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DEBATES

Legalización, ¿sí o no? Un debate en la izquierda

Rosa D'Alesio

@rosaquiara

Viernes 13 de mayo de 2016 | Edición del día

El crimen social de cinco jóvenes en Costa Salguero, reactualizó el debate sobre el negocio del tráfico ilegal de drogas y el consumo. A los pocos días, la Marcha Mundial de la Marihuana mostró, en Buenos Aires y las principales ciudades del país, la respuesta masiva de un amplio movimiento de la juventud contra la criminalización a los consumidores y cultivos individuales.

El PTS y su juventud participaron junto a Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Patricio Del Corro, y la misma semana la banca del PTS en el FIT presentó en la Cámara de Diputados el único proyecto de Ley sobre la Legalización de la marihuana.

En la izquierda se abrió un debate. Una delegación del PO fue a la Marcha, pero planteando “despenalización”, sin apoyar nuestro reclamo de legalización ni el proyecto de Myriam Bregman en el Congreso. Consecuentes con ello, militantes del PO en las redes sociales se oponen a la legalización. Marcelo Ramal agrede, sin causa, en Prensa Obrera a nuestro compañero y legislador en CABA Patricio del Corro porque “en la sesión de la Legislatura porteña que debatió el tema Time Warp, el “consumo responsable” fue reivindicado, no por los diputados de las fuerzas del régimen, sino por el diputado del PTS”.

Despenalizar, pero ¿mantener la prohibición?

¿A qué se debe esta oposición del PO a la legalización? ¿No es acaso parte de la política para combatir tanto el narcotráfico como el reforzamiento represivo del Estado que se apoya en ese negocio?

Los compañeros plantean, básicamente, dos argumentos. Uno es que la legalización no significa terminar con el negocio del narcotráfico, sino que, por el contrario, es una política imperialista para “transparentar” el negocio. Sostienen que “El planteo del “control de daños” se inscribe en una tendencia internacional en favor del blanqueo de la producción y consumo de drogas, que fogonean un grupo definido de voceros y corporaciones. De Lehman Brothers (2008) para acá, el dinero del narcotráfico ha jugado todo un papel en el rescate del capital en quiebra. (…) Un sector del capital quiere ‘transparentar’ estos mecanismos de rescate, para percibir impuestos del narconegocio y sustraerlo del mundo de los paraísos fiscales y bancas “off shore”. (Prensa Obrera)

Pero son sectores minoritarios de las corporaciones capitalistas que proponen la legalización. Mucho antes de la crisis internacional de 2008, y no sólo desde el momento del rescate a los bancos, el dinero del narcotráfico ingresa a la economía formal con mecanismos financieros, abasteciendo de capitales a empresarios, gobiernos y campañas de políticos. El propio Senado de los EE.UU., en el 2000, dijo que los bancos norteamericanos y europeos (prácticamente ausentes en los Panamá Papers) lavaron entre 500.000 millones y 1 billón de dólares anuales provenientes del crimen. Pero la política imperialista continúa siendo, aún en crisis, la doctrina Nixon: “guerra contra las drogas” (como da cuenta la Ley Antiterrorista que, por orden de la embajada de EE.UU., hizo votar Cristina Kirchner). La última reunión de la ONU de abril de este año, contra lo que afirma el PO, hasta se negó a apoyar políticas de “reducción de daños” propuestas por el comité científico que participó.

En segundo lugar, los compañeros sostienen: “Nuestra lucha por la despenalización -y por el desmantelamiento del aparato represivo entrelazado orgánicamente con el narcotráfico- no puede confundirse con la apología de la droga, que busca liquidar a la juventud como factor transformador de una organización social que, para sobrevivir, criminaliza sus propias finanzas y ramas económicas”, como argumenta Marcelo Ramal.

Es una obviedad que bajo el capitalismo de ninguna manera hay solución a los grandes males que produce, justamente, el capitalismo en descomposición. Pero no coincidimos con el PO en que el planteo de legalización es irrelevante.
Carlos Marx ya señalaba, en el conflicto entre China e Inglaterra en la Guerra del Opio, que “si el gobierno chino legalizase el comercio del opio y, al mismo tiempo, admitiera en China el cultivo de la adormidera, el tesoro anglo-indio se arruinaría sin duda” (“La historia del comercio de opio”, New York Tribune, 20 de septiembre de 1858).

Es evidente que la legalización de todas las drogas sería una medida elemental para desbaratar las redes entre mafias, empresarios y Estados de esta sangrienta “rama de la producción” capitalista. El PO niega ésto. Frente al gran negocio del narcotráfico, proclaman una salida maximalista. Dado que la “libertad individual” es una ficción bajo estos condicionamientos sociales, no tiene sentido ningún programa transicional que apunte a desenmascarar el rol de los Estados y la clase empresarial en este negocio del crimen, más que augurar el fin de este sistema. 

Paradójicamente, su programa concreto está limitado a una medida minima de “libertad individual”, la despenalización del consumo. Lo cual es elemental sostener pero que, desligada de la legalización de su venta y producción en función socialmente controlada, resulta una mera defensa de la “libertad de consumo”: lo que supuestamente el PO pretende combatir. Es como si durante la vigencia de la llamada “Ley Seca” en EE.UU., que prohibió la venta y el consumo de alcohol, nos limitáramos a reclamar que no se penalice al consumidor; pero avaláramos la prohibición (como las parroquias lo hacían “contra el satán del alcoholismo”), que fue lo que permitió que las mafias en Norteamérica vendieran a altos precios en el mercado negro un whisky que intoxicaba a sectores bajos de la población.

En una perspectiva de fondo

La prohibición de la producción y comercialización de sustancias psicoactivas, beneficia a un puñado de capitalistas que recaudan anualmente más de 500 billones de dólares a nivel mundial. En nuestro país, si bien no existen los grandes carteles, las bandas dedicadas a la venta de sustancias ilegales -que recluta a jóvenes para hacer el “trabajo sucio” como los llamados “soldaditos” en Rosario- están asociados a empresarios, a los que administran los puertos, los banqueros que blanquean sus ganancias, políticos, jueces y las “malditas policías”.

Hasta que no se logre la emancipación del trabajo asalariado, la conquista de derechos individuales será limitada. Pero nuestra tarea es develar este entramado ante las masas explotadas para favorecer su movilización en la perspectiva del autogobierno de los trabajadores y el pueblo. Junto a la legalización de las drogas, planteamos medidas para poner en jaque este negocio de criminales. Terminar con el blanqueo de capitales y el contrabando internacional de drogas, mediante la nacionalización de la banca, el comercio exterior y los puertos aduaneros bajo control de los trabajadores.







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