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Red Internacional

En el marco de la campaña por rectorado se realizó un conversatorio sobre el rol de la universidad frente a las problemáticas socioambientales junto a Bruno Rodríguez, referente de Jóvenes por el Clima. Algunos puntos para el debate.

Santiago Benítez Dr. en Biología - Conicet - @santiagombv1

Lunes 30 de mayo | 21:05

La actividad fue convocada la semana pasada como una reflexión entre distintas generaciones de activistas ambientales, voces universitarias y de organizaciones territoriales y culminó con un diálogo entre María Inés Peralta, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y candidata a vicerrectora por la lista “Vamos”, y Bruno Rodríguez, referente de Jóvenes por el Clima. Esta fue una apuesta importante para conocer los lineamientos de la política ambiental de la lista y de la agrupación, ambos representantes del denominado “campo popular” . Aquí vamos a detenernos en dos puntos, sobre la “tensión entre el desarrollo económico y la protección medioambiental” y en relación al impacto ambiental del pago de la deuda.

El extractivismo y el sello de la deuda externa

Sobre el primer punto, Rodríguez afirmaba: “Creo que a los militantes del movimiento socioambiental se nos coloca en un desafío muy importante, que es el pensar cómo vamos a reestructurar la composición de nuestra canasta exportadora siendo que las actividades productivas que mayores pasivos ambientales generan son a su vez las que estabilizan las reservas del banco central y sostienen los superavit redistributivos de la riqueza, a partir del sostén que ofrecen para las políticas sociales. Yo no quiero que Argentina sea un exportador permanente de naturaleza, pero tampoco quiero que a partir de los complejos exportadores las políticas sociales decaigan.”

El argumento de que el dinero que ingresa por las exportaciones fortalece las reservas no tiene asidero. El 2021 terminó con USD 14.750 millones de superávit en la balanza comercial, pero las reservas continuaron cayendo. Sólo en abril de este año la balanza comercial tuvo un saldo positivo de U$S 1.444 millones. Sucede que las actividades extractivas, como por ejemplo la industria petrolera, están entre las mayores fugadoras de dólares, mediante la remisión de utilidades a sus casas matrices y otros mecanismos como los créditos intrafirmas. El comercio exterior de granos, por su parte, está concentrado en las manos de diez grandes exportadores. Un verdadero plan de desarrollo nacional tendría al comercio exterior en la esfera pública, gestionado por los trabajadores ,lo cual permitiría además frenar la fuga y la evasión.

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Si el crecimiento de las exportaciones no es suficiente para salir de la endémica escasez de divisas, ¿qué podemos decir del planteo de exportar más para sostener políticas sociales? La mayor parte de las agrupaciones ambientalistas reconocerán aquí una contradicción. Las actividades extractivas tienen un primer impacto en el territorio inmediato, como atestiguan las luchas de los pueblos cordilleranos contra la megaminería contaminante, o las de los pueblos fumigados y las comunidades desplazadas por el avance de la frontera agropecuaria, pero su impacto también se siente en las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población. Por ejemplo, al afectar las fuentes de agua para consumo humano, o al degradar la vegetación que atenúa el impacto de los fenómenos climáticos extremos. Estas actividades extractivas, además, no suelen crear un número significativo de nuevos puestos de trabajo (en contra de la publicidad que reciben) y, en muchos casos, impactan negativamente sobre otras actividades económicas.

Sostener que el actual modelo productivo garantiza la ayuda social a aquellos a quienes el mismo sistema expulsa o bien constituye una extorsión, o es la reinvención de las viejas “teorías del derrame” neoliberales. En todo caso, es una perspectiva resignada sobre los alcances que puede tener la lucha de un ambientalismo “popular”.

Sobre las implicaciones medioambientales de la actual situación económica, Rodríguez expresó que “Argentina atraviesa un contexto económico por la necesidad de pagar una deuda externa que contrajo un gobierno neoliberal, a partir de actividades que son intensivas en recursos naturales y que por lo tanto generan pasivos ambientales muy graves.” Pero a partir de esta cruda realidad surgiría una oportunidad: “colocar en el plano internacional nuestra calidad de acreedores ambientales de la deuda ecológica que el Norte contra con el Sur” y “el cumplimiento de las pautas de financiación climática, que establece la responsabilidad de esas potencias centrales (…) de girar fondos a aquellas economías periféricas de renta media o renta baja, para que puedan construir capacidades de transición.”

