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Red Internacional

CUARTA TRANSFORMACIÓN.La violencia en México desafía la “estrategia de seguridad” de la 4T

Pese a que desde su llegada a la presidencia, López Obrador se ha empeñado en recalcar que su objetivo es “pacificar al país”, esto no se ha visto reflejado en la vida cotidiana de la población.

Jueves 29 de julio | Edición del día

Algunas cifras de su mandato

Los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) en el mes de junio de este año, revelaron no solo que la violencia no ha disminuido, sino que además, sus efectos se sitúan en las localidades donde la precarización del trabajo, la escasez de recursos y el acceso a servicios como salud, educación y vivienda, son más agudos.

De acuerdo a la ENSU ciudades con mayor porcentaje de personas que consideran que el lugar donde radican es inseguro son Fresnillo, Zacatecas; Cancún, Quintana Roo; Ecatepec y Naucalpan, Estado de México; Coatzacoalcos, Veracruz; y Tonalá, Jalisco, indicó el INEGI.

La población mexicana que considera que vivir en su ciudad es inseguro pasó de 66.4% en marzo a 66.6% actualmente.

A nivel nacional, el 27.7% de los hogares contó con al menos una víctima de robo y/o extorsión durante el primer semestre de 2021, concentrándose, principalmente en las alcaldías de la Ciudad de México Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Azcapotzalco y Álvaro Obregón; además de Chimalhuacán, ubicada en el Estado de México.

La falta de seguridad en la ciudad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 71.3%, mientras que para los hombres fue de 60.9%.
Los resultados de la ENSU revelan además que, durante el segundo trimestre de 2021, el porcentaje de la población que fue testigo de actividades delictivas o de inseguridad cerca de sus viviendas fue, entre otros datos con robos o asaltos (53.6%), disparos frecuentes con armas (38.2%), bandas violentas o pandillerismo (26.6%).

De enero a junio de 2021, se estima que 12.6% de la población de 18 años y más tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública, del cual 46.8% declaró haber sufrido un acto de corrupción por parte del personal perteneciente a dichas autoridades.

A nivel nacional, estando a poco más de la mitad de su mandato, el gobierno de López Obrador no ha cosechado los tan anhelados frutos que pretendía sembrar, por ejemplo, con el Plan Nacional de Paz y Seguridad que presumió al asumir el cargo.

La misma estrategia para los mismos resultados

Ante el incremento de la inseguridad en el territorio nacional, los cuestionamientos no se han hecho esperar, y cada día son más las expresiones de descontento por parte de millones de trabajadores, amas de casa y jóvenes.

México está en un panorama violento, en buena parte, debido a la guerra entre grupos criminales que ha causado sangrientas consecuencias en estados como Michoacán, donde las balaceras y asesinatos entre grupos criminales no cesan.

Como expresión de ello, adicional a los datos de la ENSU, están escenarios como la fosa clandestina encontrada la semana pasada en Tamaulipas, que contenía los restos de al menos 21 personas, así como las cuatro fosas comunes que se encontraron en Quintana Roo; las desapariciones en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

Ya son 11 mil 595 personas privadas de la vida por un homicidio doloso contabilizadas hasta mayo de este año.

Pero el presidente ha descartado cambios de fondo a su estrategia de seguridad y busca crear un frente común con los gobernadores para poder -ahora sí- pacificar al país. Tras las elecciones del 6 de junio fueron convocados 16 de los 32 gobernadores para organizar el plan de combate a la inseguridad en el Palacio Nacional.

Es decir, el anuncio de estas reuniones antecedieron un anuncio de aumento presupuestal para la Guardia Nacional de más del 40%, y con eso el objetivo de construir 500 cuarteles, consolidando así la institución para 2023, sin dejar de lado que el anuncio se acompañó de la intención de militarizar constitucionalmente a la GN, haciéndola dependiente directa de la SEDENA

¿Es prometedora la nueva “estrategia” que anuncia AMLO?

Los predicamentos de López Obrador como el famoso “abrazos no balazos” contrastan fuertemente no solo con las cifras de la violencia e inseguridad que vive la población, sino con las propias medidas que ha tomado en su mandato, como se expresa en la implementación de la Guardia Nacional, que no es otra cosa sino la permanencia de la militarización en el país.

Es necesario decir que la puesta en circulación de la Guardia Nacional es la continuidad de las políticas del PRI y el PAN en sexenios anteriores, con planes como la Guerra Sucia y la Guerra contra el narco, y que ha jugado en ya varias ocasiones el papel de cuerpo represivo, como contra migrantes, como contra los normaistas de Mactumactzá.

Aunado a lo anterior, es importante explicar que la violencia detonada por grupos criminales es estructural y que es imposible acabarla dentro de los marcos “estratégicos” de López Obrador porque, como es sabido, el narco y sus consecuencias como la inseguridad, el pandillerismo o las redes de trata, operan en colusión y solapados las fuerzas policiales, castrenses y funcionarios públicos de todos los partidos y niveles de gobierno.

En teoría, AMLO intentó romper el círculo con programas asistenciales y otros como “Jóvenes construyendo el futuro” y “Pilares”, con la aparente perspectiva de que la población tuviera una fuente de ingresos y así no recurriera a las filas del crimen organizado para buscarse la vida.

Lo que no contempla el mandatario es que, justamente esta clase de programas someten la calidad de vida a “apoyos” que son insuficientes y, por otro lado, orillan a normalizar la precariedad laboral, colocando a la juventud en puestos de trabajo mal remunerado, recibiendo salarios o becas que están por debajo de la canasta básica y muchas veces sin siquiera las prestaciones de ley.

En este punto en el que México se enfrenta a olas de violencia, hace falta mucho más que lemas ocurrentes y pantomimas que quieren hacer pasar por “mesas de diálogo”.

Primero que nada, y como medidas que no deberían ser extraordinarias sino urgentes, el trabajo digno, con salarios suficientes debe ser una garantía para toda la población.

Además el acceso a la vivienda, la salud, el agua potable, electricidad y la alimentación completa, deben dejar de ser “servicios” para convertirse efectivamente en derechos y garantías de la clase trabajadora, para que cubiertas estas condiciones sea más difícil que las poblaciones busquen refugio en el crimen organizado.

Esto no puede ir sin una cobertura nacional de acceso gratuito a la educación y la cultura, así como una jornada laboral reducida que nos permita disfrutar el tiempo libre.

Los recursos para dotar de todo lo anterior a la población perfectamente pueden obtenerse de la desmilitarización del país; la expropiación de las fortunas del narco y el quiebre de la subordinación hacia Estados Unidos dejando de pagar la deuda externa; esto no puede ser confiando en el Estado y sus instituciones que no son responsables de la violencia y desigualdad que viven miles de trabajadores.




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