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TRANSPORTE PÚBLICO

Las ecobicis dejarán de ser gratuitas

El jueves pasado lo aprobó Legislatura porteña por iniciativa de Juntos por el Cambio. Aún no está determinada la tarifa. En el momento de mayor utilización de bicicletas en reemplazo del transporte público, el Gobierno las convierte en negocio.

Martes 24 de noviembre de 2020 | 14:42

Las tarifas se cobrarán bajo el siguiente esquema: los residentes en CABA podrán usarla gratis los primeros 30 minutos y hasta 4 veces por día durante los días hábiles y pagarán por su uso los fines de semana y feriados; mientras que los no residentes y turistas pagarán a diario por su uso. Con lo recaudado se creará un “Fondo para el Desarrollo de Microvilidad Sustentable” que financiará las obras e infraestructura, por el uso de las ecobicis y otros aportes como el sponsoreo de los equipos y guarderías. La normativa también incluye la creación de guarderías para bicicletas particulares en la vía pública y cerca de los centros de trasbordo.

Juan José Mendez, secretario de Transporte porteño expresó “queremos recuperar las 400 estaciones y las 4.000 bicicletas de acá a 12 o 18 meses. Esa es nuestra aspiración”. En tanto Felipe Miguel, jefe de Gabinete porteño, declaró que “este proyecto va a permitir generar más infraestructura y desarrollar el sistema público de bicicletas”. Ambos funcionarios omiten señalar el incumplimiento por parte de la concesionaria del servicio, y por otro lado que el financiamiento de esta ampliación ahora correrá por cuenta de los usuarios y vecinos de la Ciudad.

En 2018 la Legislatura sancionó un proyecto que habilitaba la concesión del Sistema Público de Bicicletas por un plazo de 10 años con la promesa de duplicar las estaciones llevándolas a 400, y de un aumento de 2500 a 4000 rodados disponibles, todo esto con la continuidad de su gratuidad.

La empresa que ganó la licitación es la brasilera Tembici, que brinda servicios similares en varias ciudades de Brasil y en Santiago de Chile. La firma cuenta con el sponsoreo de Mastercard y el Banco Itaú (vale aclarar que esa publicidad queda en las arcas de la concesionaria brasileña). Además, el gobierno porteño le paga un canon por “costos de mantenimiento” de $3.329.166 por mes, lo que en montos totales por la concesión de 10 años asciende a $470 millones.

En ese momento, la diputada Myriam Bregman (PTS-FIT) votó en contra y denunció que la iniciativa apunta a “ser parte de un sistema privatizador del servicio público (…) me llama la atención que digan que ‘es bueno que el servicio lo maneje un tercero’, todo lo que pueda ser un negocio lo convierten en eso”. Lejos de los números prometidos, actualmente el sistema tiene registrado actualmente unas 1000 bicicletas de las cuales solo funcionan 400, de esas 400 estaciones prometidas funcionan menos de 100.

En mayo de este año, el gobierno porteño implementó un aumento al pago por el uso de las ecobicis y restringió su uso gratuito a solo 30 minutos. Las sanciones por el uso mayor a los 30 minutos gratuitos van de los 10 hasta los 100 pesos por sobrepasarse hasta una hora. Luego si se continúa usando la bicicleta se cobran 30 pesos cada 5 minutos extra. Por eso también se implementó la obligatoriedad de registrarse en el sistema con una tarjeta de crédito para acceder al servicio y el posterior cobro de estas multas.

Esta iniciativa, además de premiar con un mecanismo de recaudación a la empresa concesionaria que no cumplió con su compromiso de extender las estaciones y bicicletas disponibles, es un nuevo ataque a quienes en su mayoría usan este servicio: trabajadores y estudiantes. Mostrando una vez más el afán recaudatorio del gobierno de Larreta y su predilección por favorecer los negocios privados.

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La medida también va de la mano con otras leyes sancionadas, como el nuevo proyecto de estacionamiento medido, impulsado por Juntos por El Cambio que obtuvo su aprobación también el pasado jueves. Esta ley ampliaría de 4.000 a 85.000 los espacios tarifados, aumentando 21 veces más las calles para cobrar estacionamiento.

Al respecto la diputada Alejandrina Barry (PTS-FIT) acompañó su voto en contra de la iniciativa aclarando que “esto no es más que transformar a la Ciudad en un estacionamiento pago al aire libre. Una privatización masiva del espacio público, cuyo único fin es recaudatorio”.

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