Impunidad y espionaje

Las revelaciones del “archivo Castiglioni”

La formación de la Comisión Investigadora de la Cámara de diputados en noviembre de 2016 a consecuencia de la divulgación por parte de Brecha de parte del llamado “archivo Castiglioni” deja al descubierto la impunidad con que militares continuaron realizando espionaje en democracia.

Domingo 29 de enero de 2017 | 22:00

Sin una real voluntad política de investigar y más bien como consecuencia de la imposibilidad de tapar los escandalosos descubrimientos que contienen estos archivos, el sistema político heredero del Pacto del Club Naval muestra así la complicidad con la impunidad que tolera y habilita prácticas de inteligencia y persecución a políticos y gremialistas.

El voluminoso archivo (65 cajas de papel, 500 disquetes y más de 100 CDs) reúne documentos oficiales, registros de seguimientos y notas de Castiglioni que llegan al 2015, es decir que los aparatos de inteligencia militar continuaron operando más de 30 años luego del retorno democrático.

Elmer Castiglioni, además de docente del (Centro de Altos Estudios Nacionales CALEN) fue el vocero del Foro Libertad y Concordia. Esta organización se ha destacado por hacer una abierta defensa de golpistas y torturadores, siempre bajo la mirada tolerante de los distintos partidos políticos que fueron gobierno (colorados, blancos y frenteamplistas), que fueron incapaces de dictar mínimas sanciones ante diversas declaraciones de reivindicación de la dictadura y el terrorismo de Estado.

50 años de espionaje

Los peritos Isabel wschebor y Alvaro Rico expusieron ante la Comisión investigadora el pasado mes y explicaron que Castiglioni luego de ser dado de baja en 2006 mantenía en su domicilio abundante documentación que abarcaba el periodo 1968-2015.

Junto a documentos calificados como reservados hay recortes de prensa, audios e informes nacionales e internacionales sobre distintos temas. El archivo cuenta con información sobre lo sucedido en dictadura, y también sobre el periodo democrático, mostrando la continuidad de estas prácticas aún luego del retorno de la democracia.
Los documentos revelan, entre otras cosas, la presencia en Uruguay de Licio Gelli, líder de la logia Propaganda Due, organización criminal italiana con vínculos con todo el sistema político italiano y que varios miembros de la masonería uruguaya fueron también miembros de la logia.

Castiglioni también mostró su interés por la situación en Centroamérica (Nicaragua, Cuba, etc.), por la organización separatista vasca ETA y por el caso Berrios, militar pinochetista que fabricaba armas letales y fue asesinado por militares chilenos y uruguayos.

Se comprobó además que los archivos tienen información que llega al año 2015 con documentos referidos al plebiscito del 2009 por la derogación de la ley de Caducidad, referencias a actividades de políticos y gremialistas y posiciones de los partidos sobre diversos temas.

Hay que hacer públicos los archivos

La existencia del archivo “Castiglioni” revela que existe documentación sobre el pasado reciente en poder de las Fuerzas Armadas y los organismos de inteligencia.

Existe valiosa información oculta, además de la que ya sabemos que existe en el Archivo General de la Nación (el llamado archivo Berrutti que está bajo cláusulas de secreto amparadas en la ley de información) así como otras fuentes documentales. Incluso se reveló que durante el juicio de Roma, el estado uruguayo utilizó pruebas que había negado aportar para procesos judiciales que hubieron en Uruguay y que tampoco nunca las puso a disposición de los familiares.

El gobierno uruguayo, así como los partidos de la derecha tradicional que también fueron gobierno, son también responsables de la falta de datos y de que mucha información aún continúe siendo secreta.

Sucesos como estos muestran la hipocresía del régimen político uruguayo donde el propio vicepresidente Raul Sendic dice sentirse decepcionado por la absolución de los represores, pero a la vez forma parte de un gobierno que obstaculiza el acceso a documentos e información que pueden servir como pruebas irrefutables para condenar a los militares y civiles involucrados.






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