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La muerte violenta de Alejandro Tino John ocurrida el jueves 27 de mayo en Las Golondrinas (Lago Puelo) -tras recibir un disparo en la cabeza por parte del Grupo de Operaciones Especiales (GEOP) de la Policía de Chubut- desató un clima de horror e indignación en la Comarca Andina del Paralelo 42. Reproducimos la nota de la periodista del Extremo Sur.

Lola SánchezPeriodista Comodoro Rivadavia - Chubut

Lunes 31 de mayo | 14:07
Fotografía: El Extremo Sur

La muerte violenta de Alejandro Tino John ocurrida el jueves 27 de mayo en Las Golondrinas (Lago Puelo) -tras recibir un disparo en la cabeza por parte del Grupo de Operaciones Especiales (GEOP) de la Policía de Chubut- desató un clima de horror e indignación en la Comarca Andina del Paralelo 42. Ahora se sabe que la víctima padecía trastornos psiquiátricos, que no apelaron a psiquiatras ni especialistas para contenerlo y que su pareja Claudia Costa Basso fue maniatada durante más de una hora mientras "neutralizaban" a John, finalmente asesinado. El operativo no deja de generar sospechas en la comunidad, que se manifestará este lunes y exige una investigación independiente. La pareja de John afirmó: "asesinaron al amor de mi vida y voy a tener fuerza solo para investigar cómo 25 personas del GEOP entraron a mi casa, mataron a Tino de un disparo en la cabeza y me ataron a mí durante una hora sin decirme qué había pasado con él". "Todos los responsables pagarán", aseguró.

Claudia Costa Basso relató en redes sociales que "le pedí permiso a mi hermana Silvia para escribir en este grupo, para decirles a quienes no saben que antes de hablar pidan el expediente o se informen bien. La policía de El Hoyo y el GEOP asesinaron a Tino. Voy a vivir solo para llevar adelante la investigación, Tino ya no está, lamentablemente, pero todos los responsables pagarán".

Tras confirmar que fue maniatada por miembros de las fuerzas de seguridad de la Policía de Chubut, indicó que "recién cuando llegó la fiscal una hora después me desataron y mostraron una orden de allanamiento. Ya Tino había sido asesinado una hora antes y nadie me decía nada mientras estaba atada".

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"Solo quería decirles que hoy asesinaron al amor de mi vida y voy a tener fuerza solo para investigar cómo 25 personas del GEOP entraron a mi casa, mataron a Tino de un disparo en la cabeza y me ataron a mí durante una hora sin decirme qué había pasado con él, acabo de venir del Hospital de Lago Puelo para que constaten mis lesiones en las muñecas", relató Costa Basso en medio de la conmoción por la muerte de su pareja.

Denuncias

Organismos de Derechos Humanos denuncian la represión permanente que ejercen las fuerzas policiales y el estado de temor que atraviesan las localidades aledañas, que han sido víctimas de eventos similares durante los últimos años.

Según un informe elaborado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la región Noroeste de Chubut, existe un recrudecimiento de la violencia institucional ejercida por las Fuerzas de Seguridad, que se ha profundizado en el último año de pandemia y aislamiento.

La posición del Ministro de Seguridad Federico Massoni ha sido explícita, ya que "explicó" y justificó el accionar del Grupo Especial de Operaciones Policiales. Las organizaciones de Derechos Humanos ratificaron el pedido de renuncia del ministro.

Meses atrás, Massoni compartió en redes sociales un vídeo con fragmentos de los operativos del grupo GEOP que él ha acompañado, al tiempo que destacó la labor que llevan a cabo.

Con su gesto característico, mostró los operativos con música de fondo, casi en estilo cinematográfico, para culminar con una escena donde él mismo aparece como protagonista.

En una conferencia de prensa a la que asistió el viernes en Comodoro Rivadavia, Massoni justificó sin señalamiento alguno el accionar del GEOP en el operativo que llevaron adelante en el paraje Las Golondrinas.

No es la primera vez que el GEOP es criticado y denunciado por el uso indiscriminado de la fuerza. Han esgrimido el argumento de la "protección de la ciudadanía y el orden", que para la población resulta dañino, excesivo y autoritario.

