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Red Internacional

Una radiografía del oro negro en Chubut: las desigualdades entre las ganancias que genera el petróleo, la economía provincial atada al valor de los commodities, la dependencia del capital extranjero y la precariedad de la vida obrera en la cuenca petrolera del golfo San Jorge.

Viernes 11 de junio | 01:09

En menos de 45 días dos fueron las muertes de trabajadores petroleros en Chubut, siendo la última el pasado 7 de junio, la de Pedro Carrillo de 32 años. Se plantea la necesidad de, al decir de Marx, “socavar todas las bases del estado político existente”. La primera evidencia es que ante el aumento en la actividad hidrocarburífera y la flexibilización laboral el resultado es el incremento en los “accidentes” y muertes: auténticos crìmenes patronales.

Con ganancias que son multimillonarias, la producción mensual excede ampliamente los costos destinados a salarios para operadores y contratistas. Las mismas, tampoco se reflejan en inversión para mejorar las condiciones de trabajo que según denuncian sus propios trabajadores genera un aumento de los accidentes laborales.

Paro de petroleros y camioneros ante el crimen laboral de un petrolero en Chubut

Como dice Fernando Luna, de la agrupación naranja petrolera y trabajador de Shell “el Frente de Izquierda plantea que ‘nuestras vidas valen más que sus ganancias’, no es una frase vacía, es una necesidad de cada uno de nosotros que estamos expuestos cotidianamente a estos riesgos por la sed de ganancia de la empresa. En el caso de los trabajadores del convenio petrolero se ve claramente que las ganancias multimillonarias están basadas en la explotación cada vez más violenta de los trabajadores, de los recursos y del ambiente”. Situación que se expuso aún más en la pandemia, donde no se paró ni un minuto de producir a costa de la exposición al covid de todos los trabajadores.

Los dos trabajadores muertos, crímenes laborales, son producto de la tercerización que existe en la industria petrolera. Las grandes empresas como YPF (40% del crudo y 30% del gas), Pan American Energy (20% y 14%, respectivamente), Total y Tecpetrol (10% del gas cada una) que tienen la concesión de las áreas hidrocarburíferas de la provincia tienen, relativamente, pocos empleados ya que tercerizan a empresas de servicios la mayor parte de las tareas. Pese a que son trabajadores caracterizados por mejores condiciones salariales y de contratación que la de la mayoría de las trabajadoras y trabajadores, conlleva extraordinarias exigencias y riesgos.

Entre 1990 y 2007 el convenio colectivo se modificó siete veces. En este sentido se impuso con el aval y apoyo de los dirigentes de los sindicatos del sector la fragmentación, precarización y riesgo que implican largas jornadas de trabajo en condiciones climáticas adversas y con el peligro de perder el trabajo, agravado por la pandemia en curso.

Las enormes ganancias de las corporaciones petroleras que saquean los recursos hidrocarburíferos contrastan con la superexplotación de los trabajadores. Conforme pasan los años, la participación del petróleo en la matriz energética ha ido disminuyendo pasando de representar un 71,0% en los años 70’ a representar un 32,0% en el 2016. La producción de petróleo provincial representa un 30,2% de la producción total registrada en el territorio nacional. De las provincias que conforman la región Patagónica, la que mayores niveles de producción presenta, según datos del 2018 es Chubut.

Comodoro Rivadavia: La Dubai de la Patagonia

A 70 kilómetros de Comodoro Rivadavia se ubica Cerro Dragón, el yacimiento de petróleo convencional más grande del país, con una superficie equivalente a 17 veces la Capital Federal, que implica casi el 20% de la producción nacional.

Al amparo de la reforma constitucional de 1994 que delegó a las provincias el control de los recursos naturales, en 2007 el yacimiento fue concesionado hasta 2047 a Panamerican Energy (PAE), la principal operadora petrolera de Chubut y la segunda del país, detrás de YPF. Además, la mayor exportadora de crudo de la Argentina con la explotación del yacimiento Cerro Dragón. Está conformada por la ex-Bridas Corporation de la familia Bulgheroni (la segunda fortuna declarada más grande del país) y por la British Petroleum.

El grupo empresario tiene una facturación anual de 7.000 millones de dólares, y se suma la refinadora y comercializadora de combustibles Axion Energy. La PAE es el emporio petrolero de la familia Bulgheroni, que es la familia más rica del país concentrando 5400 millones de dólares según el Ranking de la Revista FORBES 2020.

