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Red Internacional

La Red de de Bosques, Política y Territorio organizó una jornada de reflexión sobre la implementación de la ley que protege a los bosques nativos de Argentina. Profundizamos sobre las dificultades que enfrenta la protección de los bosques.

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Jueves 17 de noviembre | 10:53

Este lunes 14 se realizó en el auditorio del Centro Científico Tecnológico Córdoba los “Diálogos a 15 años de la Ley n° 26331 de bosques nativos”, bajo el lema “¿qué ley tenemos y qué ley necesitamos?”. Este evento, impulsado por la Red de Bosques, Política y Territorios intentó indagar sobre los avances y las dificultades que enfrentó y enfrenta el proceso de implementación de esta ley, marcada en la mayoría de las provincias por conflictos socio-ambientales.

En el encuentro participaron representantes de organizaciones no gubernamentales, académicas, comunidades campesinas y pueblos originarios, organizados en mesas de debate en torno a el balance de la implementación de la ley, los procesos de actualización de los ordenamientos territoriales previstos por la ley y si existe necesidad de modificar esta norma.

Para recordar, Ley Nacional de Bosques n° 26.331 establece los presupuestos mínimos destinados a la protección, enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos; respetando y reconociendo las comunidades campesinas e indígenas que en ellos viven. Cada provincia reglamenta un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), siguiendo las líneas de la ley Nacional y en base a tres categorías de conservación:

  • Categoría I. Rojo: Muy alto valor de conservación. No deben transformarse. Su uso queda limitado a ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica.
  • Categoría II. Amarillo: Sectores de Mediano Valor de conservación. Su uso queda limitado a aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica.
  • Categoría III. Verde: Sectores de bajo valor de conservación. Pueden transformarse parcialmente o en su totalidad.

Esta ley crea además el fondo Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, el cual debería contar con un presupuesto mínimo anual equivalente al 0,3% del presupuesto nacional.

Sin embargo, desde su sanción la ley ha sufrido un desfinanciamiento sistemático y su implementación a través del ordenamiento territorial ha sido muy limitada y conflictiva. Los gobiernos nacional y provinciales han privilegiado de esta forma sus vínculos con el agronegocio y con otros sectores económicos como la minería y la especulación inmobiliaria, que avanza contra los remanentes de bosques nativos.

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Desde La Izquierda Diario dialogamos con algunos de los participantes de esta jornada: Cristian Schneider, uno de los organizadores; Dardo Tiddi, de Somos Monte Chaco; Ana Parellada, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Mirta Ñancuñao, werken de la comunidad Las Huaytecas y del Parlamento Mapuche de Río Negro.

LID. ¿Cuál es el objetivo de estas jornadas? y ¿Cuál es tu balance a los 15 años de la sanción de la ley de bosques?

Cristian Schneider. Fundamentalmente era darle continuidad a una actividad que ya se hizo por los 10 años de la ley de bosques, ya estamos por los 15 años, celebrando un hecho político de importancia, el de obtener esta ley, que significa toda una política sobre la conservación y protección de bosques. Pero a la vez, en una mirada crítica en función de lo que está ocurriendo con ese instrumento, con su aplicación desde el gobierno nacional y desde el gobierno provincial, en una perspectiva integradora de las miradas académicas, de las miradas territoriales de la comunidad y de la mirada de diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Justamente en función de esas voces son los aportes que se pretenden hacer para corregir algunos sentidos equivocados que se le está dando a ese instrumento, y resaltar las deudas que hay de implementación en una discusión que se en tres ejes diferentes: lo que ha sido la implementación de la ley, lo que está haciendo en función de ese implementación, los ordenamientos territoriales que se deben dar no sólo en una primera instancia, sino en su renovación cada cinco años y, en última instancia, lo que se está discutiendo en función de algunos aspectos magros de su implementación si es necesario o no modificarla. Si el problema está en que necesitamos otra ley o si el problema está en que por lo menos la ley que tenemos no la estamos instrumentando con los sentidos con las cuales se construyó o con los sentidos con los cuales necesitamos que se instrumente en los territorios.

Esto no es simplemente una reunión entre las voces que nos estamos entendiendo. Hay miradas muy diversas que se han dado en el día de hoy. No digo contrapuestas, pero sí muy diversas, pero sí que quede claro que estuvimos en las tratativas de que estuviera el gobierno provincial, la Secretaría de Ambiente y de que estuviera el gobierno nacional, el Ministerio de Ambiente de la Nación y hoy no estuvieron.

Esto también es un reflejo de lo que necesitamos que ocurra y no se está logrando, la voluntad política de escuchar a la sociedad civil, escuchar a los actores del territorio, de co- construcción de esta política en su implementación.

LID. Dardo, nos podrías contar brevemente cuál es la situación actual del ordenamiento territorial de bosques nativos en Chaco y, segundo, cuáles son las perspectivas de organización como para enfrentar esta situación.

Dardo Tiddi. Es una situación estancada en este momento, porque el gobernador que presentó el decreto 2157 no lo está retirando, pese a que varios legisladores han expresado el deseo de que se retire por ser evidentemente inconstitucional o problemático, el gobierno no lo ha retirado [NdR: este decreto establece la actualización del ordenamiento territorial de bosques en la provincia y ha sido ampliamente cuestionado por regresivo y por numerosas irregularidades]. Pese a esto, tampoco la Cámara lo está votando, con lo cual no lo está rechazando. No lo está aprobando y la actualización no está completa en cuanto sólo por ley se puede actualizar con un nuevo mapa.

