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Red Internacional

La noticia se hizo conocida durante el fin de semana. Decenas de organizaciones de mujeres y profesionales de salud reclaman contra la decisión llevada adelante por el gobierno provincial y la Ministra de Salud Silvia Martorano.

Lunes 6 de junio | 20:38
Foto: Ministerio de Salud

En los últimos días se dio a conocer que la “Ley de los 1000 días” será implementada por la Fundación Padre Ignacio. Recordemos que esta Ley fue votada en el Congreso Nacional en el mismo debate que aprobó la legalización del aborto en diciembre del 2020. La misma contempla el cuidado y atención integral durante los meses de gestación y los tres primeros años de vida de las y los niños.

Para la implementación de la Ley el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe dio a conocer a través de sus medios oficiales que la entidad que estará a cargo de la implementación será la Fundación Padre Ignacio. El acuerdo contempla una extensión por doce meses y no tardó en despertar duras críticas y repudios.

La Asociación Santafesina de Medicina General y Familiar cuestionó el convenio afirmando que “las políticas de salud deben ser laicas y estar atravesadas por el enfoque de derechos humanos y las perspectivas de género y diversidad”. En el mismo comunicado agregan: “Son harto conocidas las distintas estrategias que los sectores religiosos, en particular la iglesia católica, han implementado para obstruir el avance de los derechos para las mujeres y disidencias sexogenéricas, así como su persistente posición en torno a reproducir los estereotipos de género, negar el acceso a la información en materia de derechos sexuales y reproductivos”.

Desde el Comité Feminista Ante la Emergencia Sanitaria también se pronunciaron a través de un comunicado que critica y repudia lo informado por el gobierno provincial: “Es la institución eclesiástica la que sistemáticamente pretende disciplinar el cuerpo de las mujeres y personas gestantes y nuestras decisiones hace siglos”.

A la polémica también se sumó la izquierda, cuya referente Irene Gamboa declaró: “El convenio firmado entre el Ministerio de Salud de Santa Fe y la Asociación Padre Ignacio sienta un precedente muy grave. El gobierno de Omar Perotti le da la llave a esta institución oscurantista para que siga interfiriendo en la implementación de políticas públicas de cuidado y de seguro en nuestras vidas privadas. La Iglesia se ha opuesto a todos los reclamos del movimiento de mujeres y LGTBI: el matrimonio igualitario, la legalización del aborto, la implementación de Ley de Educación Sexual Integral. Con este convenio el gobierno de Perotti le permite a esta institución anti-derechos que interfiera en el cuidado de mujeres y personas gestantes en situación de vulnerabilidad y de niñas y niños menores de tres años. Ni hablar del alerta que despiertan las conocidas denuncias por abuso a menores que han sido ocultas por la misma institución".




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