Internacional

REGULARIZACIÓN YA

La regularización de las migrantes: ¿qué pasa en Portugal, Italia y el Estado español?

La crisis que estamos atravesando y sus consecuencias más inmediatas han puesto sobre la mesa la imperante demanda de regularización ya de las personas migrantes. Algunos países han iniciado procesos de regularización parcial pero siempre atendiendo a sus necesidades económicas. Otros, como el Estado español, ni tan siquiera se lo plantean.

Clara Mallo

Madrid | @ClaraMallo

Viernes 15 de mayo | 16:22

El estado de alarma y la crisis desvelan la brutal desigualdad del sistema capitalista. En medio de toda la crisis económica, sanitaria y social supuran las enormes contradicciones sociales. El Covid-19 y sus consecuencias más inmediatas no golpean de la misma manera si vives en un país u otro, resides en un barrio u otro, si eres hombre o mujer y si tienes un origen u otro.

La situación de los inmigrantes sin papeles en Europa destapa no solo la brutalidad del sistema y la barbarie que genera sino también la hipocresía de los gobiernos, incluso de aquellos que hoy se proclaman progresistas.

La población inmigrante está más sujeta a la precariedad, tiene mayor riesgo de desempleo y ante una situación como la que vivimos el racismo institucional muestra su peor cara. Sin posibilidad de acceder a ningún tipo de renta y exponiéndose al control policial en la calle, en muchos casos.

Esta situación, así como los decretos y modificaciones en la legislación que han abierto una ventana a la regularización en algunos países europeos como Portugal o Italia han abierto el debate. Repasamos las distintas propuestas hacia la regularización. Veamos los casos de Portugal, Italia y aquellos estados que ni tan siquiera se lo plantean.

Hipocresía progresista

Primero fue Portugal. «El gobierno de Costa regulariza a todos los inmigrantes» . Este fue el titular de la mayoría de los medios progresistas en todo el mundo. ¿Pero verdaderamente Portugal regularizó a todos los inmigrantes? La realidad es que no. Existen dos grandes límites en la regularización a la portuguesa que se muestran solo al pasar en algunos de los artículos que hablan sobre el tema.

Un límite importante de la regularización portuguesa es que solo se haría efectiva para quienes hubieran solicitado previamente el permiso de residencia. Es decir, resolvía de manera automática los casos que estuviesen pendientes de resolución por el SEF (Servicio de Extranjeros y Fronteras).

Esta condición excluía a la mayoría de los inmigrantes más pobres, los que tienen un trabajo informal y a causa de ello ni tan siquiera han tenido la posibilidad de solicitar la regulación. Son todos aquellos que trabajan en el campo, como vendedores en la calle o en servicios domésticos y no gozan de un trabajo formal, es decir, la mayoría. Aquellos que sufren mayor racismo institucional y persecución, y que ni tan siquiera tienen posibilidad de acceder a los circuitos burocráticos del estado.

El otro gran límite de la medida adoptada por el Gobierno de Costa es que esa regularización no se otorga de manera permanente sino solo por un tiempo determinado. En concreto, tiene una rápida caducidad: el 30 de junio. ¿Qué ocurrirá después? La realidad es que, salvo ampliación de plazo, de la cual no hay noticia, todo volvería a su estado anterior.

En el caso de Portugal la motivación de esta ’regularización exprés’ no tenía una intencionalidad directamente económica o de mercado, sino que llegaba por la enorme presión social. Pero el Gobierno maniobró lo suficiente para que ese reclamo terminase convirtiéndose en una medida claramente excluyente para la mayoría.

Regularizaciones al servicio del mercado

Ahora Italia se suma a las propuestas de regularización, pero el caso de este país es diferente. El gobierno que preside Conte compuesto por el Partito Democrático (PD) y el Movimento 5 Stelle aprobó este jueves el Decreto Rilancio (traducido: Decreto Relanzamiento), un plan pensado para reactivar la actividad económica del país, con una dotación de 55.000 millones de euros dirigidos a dar respuesta a las dificultades económicas vinculadas a la crisis de la pandemia y a salvar a las grandes patronales.