La violencia institucional no cesa

Según un informe elaborado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la región noroeste de Chubut, existe un recrudecimiento de la violencia institucional ejercida por las Fuerzas de Seguridad, que se ha profundizado en el último año de pandemia y aislamiento.

"Si bien han cesado ciertos hechos generales que creaban un clima de ‘toque de queda’, persiste el lenguaje marcial para el abordaje de la pandemia. Además, se siguen multiplicando las micro-violencias ejercidas por otres ciudadanes que no ejercen la función pública", detallan en el informe.

La organización denunció diversos hechos de persecución y violencia en la Provincia de Chubut y la Comarca Andina del Paralelo 42. Entre ellos, figuran el hostigamiento policial, el montaje mediático y la apertura de causas a militantes y trabajadores.

Todo apunta a una profundización del discurso que avala el uso de las fuerzas por los efectivos policiales. Judicialmente está regulado por el Protocolo de uso de armas de fuego, oficializado por Massoni en el mes de noviembre del 2020, como informara en detalle El Extremo Sur.

2009: Corcovado en Estado de sitio

Un caso que sacudió la organización del GEOP es el de Mai Bustos, ocurrido en 2009 en la localidad chubutense de Corcovado. Con la excusa de la persecución de Cristian Mai Bustos -acusado y actualmente condenado por asesinar a su bebé de 9 meses- el GEOP aterrorizó a la localidad desplegando una serie de violentos allanamientos, detenciones arbitrarias y desapariciones. La población de Corcovado acabó en una suerte de estado de sitio de hecho, instalado por las fuerzas policiales.

Se denunciaron persecuciones, violaciones y torturas. Incluso se registró la desaparición de Luciano González, un hombre de 42 años presuntamente detenido por el Grupo Especial de Operaciones Policiales, cuyos restos óseos fueron hallados en 2013 en cercanías del Cerro Centinela.

"Torturas, violaciones y robos cometidos por policías en allanamientos violentos y sin órdenes. Detenciones sin razón y desapariciones. ¿Qué es eso sino terrorismo de Estado?", expresó la activista Moira Millán a Página 12 días después de los incidentes. Millán viajó a Buenos Aires junto a un grupo de pobladores de Corcovado para denunciar las "vejaciones a los derechos humanos" y exigir la apertura de la investigación. La activista mapuche se encadenó a las rejas del Ministerio de Justicia hasta lograr ser recibida por el entonces ministro Aníbal Fernández, quien prometió tomar cartas en el asunto.

Finalmente, en noviembre de 2011 se llevó a cabo un juicio contra el GEOP por delitos de lesa humanidad. Por el hecho fueron imputados el jefe operativo del GEOP, Miguel Gómez -actualmente jefe de la Policía de Chubut- y los comisarios de Corcovado y Esquel, Oscar Muñoz y Oscar Marinao, por el delito de abuso de autoridad con "vejaciones agravadas por haber sido cometidas con violencia física y privación ilegítima de la libertad". En total son seis hechos de abuso de autoridad, cinco de vejaciones y uno de privación ilegal de la libertad.

Cómplice en usurpaciones

El GEOP también ha sido acusado de actuar como cómplice en las usurpaciones de tierras a los pueblos originarios, utilizando la fuerza para desalojar y perseguir a sus pobladores.

En 2015 el GEOP aplicó una estrategia similar a la que utilizó en el caso de "Mai" Bustos. Esa vez la acción estuvo destinada a reprimir a los pueblos originarios en el marco del proceso por la recuperación de sus territorios ancestrales.

Con la excusa de perseguir a Francisco Jones Huala, la policía de Chubut y Gendarmería desplegaron un violento operativo contra la comunidad mapuche del Lof Cushamen, en el cual detuvieron a ocho personas y golpearon mujeres y niños con el fin de desalojar el territorio. Meses más tarde el GEOP volvió a actuar en un nuevo intento de desalojo disparando balas de goma contra los miembros de la comunidad.

Millán: "perfeccionan la represión"

Un evento similar se desarrolló en 2016 en Leleque. Mauro Millán, lonko del lof Pillán Mawiza, dialogó con Extremo Sur para recordar los eventos sucedidos durante ese año, tan sólo una de las tantas maniobras que las Fuerzas de Seguridad han desplegado en la provincia los últimos años.

