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Ley 26.160: asesinatos indígenas, desalojos y relevamiento territorial fallido

La ley 26.160 suspende los desalojos de comunidades indígenas y ordena el relevamiento de las tierras ocupadas por ellas. Con un presupuesto de $ 60 millones dispuestos para la aplicación de esta ley, hasta 2013 solo fueron relevadas el 24% de las comunidades.

Sábado 6 de diciembre de 2014 | Edición del día

Foto: Radio Comunitaria La Voz Indígena

Esta ley, sancionada en el año 2006, fue presentada por el kirchnerismo como un medio para “operativizar los derechos indígenas tan declamados como desconocidos en la práctica”. Esta parte del “relato” que involucra a los pueblos y naciones preexistentes al Estado argentino, se diluye cuando durante los últimos diez años, semana tras semana, se denuncian represiones y desalojos ordenadas por la Justicia y ejecutada por las policías provinciales. Es que en un país cuya economía se basa en la producción de materia prima, los que gobiernan son los grandes señores del agro y el petróleo.

¿Qué es la ley 26.160?

La Ley 26.160 fue impulsada por la entonces senadora Alicia Kirchner. Esta ley declara la emergencia por el término de cuatro años en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, suspendiendo todo proceso tendiente a desalojarlas, y ordena la realización de un Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de las tierras actualmente ocupadas por ellas, que debía realizarse en un plazo de tres años. Para tal fin, se creó un fondo de 30 millones de pesos (10 millones por cada año que se suponía iba a durar el relevamiento) a los efectos de la aplicación de la ley, y se estableció que sería el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) el responsable de todo el proceso.

El INAI debía ejecutar el programa de Relevamiento Territorial de las Comunidades Indígenas (RETECI), promoviendo la asistencia del Consejo de Participación Indígena (CPI), universidades, entidades del Estado nacional y provincial, institutos indígenas y ONGs. Los objetivos del programa RETECI eran: formar conciencia social acerca de los alcances de la ley, relevar la organización comunitaria y los aspectos socio-productivos; verificar la ocupación actual, dar cuenta de los antecedentes sobre tenencia de la tierra y ocupación de los predios; relevar los territorios con GPS y volcarlos en un soporte SIG (Sistema Jaguar). El producto final del relevamiento era una carpeta técnica por comunidad.

A fines del año 2009, como los plazos no habían sido cumplidos, una nueva ley, la 26.554, prorroga la suspensión de desalojos y la realización del relevamiento hasta el 23 de noviembre de 2013, y destina 10 millones de pesos adicionales por cada uno de los tres años posteriores a su sanción. En 2013, con la sanción de la ley 26.894 se determina que la norma operará hasta noviembre de 2017.

Inejecución de la ley 26.160

En el año 2013, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) presenta un informe titulado “Advertencia sobre la inejecución de la ley 26.160”. En el mismo da cuenta del escaso nivel de ejecución del programa en contraste con la alta utilización de recursos económicos. Este trabajo cuenta con la adhesión de organizaciones indígenas y de derechos humanos.

El mismo sostiene que, de acuerdo a los datos brindados de manera aislada por el INAI, “del total del presupuesto del relevamiento ($ 60 millones) se ha verificado al menos la utilización del 76,41% del mismo ($ 45.847.32763) para el relevamiento de solo el 24% del total de las comunidades, de las cuales únicamente el 12,48% del total ha sido concluido efectivamente”.

Este documento también denuncia “la transferencia de $ 22.329.339 a la Universidad de Lanús, por asesoramiento”, sin que pueda certificarse de qué manera se realizó la contraprestación, concluyendo que esta suma fue “gastada por fuera de las normas y controles de la administración pública”.

El estudio de ENDEPA muestra que el mayor retraso en la aplicación del programa de relevamiento por parte del INAI se da en las provincias con más conflictividad territorial como Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Neuquén, en donde reside el 65 por ciento del total de comunidades indígenas del país.

Un claro ejemplo de ello es lo acontecido el pasado 7 de noviembre en la provincia de Salta. Ese día la Infantería irrumpió violentamente en el territorio de cuatro comunidades pertenecientes a los pueblos guaraní, wichi, weenhayek, IOGYS.

Desalojó a más de 30 familias. Adultos, niños y ancianos fueron caratulados por la Justicia como “usurpadores”. Los golpearon, destruyeron sus casas, tiraron sus pertenencias al basurero municipal. Los abogados y dirigentes días previos denunciaron la violación de la ley 26.160. A pesar de ello, y de que una de estas comunidades se encontraba dentro del programa que esta ley prevé, el desalojo se llevó a cabo para “reintegrar el inmueble” en favor de la señora María Monserrat Talesio, conocida empresaria de Tartagal.

Días después del desalojo, Ana Pérez, anciana wichi que sufría una enfermedad terminal y que fue dejada a la intemperie rodeada de policías, muere en un hospital público de Orán. Esta muerte puede considerarse una más en la larga cadena de asesinatos de miembros de comunidades por conflictos territoriales durante la última década. La ley 26.160, empleada como caballito de batalla por los gobiernos y sus adeptos indígenas, ha resultado ser solo un fraude más.







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