En el marco de este decreto que trata de beneficiar a los grandes empresarios, se incluye una regularización parcial de las personas sin papeles centrada en las necesidades del mercado de trabajo. El decreto está dirigido a la regularización de aquellos inmigrantes que trabajen o tengan experiencia en sectores esenciales de la economía italiana. Pero no solo, sino aquellos esenciales que se sostengan mayoritariamente en el trabajo de inmigrantes.

Es el caso del sector agrario fuertemente golpeado por las restricciones de movilidad tanto internas como internacionales. Se estima que en Italia en lo que va de año se han perdido 300.000 trabajadores del campo, la mayoría de ellos temporeros que llegaban de países del este de Europa como Rumania y Bulgaria. Los grandes propietarios de la tierra vienen presionando al gobierno para permitir de manera excepcional un marco que abra la movilidad necesaria de la mano de obra para no perder sus beneficios.

Miles de inmigrantes sin papeles en Italia viven bajo un régimen racista y una legislación xenófoba que en el contexto de estado de alarma les obliga a vivir en una situación mucho más estricta de clandestinidad. Ahora las patronales exigen al gobierno que cree un nuevo marco para que estos trabajadores puedan moverse de temporada en temporada y de provincia en provincia para satisfacer las exigencias de la producción agrícola.

Las patronales del campo que se apoyaban en la explotación de los indocumentados ahora ven peligrar sus beneficios. Pero no solo ellas, la larga cadena del mercado de la alimentación que va desde los productores agrícolas, pasando por los intermediarios hasta las grandes cadenas de supermercados exigían la regularización de los sin papeles al ver peligrar sus enormes negocios. Toda una cadena basada en salarios de hambre, trabajo a destajo y situaciones de esclavitud moderna en la que viven los inmigrantes del campo.

La regularización a la italiana está pensada para resolver las necesidades del mercado y por lo tanto solo aspira a regularizar a un número determinado de inmigrantes, los necesarios para salvar el mercado primario. No casualmente, la cifra prevista por el gobierno coincide con la estimación antes mencionada. El Gobierno prevé regularizar a unas 500.000 personas (200.000 cuidadoras y trabajadoras domésticas y 300.000 trabajadores agrícolas).

Ante esta medida liberal y más que cuestionable, sectores, agrupaciones y activistas sin papeles han iniciado una campaña: Siamo qui! Sanatoria Subito!, ¡Estamos aquí! ¡Regularización ya!, que exige la regularización para todos sin condición y que quiere hacer ver como los riesgos sanitarios y de la precariedad afectan con mayor fuerza a los sectores más expuestos de la sociedad, como los migrantes.

Y aquellos que ni tan siquiera se lo plantean: el caso del Gobierno español

Las regularizaciones parciales de Portugal e Italia, así como la agudización de esta crisis han abierto el debate. Estos dos Estados y sus modelos son por ahora una excepción. La mayoría ni se plantean la posibilidad de una regularización parcial que tiene el peligro de ’sentar precedentes’.

Es el caso del Gobierno del PSOE-Unidas Podemos que ha demostrado una absoluta indiferencia hacia el drama que hoy viven los sectores de inmigrantes, haciendo oídos sordos a las exigencias de cientos de colectivos sociales.

Con la llegada de la crisis del Covid-19 distintas iniciativas y campañas se han desarrollado para visibilizar la situación de vulnerabilidad de los sin papeles y para tratar de pelear por una consigna vital, la regularización. Es el caso de la campaña #RegularizaciónYa a la que se han sumado decenas de colectivos, agrupaciones y sindicatos de trabajadores sin papeles.

Regularización inmediata, abolición de las Leyes de extranjería, cierre de los centros de internamiento para extranjeros y terminar con la precariedad: reclamos elementales hoy más allá de las fronteras.

Con el avance de la crisis, en la que las previsiones no son nada esperanzadoras y ante la cual los distintos Gobiernos quieren hacernos pagar las consecuencias a los más vulnerables, la única solución posible pasa por sumar las demandas de todos los sectores explotados y oprimidos para lograr imponer una salida que haga que la crisis la paguen los capitalistas.







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