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Liliana, una muerte evitable que genera mucha bronca

El caso de Liliana, la docente que convaleció en su casa por falta de atención médica y falleció poco después de ser internada a causa de una neumonía, deja al descubierto años de desfinanciamiento de la salud pública y el vaciamiento del Apross por parte del Gobierno provincial. Una muerte evitable de la cual el Estado es responsable.

Cecilia Ruiz

Delegada escolar UEPC | Agrupación Docentes D-Base

Jueves 9 de abril | 18:49

Una docente de 44 años de edad, que vivía en Villa Giardino falleció en La Falda después de estar más de una semana con fiebre. El seguro social que corresponde a los empleados estatales (APROSS) no garantizó la atención porque sus síntomas no eran los del Covid-19. Sin revisarla, realizar estudios, o testeo alguno, solo le recomendaron tomar paracetamol y quedarse en su casa. Cuando la internaron, ya era tarde por el avanzado cuadro de neumonía.

No la atendieron porque están priorizando cuidados intensivos y esto es porque nuestro sistema de salud se encuentra gravemente desfinanciado. Llegando a ser gravísima la situación en toda la provincia y mas crítica aún en el interior. Así, tendremos que esperar un desastre sanitario cuando los contagios lleguen al pico previsto. Dado que lo precario del sector público queda aún más saturado por la ausencia de la obra social.

No es la primera vez que una compañera docente pierde la vida por la desidia del Estado, por el abandono, los recortes y la falta de inversión en el sistema educativo y de la salud, incluyendo a sus trabajadores y trabajadoras, que se encuentran en su mayoría en una total precariedad.

Es en estos momentos cuando la rabia ya no se aguanta más y el esfuerzo cotidiano de ponerle el cuerpo a la educación, más en estos tiempos de sobrecarga laboral, pierde sentido. Porque ya no aguantamos más y decimos: ¡Basta! El Estado es responsable.

“Después de 9 días de agonía por el sistema de salud, finalmente me llevan a internar. Besos a todos”

Ese fue el último tweet de Liliana. Leerlo da escalofríos. Debajo de este, cientos de comentarios reflejan la bronca y la impotencia: “Esto es intragable”; “Murió por abandono”, dicen algunos.

El abandono de un Estado que desfinancia el sistema de salud desde hace años y que en momentos de pandemia y de crisis sanitaria, empieza a cobrarse la vida de las y los que dependemos de él.

Liliana era afiliada a Apross, el Administración Provincial del Seguro de Salud, que ni siquiera es una Obra Social y que en el interior de la provincia, como en el caso de Villa Giardino, de donde era Liliana, funciona aún peor.

El hecho rápidamente recorrió las redes sociales. Allí nos fuimos enterando de que en todo momento se podría haber evitado, más allá de las medidas específicas que se tomaron en el sistema de salud por el COVID-19. Se trata también del desfinanciamiento y ajuste al sistema de salud pública y de seguridad social que año tras año realizan gobierno tras gobierno, recortando el presupuesto en salud, recortando el personal, precarizando a las y los trabajadores que en muchos casos tienen una triple jornada laboral para poder llegar a fin de mes.

El caso de Liliana es una muestra de que los gobiernos tanto municipales, provinciales y nacionales, tienen que tomar medidas urgentes, para enfrentar esta emergencia sanitaria, para que dejemos de ser las y los trabajadores y nuestras familias las que perdamos seres queridos porque no llegó la atención médica necesaria, ni los test masivos necesarios para diagnosticar correctamente a la población.

Ayer le tocó a ella, pero sabemos que en esta situación su caso se puede multiplicar y no podemos naturalizarlo.

Se tiene que triplicar el presupuesto en salud, poniendo impuestos a las grandes fortunas y afectando las ganancias de los bancos, que nunca pierden, y las empresas que siguen haciendo negocio con esta crisis.

Es necesario que nuestro sindicato se ponga a la cabeza de esta exigencia, y la conducción de UEPC se pronuncie sobre este caso.

Hoy Liliana somos todas y todos los trabajadores de la educación.

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El Gobierno y la obra social son responsables. Exigimos que el gobierno, el APROSS y la UEPC activen los mecanismos y los medios para que les trabajadores tengamos la atención que corresponde. Ahora en la pandemia y frente a todos los casos en que lo necesitemos.

UEPC como representante legal de todo el colectivo docente de la provincia de Córdoba debe intervenir efectivamente en la defensa de nuestro derecho a la salud.







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