Política Uruguay

Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia

La renuncia de Madres y Familiares y la falta de voluntad política del gobierno

La renuncia de la Organización de DDHH al grupo de trabajo creado por Vázquez evidencia la falta de voluntad política de avanzar en la verdad y la justicia en relación a los crímenes de la dictadura.

Sábado 3 de marzo | 21:18

Con una declaración pública que transcribimos aquí , la organización de Derechos Humanos anunció su retiro del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia creado por el presidente Tabaré Vázquez.

En su extenso comunicado Madres y Familiares realizaron graves cuestionamientos al proceder del gobierno en el tema de las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico militar.

Manipulación de archivos

Entre otros puntos, critica la lentitud con que ha actuado el Grupo de Trabajo y también como la orden presidencial de acceso a los archivos en dependencias militares prácticamente no se ha efectivizado al no contratarse equipos de trabajo.

La documentación a la que se accedió “es parcial, está desorganizada y tiene evidentes faltantes” lo que junto a la falta de equipos marca que para que las medidas sean efectivas y no queden en un plano formal es necesario dotarse de recursos para poder llevar adelante la tarea y voluntad política para que la información no sea escamoteada.

Esto se agrega a la mentira del comandante en Jefe del Ejercito Guido Manini Ríos acerca de un supuesto lugar de enterramiento.

Una vez más un gobierno de turno quiso con un mínimo y mezquino gesto posar de dar respuestas a este tema, como se hizo en el pasado con otras comisiones por el estilo. Pero han demostrado que no son más que instancias que prolongan y alargan las expectativas que se ponen en ellas, mientras las madres y familiares se mueren sin obtener una respuesta por parte del estado del destino final de sus familiares. Familiares en su propio comunicado menciona el deficiente funcionamiento de este “Grupo de Trabajo”.

Un régimen a favor de la impunidad

El documento señala “lo lejos que estamos de romper las barreras levantadas por la institución militar, la cual colabora abiertamente con la impunidad retardando los avances democráticos”; es decir que el régimen político de conjunto colabora con su inacción en la falta de avance en la verdad, la justicia y el castigo a los culpables; herencia del pacto del Club Naval y los acuerdos con militares.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucional el decreto sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de la dictadura señala también como la justicia participa en sostener la impunidad, violando incluso la normativa internacional y los pactos y acuerdos firmados por el Uruguay. En el comunicado se denuncian también el carácter “especial” y privilegiado de los condenados con “prisión domiciliaria” y las jubilaciones que se siguen pagando a condenados y fugados.

La declaración de Madres y familiares lo expresa también al señalar que “el principal obstáculo en la búsqueda de los desaparecidos y de la verdad y justicia ha sido y sigue siendo la falta de decisión política con respecto a las FFAA. No se ha querido presionar a los militares para que aporten la información que sabemos poseen”.

Para la represión

La preservación del aparato represivo para futuras acciones también es correctamente señalado por Familiares al recordar “declaraciones de políticos y militares diciendo que el ejército puede ayudar en el control de la seguridad ciudadana”.

El hecho de que hayan sectores políticos que levanten la consigna de los militares en las calles, en el marco de la cultura y régimen de impunidad es la reivindicación solapada de la represión de los militares durante la dictadura en los setenta.
Las propias fuerzas armadas al explicitar su intervención política anticonstitucional de querer intervenir en el problema social de los ni-ni es la manifestación de que este brazo armado de la clase dominante está dispuesto a intervenir en favor de sus intereses.

Esto es otra prueba más de la impunidad dominante en el país y la nula voluntad política para terminar con ella por parte de las autoridades.

Nada podemos esperar de ellos que han garantizado durante décadas el que no se toque a los criminales de lesa humanidad. Solo la organización y movilización independiente de los organismos de ddhh puede lograr quebrar esta política y cultura de la impunidad para encarcelar a todos los torturadores y asesinos de la dictadura, que descubra con la verdad histórica el rol que tienen las fuerzas armadas como garantes de las clases dominantes, real razón ésta de la dictadura de los setenta.






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