"Las familias de Leleque nos contaron que empezó a llegar mucha gente uniformada", recuerda Millán, "y al poco tiempo se realizó un gran despliegue en los territorios, donde empezaron a realizar entrenamientos militares, perfeccionando la represión en el territorio precordillerano y la meseta", detalló.

La comunidad Mapuche Santa Rosa-Leleque denunció que el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de la provincia de Chubut utiliza un campo usurpado por el grupo Benetton para el entrenamiento de los uniformados. El entonces comisario Juan Ale sostuvo en ese momento que las Fuerzas de Seguridad "no están intimidando a la comunidad aborigen". Pero es vox populi en las localidades de la región el fuerte vínculo entre Luciano Benetton y la institución policial.

Millán señaló que en el territorio usurpado "El Estado llevaba adelante la tarea de perfeccionar la represión". Y personifica a los "autores intelectuales" de estos incidentes. Entre ellos, reconoce al ex presidente Mauricio Macri y a su ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Actualmente prevalecen en el poder hombres como Sergio Berni o Federico Massoni.

"Hay una idea de democratizar las Fuerzas de Seguridad, pero eso nunca está en la mente de ningún Gobierno", reconoció Millán. "No veo que haya cambiado algo, se ha mantenido la matriz militar. Nada ha cambiado, al contrario, con la excusa de cumplir con una orden magnifican la violencia. El Estado despliega un aparato represor y aprovecha las circunstancias para permanentemente marcar que están ahí, con su capacidad militar represiva".

"No hay posibilidades de discutir políticamente"

Millán afirmó además que "no hay posibilidades de discutir políticamente; con estas fuerzas no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo porque solo acatan la orden".

El último incidente en Las Golondrinas evidenció nuevamente la impunidad con que actúan las Fuerzas de Seguridad, avaladas por un ministro que continúa ampliando el margen de uso de la fuerza por parte de los efectivos policiales.

En este sentido, el viernes 28 integrantes de la APDH realizaron una presentación ante la justicia por el accionar del GEOP. El pedido tiene como objeto la apertura de una investigación que sea llevada a cabo por un organismo ajeno a la Policía de Chubut.

El crimen del cacique Canquel

El oficial del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) Norberto Carlos Krecul fue condenado a tres años y medio de prisión e inhabilitado por ocho años para desempeñarse como integrante de ese grupo especial como responsable del homicidio del cacique tehuelche Juan Lindolfo Canquel, ocurrido el 12 de setiembre de 2004 en la zona rural de Facundo. La pareja de Canquel lo había acusado de no entregarle a su hija de 5 años. Un juez ordenó recuperarla y un comisario mandó al grupo que finalmente lo ejecutó.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas dictadas contra Krecul y el comisario Jorge Loncón. El máximo Tribunal del país consideró "inadmisibles" los recursos presentados por los policías.

La hermana de la víctima, Julia Canquel, había declarado a Jornada que "ellos (los policías) hicieron abuso en mi casa, mataron a mi hermano y maltrataron a mi madre. Yo seguiré luchando como lo hice todos estos años para obtener Justicia. Por todos los medios buscaré que le den perpetua porque se aprovecharon de mi familia, pensando que somos unos indios y no haríamos nada. Me avergüenzo de la Justicia y quiero que pague por lo que hizo con mi hermano".

El operativo -que exhibió las mismas prácticas policiales que sufrió Alejandro Tino John en Lago Puelo hace pocos días- ocurrió el 12 de setiembre de 2004 en la estancia "La Soledad", ubicada en la zona rural de Facundo, a unos 40 kilómetros de Sarmiento. Ese día Canquel recibió dos tiros, el primero de ellos en el estómago y el segundo en la cabeza.

El autor de los disparos fue el oficial Krecul, quien fue imputado de homicidio calificado. El comisario Loncón fue acusado por mal desempeño como funcionario público, debido a que por esos días estaba a cargo del operativo de seguridad en el marco de los festejos por el aniversario de Facundo y que se desempeñaba como jefe de la comisaría de Sarmiento. Canquel vivía en la estancia con su madre, Rosa Alan; su concubina, Sandra Oporto (35), y una hija de la mujer.




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