Ya en 2007, los Autoconvocados por la Nacionalización del Petróleo decían ante el “Acuerdo para la Implementación de un Compromiso de Inversiones en Áreas Hidrocarburíferas de la Provincia del Chubut” que extendió la concesión de Cerro Dragón hasta 2047 que “la provincia del Chubut está por entregar por 40 años la concesión de su más importante yacimiento a la principal petrolera anglo-norteamericana, BP-AMOCO, mediante un contrato ambiguo, lleno de lagunas y omisiones. Está en juego un valor de extracción de petróleo y gas que equivale a toda la deuda externa argentina, ya que involucra ingresos futuros a favor de PAE de un mínimo de entre 94 y 111 mil millones de dólares, y un máximo entre 137 y 161 millones de dólares. Equivalen también nada menos que a entre 35 y 59 años del Producto Bruto Geográfico de la provincia de Chubut”.

Para tomar las ganancias de la empresa PAE, en medio de la crisis provincial, desde 2016 a 2019 aumentó nominalmente sus ingresos por ventas en un 308% y la compañía que menos aumentó sus ingresos por ventas fue la estatal YPF, en un 179%. Pan American Energy ganó unos 1.338 millones de dólares.

El año pasado ante la baja del precio del crudo, el gobierno nacional subsidió a estas empresas con el “barril criollo”. Las petroleras saludaron el Plan Gas del Gobierno, que fue “Una señal positiva para los privados”. Ya que pagó a 45 dólares el barril cuando en el mercado mundial no superaba los 20. Ellos siempre ganan, ayer con Macri, hoy con el Frente de Todos.

No hay que olvidar que producir un barril rondó históricamente los 15 dólares y durante décadas se vendieron entre 65 y 80 dólares. Las naftas obviamente se mantuvieron igual de caras que cuando el barril costaba el doble. Hoy que el barril sube, también suben las naftas.

La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, que festejaron esta medida, está integrada, entre otros socios menores, por YPF S.A., Pan American Energy (Bulgheroni), Total, Wintershall, Chevron, Pluspetrol, Tecpetrol-Techint (de Paolo Rocca), Pampa Energía (del marista Marcelo Mindlin) y CGC (de Eduardo Eurnekian). Las ganancias hipermillonarias de los pulpos petroleros fueron y son garantizadas por el Estado, gobierne quien gobierne.

Una historia ligada al petróleo

Quien dice Comodoro, piensa petróleo. Pocas son las ciudades argentinas que tienen una relación tan estrecha con su principal actividad económica como la ciudad más poblada de la provincia de Chubut.

Chubut puede clasificarse como una provincia petrolera, cuya situación económica depende del precio de este commodity. A fines de la década kirchnerista (2003-2013), con el “boom de las commodities”, las actividades petroleras contribuyeron aproximadamente en un 26% a los ingresos fiscales, 40% al PBI provincial y entre 40 y 60% a las exportaciones de Chubut. Además, la industria petrolera daba empleo de forma directa o indirecta (mediante servicios relacionados a la explotación del recurso) a 25.000 personas en Comodoro Rivadavia y otras localidades petroleras en el sur de la provincia. Por ejemplo, la municipalidad de Comodoro Rivadavia, depende en aproximadamente un 90% de la actividad petrolera. En 2015 el 16% de los ocupados en Comodoro Rivadavia - Rada Tilly trabajaba en el sector del petróleo. En base de datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia de Chubut.

La situación planteada con la producción petrolera en Comodoro Rivadavia es singular ya que es una cuenca que produce petróleo pesado, a cargo básicamente de dos compañías multinacionales, que exportan la producción en crudo, porque ese material no puede ser refinado en la Argentina, ya que no hay destilerías adecuadas.La amplia mayoría del petróleo extraído en Argentina se usa para el consumo nacional. De hecho, Chubut es la única provincia del país que exporta cantidades importantes de petróleo.

Según estimaciones actuales la Cuenca del Golfo San Jorge, zona de influencia de la ciudad Comodoro Rivadavia, cuenta con reservas comprobadas de aproximadamente 500 millones de barriles de petróleo e importantes yacimientos de hidrocarburos no convencionales.

La fraudulenta deuda chubutense, que se basa en la emisión -desde el año 2010- de bonos en dólares ofreciendo como garantía las regalías petroleras fue el inicio de la crisis provincial que se desató en 2018 y sigue hasta el presente. Ejemplo de este ciclo de endeudamiento y decadencia es que Chubut concluyó 2020 con un déficit de las cuentas públicas que ascendió a 18.920 millones de pesos.

En volumen, fue el saldo en rojo más grande de la historia, pero también el tercer peor déficit de los últimos diez años respecto de los ingresos. Mientras tanto, la pobreza atrapó a casi 122 mil personas y hundió a 20 mil en la indigencia. Ambos registros están en el podio de los peores de la década. En cinco años la pobreza y la indigencia se duplicaron en la provincia.

