×
×
Red Internacional

Redoblar la movilización. Ley de Humedales: hubo dictamen, pero el lobby empresarial sigue marcando agenda

Juntos por el Cambio logró dictamen de mayoría. Este sector venía presionando a favor de los intereses empresarios. El Frente de Todos presentó modificaciones al proyecto que tenía consenso de las organizaciones ambientalistas. La izquierda denunció la presión de grandes mineras, el agronegocio y los gobernadores

Escuchá esta nota
Jueves 10 de noviembre | 17:45
Foto: Sebastián Granata

Luego de la fallida convocatoria de la semana pasada, este jueves se volvió a reunir el Plenario de Comisiones para tratar el dictamen de la Ley de Humedales.

En esta oportunidad, Juntos por el Cambio dio quórum y presentó un dictamen consensuado de su espacio, apoyando el proyecto presentado por Ximena García (UCR), diputada santafesina y Maximiliano Ferraro (CC), diputado por CABA. Este dictamen tuvo la mayoría de firmas, apoyado por JxC y Córdoba Federal (del Interbloque Federal).

Por su parte, el proyecto del Frente de Todos salió como dictamen de minoría, apoyado por Socialistas e Identidad Bonaerense (Interbloque Federal) y Provincias Unidas. Del oficialismo se ausentaron alrededor de una decena de diputados y diputadas de La Rioja, Catamarca y San Juan, a pedido de sus gobernadores. Sin este auxilio de las provincias del norte, Juntos no hubiera obtenido el dictamen de mayoría.

De todas manera, el proyecto del Frente de Todos presenta modificaciones al consensuado por centenares de organizaciones ambientales y de los territorios, pero a lo largo de dos horas de debate en la comisión, ningún diputado del espacio oficialista explicó concretamente cuáles eran los cambios.

Eduardo Toniolli (FDT, Santa Fe) tan solo dijo que "el dictamen recoge el ’espíritu’ del dictamen consensuado". En este sentido, tanto la diputada Romina del Pla (PO-FIT) como Nicolás del Caño (PTS-FIT) del bloque del Frente de Izquierda, que presentaron un proyecto propio pero acompañan el consensuado por las organizaciones, se refirieron a la legítima preocupación de las comunidades por los posibles cambios de las dos fuerzas mayoritarias en favor del lobby de las mineras y del agronegocio.

Del Caño insistió en la necesidad de "redoblar la movilización", recordando que "estas comisiones surgieron a partir de que la población en Rosario y en otras ciudades cercanas se estaban asfixiando, y porque hubo movilizaciones masivas, se planteó esta discusión pero se quiere quitar el contenido principal en estos dictámenes".

Remarcó también que la movilización "es la única manera que podamos tener una ley que realmente sea de protección de los humedales, le dé participación a las comunidades y a las asambleas socioambientales", por eso convocó a redoblar la organización " porque es el único camino, como se demostró en la derrota a los intentos de avanzar contra la ley 7722 en Mendoza, como se demostró en Chubut también frenando la megamineria, también el Atlanticazo en Mar del Plata y en otras ciudades costeras contra la exploración off shore. Tenemos ejemplos de cuál es el camino y la confianza del Frente de Izqueirda esté en esa movilización y en esa organización".

Por su parte, Leonardo Grosso (FdT), presidente de la Comisión de Recursos Naturales, saludó los acuerdos entre ambos dictámenes de las fuerzas mayoritarias, en relación a la definición de humedal, del inventario, las restricciones, moratorias y la autoridad de aplicación. Sin embargo, al menos el dictamen de Juntos tiene grandes diferencias respecto al proyecto consensuado.

Con una marcada impronta productivista, Ferraro (CC) se refirió al dictamen de JxC como una proyecto que tiene "un equilibrio lógico, razonable a través de un abordaje de la diversidad de situación que existen de los humedales a lo largo y ancho del país [...] establece lineamientos para encauzar las tensiones que sabemos que hay, económicas, sociales y ambientales, inherentes a la gestión del territorio".

A diferencia de la ley consensuada por las organizaciones ambientales, en la que el ordenamiento de humedales se realiza a nivel nacional en conjunto con las jurisdicciones provinciales, el proyecto de Juntos por el Cambio estipula que cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizarán su propio inventario y lo aprobarán mediante ley provincial o de la ciudad. Esto habilita que cada provincia defina qué considera un humedal más allá de los criterios generales de la ley, y les otorga el poder de fiscalización y control. Algo particularmente peligroso para los humedales altoandinos y en particular los salares, amenazados por la minería contaminante de litio.

