Política

EDITORIAL

Las reglas de la razón punitiva

La crisis social que se agrava, los empresarios que imponen sus intereses y la construcción de un enemigo con un clásico: el punitivismo. Editorial “El Círculo Rojo”, programa de La Izquierda Diario que se emite los domingos de 21 a 23 h por Radio Con Vos, 89.9.

Fernando Rosso

@RossoFer

Domingo 3 de mayo de 2020 | Edición del día

  •  La que pasó fue la semana más crítica para el Gobierno desde el comienzo de la cuarentena porque emergieron varios problemas políticos que tienen una contradicción de fondo: la que existe entre el aislamiento masivo obligatorio y los problemas económicos-sociales que derivan de esa medida. Claro, siempre teniendo en cuenta que la lógica es no tocar sustancialmente intereses que podrían darle solución a alguno de esos problemas.
  •  Esto hizo que salte el primer fusible dentro de los funcionarios del Gobierno (la partida de Alejandro Vanoli de la Anses) y que emergiera la contradicción entre Alberto Fernández y los gobernadores, que se presentó como una diferencia en torno a las “salidas recreativas”, pero que encierra un problema mayor: cómo se ejecuta la salida de la cuarentena y en quiénes recaen las responsabilidades. Por último, se revelaron importes diferencias dentro de la coalición gobernante alrededor varias de estas cuestiones. Un dato que recordó precisamente que es un gobierno de coalición.
  •  Mientras tanto, la crisis social no deja de golpear, la inflación no se detiene y, en general, las consecuencias las están pagando los de siempre. La última novedad en este sentido, fue el acuerdo entre la UIA y la CGT que autorizó la rebaja generalizada de salarios. Un acuerdo que fue homologado por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
  •  Cuando se produjeron los despidos masivos en Techint, dijimos que la letra de los “papeles” y decretos parecía letra muerta ante la realidad de la práctica empresaria. La cuestión es que el Decreto de Necesidad y Urgencia 297 del 20 de marzo de 2020 que dispuso el aislamiento social estableció en su artículo 8° que durante su vigencia “los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales”. Sin embargo, el nuevo DNU (329) que prohibió los despidos y suspensiones introdujo el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite que se pueda arribar a acuerdos individuales o colectivos debidamente homologados que convierten en “no remunerativo” lo percibido. Es decir, que aun cuando las suspensiones por fuerza mayor están prohibidas por el DNU 329/20, en virtud de este acuerdo se legitima la reducción de hasta un 25 % el salario, gracias al artículo de una ley menemista. Me hizo acordar a una gran definición de Marx en El 18 Brumario de Luis Bonaparte: “Cada artículo de la Constitución contiene, en efecto, su propia antítesis, su propia cámara alta y su propia cámara baja. En la frase general, la libertad; en el comentario adicional, la anulación de la libertad.” En este caso, condensado en dos decretos.
  •  Tenemos como resultado que al agravamiento de todas las condiciones de vida de la población pobre en general, se suma ahora el territorio liberado para la rebaja general de salarios de los empleados y empleadas formales (alrededor de seis millones).
  •  En este marco general, irrumpió la cuestión de la situación de las personas privadas de su libertad en el marco de la pandemia, su utilización por parte de la prensa empresarial que derivó en el cacerolazo del jueves pasado.
  •  Sobre esto hay que distinguir por lo menos tres niveles:

    En lo inmediato, un grave problema sanitario, básicamente porque las cárceles superpobladas y en las condiciones en las que se encuentran se transforman en un peligroso foco de contagio, no sólo para la población carcelaria, sino para la sociedad. Es un tema que se aborda en todo el mundo y contra las fakes news que circularon acá en muchos países se mandaron a su casa a personas que habían cometido delitos no graves: en EEUU, el Sistema Federal dio la orden de que los reclusos mayores de 60 años no condenados por delitos violentos o sexuales dejen los penales y se favoreció así a 2.000 de los 170.000 detenidos. Otro tanto fueron liberados por los estados locales porque la gran mayoría están bajo esa órbita. Se calculan unos 16.000 presos liberados en todo el país. El gobierno británico planea poner en libertad a 4.000 presos de centros penitenciarios de Inglaterra y Gales. En México, el Senado aprobó una ley de amnistía para liberar a miles de presos. De mínima podrían obtener la libertad más de 2.000 y como máximo 6 mil reclusos, también hubo medidas así en Chile y otros países.

    El segundo aspecto es estructural y tiene que ver con quienes habitan las cárceles, cuáles son las condiciones más generales edilicias y cuáles los delitos que cometieron la mayoría de quienes están detenidos. En una muy buena intervención en la Legislatura porteña, Myriam Bregman ofreció algunas cifras: en los penales federales aproximadamente un 40 % de los presos que ocupan las cárceles están detenidos por violación a la legislación que tiene que ver con las drogas; casos que incluyen muy pocos narcotraficantes y muchos por narcomenudeo. Otro 40 % están allí por delitos relacionados con el derecho de la propiedad. Por homicidios culposos, estos asesinos de los que tanto se habla, no llegan al 6 %. Por delitos contra la integridad física, más o menos la misma proporción, 5,5 %.

    Relacionado con eso, en tercer lugar, estuvo el uso estrictamente político e ideológico de esta delicada cuestión, impulsado por las corporaciones mediáticas y la oposición de derecha para construir un nuevo enemigo público. Desviar el malestar de la población trabajadora en general y de la clase media, hacia el fervor punitivista contra los marginados del sistema. Hacen responsable de todos los males a quienes están privados de su libertad, impulsados a actos delictivos por la situación de marginación. Porque si bien tiene algo de verdad ese lugar común que usa la derecha y que dice que “no todos los pobres salen a robar”, también es cierto que hay una relación directa entre situación de pobreza y quienes terminan detenidos en las cárceles.

  •  Sectores del Gobierno denuncian, efectivamente, que es una campaña mediática, empresaria etc.; sin embargo, las respuestas generales fueron desde descargar la cuestión sobre la Justicia (Alberto Fernández, Marcela Losardo), hasta quienes se subieron con entusiasmo a la ola punitivista: desde el infaltable Sergio Massa hasta el inefable Sergio Berni. Uno, preside la cámara de Diputados y el otro es el secretario de Seguridad de la provincia más importante, Buenos Aires.
  •  Siempre el resultado de todas estas operaciones es el mismo: el aumento del punitivismo contra los pobres y mayores poderes para las fuerzas de seguridad (FFSS). Esto deja dos grandes responsables impunes: institucionalmente a esas mismas FFSS que en la inmensa mayoría de los casos son las garantes u organizadoras de la gran industria del delito, sin la cual el pequeño delito no podría existir. Y socialmente, deja fuera del horizonte de la bronca social a los responsables últimos y principales de esta situación: empresarios, banqueros y los dueños del país.
  •  Es el enemigo ideal perfecto para esconder al enemigo real camuflado.
  •  El viernes se conmemoró un nuevo aniversario del Día Internacional de los Trabajadores en homenaje a quienes pasaron a la historia como los “Mártires de Chicago”. En su alegato final, antes de ser asesinado, uno de ellos, George Engel afirmó: “Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes sus amigos”. Ese mandato imprescriptible sigue más vigente que nunca.




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