gestión terminó en 2015 con unos 90.000. María Eugenia Vidal no quiso ser menos y siguió sumando tropas. Y Berni, ya se sabe qué piensa y qué quiere. Ese ejército de 100.000 mujeres y hombres armados tuvo un crecimiento mucho mayor, proporcionalmente, que la población de la provincia. Sin embargo, como un loop interminable, gobierne quien gobierne, la campaña de la “inseguridad” se reaviva todo el tiempo y los editoriales de las corporaciones mediáticas no dejan de pedir más y más policía.

La misma Policía que coimea en las rutas y calles, que verduguea a las pibas y los pibes en los barrios, que protege y se asocia a los narcos, a las redes de trata y demás negocios ilegales, es la que reparte palos, gases y balas cuando despedidos por patrones chupasangre cortan una calle pidiendo trabajo, cuando familias sin nada ocupan tierras abandonadas para construirse una casilla o cuando jóvenes cultivadores de cannabis exigen el fin de la persecución y el encarcelamiento.

Curiosamente, este diagnóstico constatable con solo caminar el conurbano bonaerense o cualquier gran ciudad de la provincia, parece no existir para periodistas, intelectuales y formadores de opinión “progresistas”. Los mismos que se desgañitan alertando sobre el “avance de la derecha”, en referencia al macrismo o los llamados “libertarios”, conviven como si nada -¡y llaman a votarlos!- con personajes como Sergio Berni o Aníbal Fernández, cultores del fortalecimiento del aparato represivo -criminal- del Estado.

*Parte de este texto pertenece a un artículo ya publicado el pasado 11 de octubre




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