Pero aún más grave es la diferencia respecto a las actividades habilitadas en los humedales. El proyecto consensuado es muy claro respecto a qué se puede hacer y qué no en un humedal. El de Juntos no dice nada respecto de esto, tan solo estipula una “restricción” sin más detalle para las “Áreas de Alto Valor de Conservación”:

"El Ordenamiento Territorial de Humedales incluirá la delimitación de Áreas de Alto Valor de Conservación a los fines de preservar su valor intrínseco y los servicios ecosistémicos que brindan. Estas zonas podrán ser objeto de investigación científica, ecoturismo y uso racional preexistente por parte de las comunidades locales previo aprobación del Plan de Manejo Sostenible. Queda restringida cualquier actividad que pueda poner en riesgo la integridad ecológica del humedal.”

Es decir, en los hechos, habilita los cambios en el uso del suelo "cuando la Autoridad Competente determine que no se verán afectadas significativamente (sic) sus características ecológicas". En este punto, deja de ser importante la definición de humedal y cualquier consenso al respecto, porque la protección te la debo...

Lo único que sí "protege" este proyecto con la ambigua formulación de "restricción" son las Áreas de Conservación, y sobre este punto, el diputado Jorge Vara (UCR, Corriente) pidió que estas áreas no representen más del 20 % de la superficie provincial. Es un recorte en toda la línea a la pelea que vienen dando las organizaciones socioambientales. Veamos la diferencia frente a lo que estipula el proyecto consensuado por más de 200 organizaciones, dice explícitamente:

“Queda prohibida toda intervención en los humedales sin la previa aprobación por parte de la autoridad competente, de la EIA -Evaluación de Impacto Ambiental- las que mínimamente deberán contemplar, sin desmedro del conjunto de evaluaciones que cada jurisdicción aplique, la consideración de los siguientes procesos y/o actividades:

  •  La afectación de masas forestales que sean componentes del humedal;
  •  La implementación de prácticas que generen vías de escurrimiento artificiales, tales como canales, acequias, trasvasamientos, etc.;
  •  El movimiento de suelos cualquiera sea su fin;
  •  La alteración de líneas de costa y/o ribera;
  •  La instalación de cualquier infraestructura que pueda modificar el régimen hidrológico;
  •  La construcción de pólders, terraplenes, bordos, albardones o estructuras similares que modifiquen la libre circulación del agua;
  •  La construcción de represas o endicamientos de cualquier escala;
  •  El volcamiento de efluentes, desechos, desperdicios o cualquier otro elemento o sustancia extraños al humedal que pueda resultar contaminante o que modifique sus parámetros estructurales o de funcionamiento;
  •  El desvío, rectificación o modificación de los cursos de agua que pueda alterar las vías naturales de avenamiento del humedal;
  •  El dragado y refulado, así como la extracción de arenas silíceas o sedimentos; o el alteo de suelos con materiales propios del área o transportados desde fuera a tal fin;
  •  La introducción de especies exóticas -no nativas- con cualquier fin ya sea recreativo, productivo, deportivo, etc.;
  •  Las actividades que impliquen monocultivos, cultivos intensivos y/o agricultura industrial.
  •  Las prácticas recreativas o de turismo cuya modalidad, escala o frecuencia pongan en riesgo el ciclo vital del ecosistema, la vida y salud humana, o alteren la integridad ecológica del humedal;
  •  El cambio de uso del suelo;
  •  La simplificación ecosistémica, tal como la implementación de prácticas antrópicas ara favorecer el predominio y la generalización de algunas especies por sobre otras, aún siendo autóctonas;
  •  La exploración y explotación minera e hidrocarburífera o con presencia de reservas para fracking.
  •  La privatización y alteración del ciclo eco-hidromórfico de las áreas de propagación o crecimiento aluvional.
  •  La firma de las mismas por parte de profesionales debidamente registrados y
    matriculados.”

    Entre las "pequeñas" modificaciones del nuevo dictamen presentado por Grosso y el Frente de Todos, se elimina la prohibición por "restricciones y límites" y este artículo se modifica estipulando que "Toda intervención en los humedales exigirá de la previa aprobación por parte de la Autoridad Competente de la EIA". Una concesión que reduce los alcances de la propuesta original y habilita maniobras por parte de quienes promueven actividades depredatorias.

    La Ley original, que defienden las comunidades y asambleas sociambientales, solo puede conseguirse con la movilización independientemente, para imponer su aprobación a las dos grandes coaliciones del Frente de Todos y a Juntos por el Cambio, que no tienen grieta en su defensa del extractivismo y el saqueo de nuestros bienes naturales.


  • Comentarios

    DEJAR COMENTARIO


    Destacados del día

    Últimas noticias

    Ley-de-Humedales-hubo-dictamen-pero-el-lobby-empresarial-sigue-marcando-agenda