El aumento de regalías petroleras no cura todas las “enfermedades” de Chubut. Tampoco la megaminería

El peso de esta carga sobre la provincia de Chubut se aprecia mejor si tenemos en cuenta que las regalías petroleras que son del 12% representan más de un tercio de los ingresos del Estado provincial, y son superiores a la coparticipación federal y a la recaudación por impuestos propios.

El petróleo representa de manera directa más de un tercio del PBG (Producto Bruto Geográfico), pero su impacto “transversal” sobre el resto de las actividades económicas de la provincia lleva esa proporción a dos tercios. El mes de abril cerró con la mayor recaudación de ingresos de los últimos meses para las arcas de Chubut, principalmente a raíz de un nuevo aumento en las regalías petroleras.

En 2020 la recaudación total de regalías para Chubut fue de sólo 255 millones de dólares, frente a los 368 millones recaudados en 2019: una merma de 114 millones de dólares, de un período al otro. En marzo del 2021 aumentaron 90% las regalías. Es decir que la vida económica, política y social de Chubut depende de una industria que se mueve en base a dos variables que los gobiernos no controlan: el precio internacional del barril y el valor del tipo de cambio, que guían los niveles de producción de las operadoras.

Por eso, este 2021, con un barril a casi 70 dólares que alcanzó el crudo tipo Brent (que se toma como referencia en nuestro país) hay euforia en las empresas petroleras y en el Gobierno del Chubut. En este sentido, las provincias productoras de hidrocarburos tuvieron en marzo y abril un importante aporte a su recaudación por los ingresos de regalías, que en doce meses se incrementaron 282% en pesos, por la combinación de los ingresos en dólares.

De esta forma, las regalías convertidas a pesos alcanzaron a 9.169 millones, superando en $6.770 millones los ingresos de abril del año pasado y sumándose a la suba nominal y real de la recaudación provincial y nacional. Otro impulso vino del lado del aumento de la producción de petróleo, que con un alza interanual del 8,8% tuvo la primera variación positiva en trece meses.

Opulencia empresarial y flexibilidad laboral, las dos caras del petróleo

La falta de descanso de los trabajadores petroleros y las falencias en la infraestructura forman parte de las causas de los accidentes en la industria petrolera. En la provincia de Chubut la mayor parte de las jornadas laborales son de 12 horas de trabajo por 24 de descanso. De este modo, se dan diagramas que pueden resultar de 6 por 3, ó 2 por 1, de manera que al sumar el total de días trabajados en el mes, la proporción es de entre 19 y 20 días trabajados.

Desde la firma de los convenios flexibilizadores impulsados en conjunto por petroleras, los Gobiernos provinciales y nacionales, convenios denominados “de Vaca Muerta”, las conducciones del Sindicato del Petróleo y Gas Privado Guillermo Pereyra (Neuquén, Rio Negro y La Pampa) y Loma Ávila (Chubut) avalaron este aumentó exponencial de la precariedad laboral. No solo hablamos de que se trastocaron las condiciones salariales, sino que empeoró las condiciones de trabajo: algo que llevó a que en menos de un año sean 10 trabajadores fallecidos.

No podemos depositar confianza alguna, en esos empresarios, gobiernos y burocracias sindicales

Ante este negocio donde participan sin grieta los gobiernos, los empresarios y las conducciones sindicales, es necesario poner en pie una salida para imponerles que nuestras vidas, valen más que sus ganancias. Los Comités de Seguridad independientes, con representantes que se elijan democráticamente en asamblea (para que tengan voz los trabajadores en las decisiones de Seguridad e Higiene en cada lugar de trabajo) son el primer gran paso.

Así también, es de primer orden poner un impuesto progresivo a todas las empresas petroleras, que parta de los millones que amasaron durante todos estos años con nuestros recursos, y que sean puestos a disposición de paliar la crisis económica en la que nos han sumergido. Por ejemplo, la capacidad de reserva de la industria podría estar dotando de combustible libre tanto a todos los eslabones de los sistemas de salud, ambulancias, vehículos que trasladen personal médico y enfermeros así como energía para la maquinaria necesaria para el desarrollo de test, medicamentos y vacunas.

Es necesario derogar toda la legislación vigente en materia de hidrocarburos, incluyendo el andamiaje legal de la época de las privatizaciones menemistas, que aún sigue vigente en la actualidad. En el año 2014, Nicolás Del Caño presentó un proyecto en el congreso para nacionalizar los hidrocarburos bajo la empresa estatal YPF bajo control de una Comisión Nacional de Hidrocarburos con representación de trabajadores, comunidades originarias, técnicos y ambientalistas. En el mismo se planteaba la expropiación de las empresas concesionarias y la necesidad de destinar parte de lo recaudado a la reconversión de la matriz energética hacia tecnologías no contaminantes, prohibiendo explícitamente el fracking. Ninguna fuerza política política, a excepción del FIT Unidad, quiso dar esta discusión en el Congreso Nacional.




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