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Larreta no quiere dar explicaciones sobre la vuelta a clases presenciales

El Gobierno porteño, luego de recusar al juez Gallardo, pidió, ahora, que se retire la audiencia que el magistrado había fijado para que las autoridades de la ciudad informen sobre el protocolo para la vuelta a las aulas.

Viernes 5 de febrero | 12:28

Ayer jueves, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires presentó un escrito para pedir que quede sin efecto la audiencia que había sido convocada por el juez Roberto Gallardo para el 10 de febrero, en la cual los ministros porteños de Educación, Soledad Acuña y de Salud, Fernán Quirós, debían dar explicaciones sobre el sistema de testeos a maestros con vistas al inicio de clases.

Esta es la segunda presentación en una semana. El miércoles se había presentado ante la justicia para recusar al magistrado, quien había convocado a la audiencia en el marco de un amparo de un trabajador de la Ciudad que había pedido precisiones sobre el sistema de testeos de covid-19 para la vuelta a clases.

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La causa ahora está en manos de la jueza Paola Cabezas Cescato, quien reemplaza al juez Gallardo mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo resuelva la recusación.

Cuando se conoció el fallo del juez, Quirós y Acuña, en declaraciones públicas, habían manifestado que si tenían que dar explicaciones lo iban a hacer porque era una solicitud de la justicia. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad, primero, recusó y pidió el apartamiento del magistrado y, ahora, rechaza la audiencia alegando que ya ha brindado toda la información pertinente.

Según publicó Telam, en el escrito presentado, la Procuración de la Ciudad indica que, "en virtud de la información aportada y habiendo mi mandante dado cumplimiento a lo requerido, vengo a solicitar a V.S. deje sin efecto la audiencia convocada por el magistrado recusado para el próximo 10 de febrero del corriente".

Afirma, además, que el Gobierno "ha aportado al Tribunal los informes pertinentes, toda vez que en el ejercicio de las funciones y competencias que le son propias, elaboró los procedimientos para el testeo de COVID 19 a docentes y no docentes, previo al inicio de la presente demanda". En este sentido, el Gobierno considera que la audiencia es "innecesaria, toda vez que se ha presentado la información requerida y la causa debe ser declarada abstracta".







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