Aquí hay dos aspectos, en primer lugar la elección de las palabras. No sólo se asume que no hay más remedio que pagar la deuda, se postula que es necesario pagarla, obturando cualquier posibilidad de cuestionamiento. Si Rodríguez ni siquiera considera un desconocimiento soberano de la deuda odiosa y fraudulenta, al menos podría evaluar la experiencia de las auditorías de la deuda externa que realizaron otros países latinoamericanos, como Ecuador. En todo caso no menciona que, sin excepción, los planes del FMI han llevado a un deterioro de las condiciones de vida allí donde fueron aplicados junto a una mayor degradación ambiental. Esto último debido a los recortes en los programas de protección del ambiente (por ejemplo, las políticas de austeridad en Grecia recortaron los fondos para el combate de los incendios forestales en un 90%), pero también por lo que en Argentina el ministro Juan Cabandié reconoció crudamente: “conseguir dólares para el vencimiento de deuda no se puede hacer sin contaminar”.

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El segundo aspecto parte de una realidad, efectivamente Argentina es un contribuyente menor al cambio climático (aunque muy significativo en cuanto a deforestación) en comparación con países como EE. UU., Alemania o Japón. Sin embargo, el llamado a aprovechar esta desigualdad es una repetición, casi textual, de los pedidos del gobierno nacional para habilitar los “canjes de deuda por naturaleza”. Este pedido es repetido por el ministro Guzmán en la cumbre del G20 de 2021 y por el propio presidente Fernández en la COP 26 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático) de ese mismo año. Este tipo de canjes suele involucrar una condonación de parte de la deuda que hace el acreedor a cambio de que el deudor se comprometa con algún objetivo de protección ambiental. Éste puede ser la creación de un área protegida, habitualmente con la intervención de organizaciones no gubernamentales internacionales. Pero también puede tomar la forma de monetizar “servicios ecosistémicos” como la fijación de carbono, mediante la emisión de bonos verdes que pueden ser adquiridos por empresas para compensar sus emisiones de CO2 en otros sitios.

Por otra parte, las declaraciones del ministro de economía, Martín Guzmán, abren la posibilidad de utilizar estos fondos “para financiar las medidas que se requieren para la transformación productiva”, lo que traducido podría significar una mayor posibilidad de negocios para corporaciones multinacionales, incluyendo el extractivismo del litio y la inversión en hidrógeno verde, ambos presentados como fundamentales para el abandono de los combustibles fósiles. Las propuestas de canjes de deuda por naturaleza, más allá de toda la retórica de defensa de intereses nacionales, no abandona los postulados del más puro capitalismo verde, tanto en su concepción mercantil del “capital natural” como en la ilusión de reconciliar el afán de lucro con la preservación del ambiente.

La universidad y la militancia juvenil por el ambiente

Jóvenes por el Clima es una agrupación que ha sido criticada por su justificación de las políticas extractivistas del gobierno nacional, incluyendo el apoyo a la extracción petrolera frente a las costas de Mar del Plata, o su participación en la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad. En Córdoba, la misma agrupación critica fuertemente al gobierno de Juan Schiaretti por su política francamente ecocida, pero al mismo tiempo propone expandir la agenda ambiental con reuniones con representantes de los mismos partidos que avalan estas políticas de devastación. Recientemente publicaron en sus redes sociales su reunión con la legisladora Nadia Fernández, vicepresidenta de la Unicameral. Quien es conocida por ser una gran defensora del proyecto de la Autovía de Punilla y que considera que quienes se oponen a ella constituyen un “grupo ecologista foquista antiestado de dudosa representación”, como expresó en la propia audiencia pública.

Llamar ambientalismo “soberano y popular” a resignarse a las viejas recetas del derrame, o a las promesas del capitalismo verde no deja de ser una paradoja, donde la plataforma ambiental de “Vamos” no tiene nada nuevo que ofrecer. En su plataforma encontramos, como mucho, un llamado a que la universidad “debe opinar críticamente y con autonomía sobre las decisiones políticas que se tomen en todos los niveles de gobierno y ser consultada activamente a la hora de tomar medidas de impacto ambiental, planes de remediación o para la generación de energías renovables.” Nada dice, por otro lado, de los acuerdos que atan a la universidad a los intereses de empresas que contaminan y degradan el ambiente.

Un ambientalismo que aborde verdaderamente los reclamos de las grandes mayorías debe plantearse enfrentar los planes extractivistas del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, y el ajuste que quiere imponer el FMI. Nutrirse de las experiencias de coordinación entre los trabajadores, las comunidades y pueblos originarios; de las movilizaciones que lograron vencer la megaminería contaminante en Mendoza y Chubut. La universidad no puede permanecer ajena a los problemas ambientales. El llamado a brindar una “opinión crítica” encuentra su límite en la lógica de mercado que impera en la universidad, en el magro presupuesto universitario, en las barreras económicas que enfrentan los estudiantes que quieren acceder o continuar en la educación pública, y en una forma de gobierno antidemocrática por la que una minoría profesoral funcional a esos intereses del mercado se impone sobre la mayoría estudiantil, docente y no docente. Por el contrario, la universidad cuenta con recursos y conocimientos que pueden utilizarse a favor de las mayorías populares y para la construcción de una nueva relación con la naturaleza.




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