Política

PANORAMA

Las calles en pandemia: entre movilizaciones populares y extorsiones de la derecha

Una Policía que mata y logra aumento de haberes. FFAA que reivindican el genocidio, y logran un aumento presupuestario. Jueces que dejan impunes crímenes de lesa humanidad. Luchadores que volvieron a las calles por sus reclamos.

Rosa D'Alesio

@rosaquiara

Miércoles 23 de septiembre | 00:54

Foto | Sebastián Linero - Enfoque Rojo

La “paritaria 9 mm” de la Bonaerense fue el ejemplo más claro de la disposición del Gobierno a ceder a la derecha. Alberto Fernández y Axel Kicillof hablaron de un “reclamo justo” y pronto le otorgaron lo que pedía. Esto, a pesar de una multiplicación de casos de abusos policiales en todo el país: cuerpos torturados, abusos sexuales y personas “suicidadas” en comisarías, gatillo fácil, desapariciones forzadas y cuerpos que aparecen.

Facundo Castro unió a quienes condenan la violencia estatal, esté quien esté en el Gobierno. El reclamo por justicia y “fuera Berni” se escucha fuerte y también llegó a las calles. Quienes defendían las libertades democráticas en otros momentos, pero hoy callan con el pretexto de no hacerle el juego a la derecha, potencian los reclamos de los sectores más reaccionarios.

Una institución genocida

Este lunes circuló un video del jefe del Ejército hablándole a su tropa. El general Agustín Cejas confirmaba el pacto que realizó con Agustín Rossi para la realización de homenajes a militares genocidas.

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El 6 de septiembre el ministro de Defensa le había ordenado bajar una publicación de la cuenta oficial del Ejército, que homenajeaba al subteniente Rodolfo Berdina y al soldado Ismael Maldonado. Ambos murieron en 1975 en el llamado “combate de Potrero Negro”, en el marco del “Operativo Independencia”. El hecho fue la antesala del genocidio de clase que tuvo lugar a partir del golpe de 1976.

Finalmente, el pacto entre Rossi y Cejas es una ofensa, un desprecio a la lucha de más de 40 años de los organismos de derechos humanos, familiares y víctimas de la dictadura, con un amplio sector de la sociedad que no se reconcilia con una institución genocida.

Nuevamente el silencio atronador de quienes defienden al Gobierno, impactó entre quienes siguen reclamando por juicio y castigo contra los genocidas y sus cómplices.

Justicia de clase, impunidad para los crímenes de lesa humanidad

La casta judicial huele rápido el cambio de clima político. Se acomodan a cada lado de la grieta y falla a favor de los sectores que representa. No obstante, depende del clima político para que se animen o no de fallar a su gusto.

Antes de que finalice el gobierno de Mauricio Macri fue absuelto Julio Yessi, quien fuera la mano derecha de López Rega. Había sido condenado por crímenes de la Triple A, como la masacre de Pacheco, en la que tres jóvenes militantes del PST fueron acribillados. Entre los jueces que dictaminaron se encuentran Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Darío Pozzi.

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Los dos primeros fueron metidos por la ventana en Comodoro Py. El macrismo los trasladó sin cumplir los requisitos establecidos para armar su mesa judicial. Desde Comodoro Py impulsaron las causas contra la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. No fue el único favor que le hicieron estos jueces a los negacionistas que hablan del “curro” de los derechos humanos. La impunidad a Yessi, es un símbolo de impunidad contra el régimen pre dictadura. Peronistas y radicales fueron cómplices de los crímenes de lesa humanidad que comenzaron desde finales de 1973.

En tanto Casación acaba de anular el procesamiento del fiscal general Fernández Garello, en la investigación que lo acusa de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, mientras se desempeñaba en la seccional San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba). La causa por delitos de lesa humanidad estaba elevada a juicio, sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, hizo lugar al recurso presentado por la defensa y apartaron de la causa a los magistrados de la Sala I de la Cámara de Apelaciones, a cargo de la jueza Alicia Vence.

Las calles son de los que luchan

Con una crisis social histórica como escenario de fondo, este lunes tuvo lugar el día de la Sanidad. Las y los verdaderos esenciales salieron a pedir paritarias e insumos para trabajar en la pandemia, y recibieron los palos que ordenó Horacio Rodríguez Larreta en CABA.

El mismo día las familias que habitan en predios de Guernica se movilizaron para exigir que se desestime la orden de desalojo que aún pende sobre sus vidas. La semana anterior marcharon a Plaza de Mayo junto al sindicalismo combativo y la izquierda.

Este martes, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, un colectivo de organismos de derechos humanos, políticos y sociales, brindó una conferencia de prensa en el Obelisco en apoyo a la lucha por vivienda de las familias de Guernica.

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Asistieron a la misma, figuras de la cultura como Norman Briski, legisladores del FIT como Alejandrina Barry y Claudio Dellecarbonara, y referentes de diversas organizaciones. Horas después se conoció la noticia del aplazamiento de la fecha de desalojo para el 1° de octubre.

La jornada de este martes se dio en el contexto de que sectores que vienen padeciendo la crisis empezaron a tomar más fuertemente las calles por sus reclamos, empezando a cambiar la tónica de una situación en la que el Gobierno cedía permanentemente a cada extorsión y exigencia de la derecha.

Hay que profundizar la movilización en unidad por juicio y castigo a los policías asesinos de Facundo Castro, por la renuncia de Berni, por los derechos de trabajadores de la salud y la defensa de las familias en lucha por tierra para vivir. La unidad de lucha en la calle es la única forma de conquistar los derechos de los sectores agraviados.







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