Se empezó una acción de inconstitucionalidad sobre este decreto, pero hasta ahora la justicia tampoco está contestando. La noticia de hace pocas semanas atrás es que había dificultades en encontrar jueces que en este momento quisieran agarrar este caso. Con lo cual tenemos la situación estancada en los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Estamos esperando a ver cuáles de estos tres poderes va a accionar. Aparentemente, por ahora, ninguno de los tres va a cambiar la situación, por eso digo que es una situación grave y estancada. Por lo que ahora sigue vigente el ordenamiento territorial del 2009, pero estamos a la espera de ver qué pasa.

¿Cuáles perspectivas tenemos? seguir organizándonos, difundiendo para ejercer la presión, para que al menos uno de los tres poderes empiece a actuar. Y revertir este decreto ilegal. De ahí en adelante pelear por un mapa progresivo que cumpla con lo que son las resoluciones del COFEMA [Consejo Federal del Medio Ambiente] y construir un consenso, tanto dentro de la provincia como fuera, para las modificaciones que consideramos que son necesarias. Por ejemplo acabar con desmonte ilegal. Estos son los próximos objetivos, pero realmente vamos a seguir de muy cerca lo que va a pasar en Chaco con la actualización, pero también estamos abiertos a ver qué pasará a nivel nacional.

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LID. Ana, ¿cómo pensás que el recorte en el presupuesto para la ley de bosque afecta su correcta implementación?

Ana Perellada. Creo que es importante marcar que simplemente la ley puede ser mejorada a través de destinar los fondos que le corresponden del presupuesto del presupuesto nacional, que es el 0,3%. Desde el inicio de la sanción de la ley siempre estuvo muy por debajo de este 0,3% y creemos que destinar ese monto va a ayudar a que se destraben muchas de las deficiencias que hay en la implementación de la ley, como lo que tiene que ver con el proceso de ordenamiento del territorio y fortalecimiento de las capacidades tanto de las autoridades nacionales como de las autoridades provinciales, que son quienes deben de aplicar todo lo que tiene que ver con los planes de manejo

LID. ¿Cómo ha sido la participación de las comunidades originarias en los procesos de ordenamiento de bosques o de ordenamiento territorial?

Mirta Ñancuñao.
Prácticamente nula, por lo menos del pueblo mapuche y considero que de otros pueblos también ha sido de la misma forma. Nos costó mucho que nos incluyan, lo hicimos medio que forzando para estar. Pero después nos dimos cuenta que no era el mecanismo de que seamos muchos de nosotros. Había representación de uno porque era uno por asociación y quedamos solos ahí y era muy poco lo que se podía aportar.

Y después, casi nula participación porque los territorios nuestros no están reconocidos por el Estado y en general están en conflicto con terceros. Es más, tenemos parado un proceso de un plan de manejo preliminar que se hizo un área protegida, porque parte del territorio está afectado por un área protegida que se llama Las Huaytekas. Forzadamente, adecuaron el plan de manejo que había armado del Estado, y ahí tuvimos participación porque estábamos en el medio del conflicto. Las Huaytekas es un bosque, se podría decir milenario y único. No es tan grande, son unas 200 hectáreas y está sobre un mallín. Es un humedal importante con turberas.

Pero nos ingresó al territorio un emprendimiento inmobiliario, lotearon y lo que quiere el emprendimiento, porque todavía no se termina el conflicto, es drenar el mallín para abastecer de agua a esas 60 cabañas. Entonces lo que a nosotros nos costó horrores ,por meses, poner tranquera, denuncias de todo tipo hasta que bueno de la Universidad del Comahue y gente que tenía profesionales, nos pudieron dar una mano para poder denunciar científicamente. En ese sentido, después se hizo un proceso para un plan de manejo que no lo armó la comunidad, pero fuimos parte porque abarca más territorio del que tenemos como comunidad.

Quedó parado desde 2014 y no quieren volver porque hay terceros adentro con conflictos con nosotros. También están los pinos, las implantaciones de pino que están estropeando, van compitiendo con las nativas, está absorbiendo un montón de agua, sumado al cambio climático porque todo el agua va en retroceso. ¿Cuántos años han pasado? Y hasta ahora no hay posibilidad de que nosotros podamos presentarnos porque te exigen la tenencia de la tierra y no la tenemos.

Tenemos el relevamiento territorial por la [ley nacional] 26.160. Eso es otra cuestión, que creímos que con la 26.160 íbamos a tener una participación activa dentro de la ley de bosques y no es así. No nos reconocen el territorio porque lo que quieren ellos es el título y sacar, digamos, los conflictos que tenemos en todo el territorio.

Algunas reflexiones.

Es clave recordar que la sanción de la ley de bosques, en el año 2007, fue fruto de la presión pública y popular, y fue intensamente debatida en el parlamento. Sin embargo, su implementación ha estado limitada incluso en sus aspectos más básicos, como la realización y actualización de los mapas de ordenamiento provincial o en la asignación de partidas presupuestarias.

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Se puede entrever que, al ser una ley que pone límites al modelo de extractivismo salvaje por parte del agronegocio de nuestro país, no son un simple descuido las múltiples falencias que acarrea desde su sanción. Si no más bien una decisión política de los gobiernos de turno: nacionales, provinciales y municipales, los cuales hacen guiño a los responsables de los desmontes ilegales, impulsan ordenamientos territoriales inconstitucionales y se respaldan en estudios de impacto ambiental de dudosa aprobación. Inclusive menguando y desplazando la participación de las comunidades en la toma de decisiones que afectan trascendentalmente el ambiente en el que viven. O respondiendo con represión cuando estas comunidades deciden reclamar por su voz no escuchada y manifestarse contra estas irregularidades.

Por lo que es importante recalcar que, de lograrse una modificación progresiva de esta ley o que se avance sustancialmente en su implementación, no va a ser por voluntad de los gobiernos de turno, sino por la organización y movilización desde abajo.


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