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Red Internacional

Terapeutas, integradoras escolares y transportistas de todo el país continúan su reclamo contra el atraso en los pagos de las prestaciones y el ajuste en discapacidad. Semana a semana, en todas las ciudades del país se suceden concentraciones y movilizaciones que denuncian atrasos de hasta 6 meses en los pagos, que ponen en riesgo la continuidad de las terapias de miles de personas con discapacidad, poniendo en riesgo su calidad de vida.

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Martes 13 de septiembre | 00:00

Foto: diario El Sol

En Mendoza, tras la concentración que personas con discapacidad y sus familias realizaron en apoyo a la lucha que vienen llevando las y los prestadores, entrevistamos a Macarena Escudero, ex legisladora del Frente de Izquierda en Mendoza, quien al terminar su mandato volvió a las escuelas a su trabajo como integradora de niños y niñas con discapacidad. "Los atrasos en los pagos a las y los prestadores de discapacidad no sólo es un ataque a quienes trabajamos en el sector, sino que pone en riesgo la calidad de vida de miles de personas con discapacidad", denunció

"La situación es muy angustiante para todos", comienza su relato sobre la situación que están viviendo. "Producto de la precarización laboral que han impuesto, donde trabajamos bajo la forma de monotributistas, venimos cobrando a 90 días, y ahora se suma la incertidumbre de no saber si en Septiembre se cobrarán los sueldos, porque vienen informando que los pagos están retenidos", continúa explicando los motivos por los que se vienen movilizando.

- ¿Cómo es el sistema de pagos que tienen las y los prestadores de discapacidad?

  •  Los sueldos varían según la función y la institución para la que trabajes, pero todos están muy lejos de lo que necesita una familia para vivir. Y no es sólo el hecho de cobrar 40 o 50 mil pesos, que es menos de la mitad de la Canasta Básica, sino que es cobrarlo a 90 días con la inflación descontrolada que se vive. Nosotros recién este mes cobraríamos el mes de Junio y la cuenta es sencilla: entre junio y agosto de este año, la inflación acumulada alcanzó el 18 %.

    - ¿Cuál es la situación de las personas con discapacidad?

  •  Ahora se pasan la pelota entre las obras sociales, que lucran con la plata de los afiliados, vulnerando los derechos de las personas con discapacidad, y la Superintendencia de Salud que no garantiza ni los derechos laborales nuestros ni la calidad de vida de las personas con discapacidad. Son ellos y ellas quienes más sufren esta situación de precarización de nuestro trabajo y de su vida. No solo porque al ajuste pone en riesgo la continuidad de sus terapias, sino porque no se garantizan condiciones materiales para que puedan tener una mejor calidad de vida. En el caso de la educación, donde trabajo yo, las responsabilidades son compartidas por todos los organismos que intervienen, porque muchas escuelas no tienen las condiciones edilicias necesarias para niños y niñas con discapacidad puedan asistir.

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    - ¿Cuál es el reclamo central que vienen llevando adelante?

    Este reclamo, que tiene como eje central que se nos paguen los trabajos ya realizados, y por supuesto que se mejore el sistema que nos hace esperar 90 días para cobrar en un país con altísimos índices de inflación, se da también en el marco de los anuncios de ajuste en Salud y Educación del ministro Massa.

    Es fundamental tener en cuenta que, quienes trabajamos con personas con discapacidad necesitamos cobrar nuestros salarios para poder llevar adelante ese trabajo y mantener a nuestras familias. En mi caso, este mes cobré lo trabajado en Junio, pero hay muchas compañeras a las que se les deben hasta 6 meses de trabajo. No solo es imposible vivir tantos meses sin cobrar, sino que muchos institutos ya han anunciado la suspensión de terapias e integraciones por la falta de pago. Eso son compañeras y compañeros que se quedan sin trabajo y personas con discapacidad que se quedan sin sus terapias y sin sus integradoras.

    Durante años, la ANDIS y la Superintendencia de Salud han mantenido a los trabajadores del área de discapacidad trabajando como monotributistas, sin ningún derecho laboral, como es mi caso y cobrando los sueldos a 90 días o más. Esa es la base sobre la que se sostiene un “cumplimiento de derechos” para las personas con discapacidad, que no es tal.

    Principalmente porque mientras las Obras Sociales y Prepagas, se llenan de la plata de sus afiliados y afiliadas, se han negado en muchísimas oportunidades a cubrir todas las prestaciones necesarias para las personas con discapacidad. El derecho a sus prestaciones no ha venido de la mano de ninguno de estos dos organismos, si no de la propia lucha de las personas con discapacidad y sus familias. Un ejemplo de esto en Mendoza es OSEP, que ha generado una gran historia de lucha por negarse a cubrir prestaciones obligatorias en el caso de personas con discapacidad.

    La contracara de eso es que cuando si cumplen con las prestaciones correspondientes, lo hacen con trabajadoras y trabajadores con pésimas condiciones laborales. Con modalidades como el monotributo, que niega vacaciones, licencias por enfermedad y aguinaldo, entre otros.

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    Esto nos pone a los y las trabajadoras del área de discapacidad (ya sea integradoras, como es mi caso o terapeutas o transportistas) en una situación imposible. Porque está de más decir que nuestro compromiso con nuestras y nuestros alumnos y pacientes es enorme, pero no podemos mantener nuestra propia vida en estas condiciones. Y esto lleva a tomar decisiones muy difíciles, como se está haciendo desde algunas instituciones, que tienen que ver con suspender las terapias, los traslados y, en el caso de las integradoras, suspender el acompañamiento que hacemos de los niños y niñas a las escuelas. Y también pone en una situación imposible a las familias, ya que tienen que optar entre quedarse sin las terapias o acompañamientos o pagarlos de su bolsillo, cuando sabemos que es casi imposible eso para las familias trabajadoras.

    Todo esto, por supuesto, viola los derechos de las personas con discapacidad y atenta contra su calidad de vida. Por eso es que miles hemos salido a la calle estas semanas en todo el país y se ha evidenciado un apoyo popular muy importante a esta lucha, que también ha sido acompañada por Nicolás del Caño y Myriam Bregman junto a legisladores y referentes del Frente de Izquierda en todo el país, como Lautaro Jimenez en Mendoza.

    - El Gobierno nacional viene aplicando un ajuste sobre el conjunto del pueblo trabajador, pero ¿por qué crees que también lo aplica sobre las personas con discapacidad, con todo lo que ello implica?

  •  Hay un aspecto que es parte del ajuste general que viene llevando adelante el Gobierno. Para cumplir con las "metas" del FMI tienen que ajustar sobre el pueblo trabajador, sobre las mujeres y las y los jubilados. No es casualidad que los últimos anuncios del Gobierno hayan sido un recorte enorme sobre la salud y la educación y millonarios beneficios sobre los especuladores del campo, ambos hoy celebrados por el directorio del FMI en la reunión con Massa.

    Y en esto no hay grieta entre el Gobierno nacional y la oposición patronal. En Mendoza, donde gobierna la UCR, la situación de la salud y la educación es tan precaria como a nivel nacional, nada tiene que envidiarle Suarez ni Cornejo a los ajustes de Alberto Fernández y Massa.

    Pero también hay un motivo más profundo, más estructural de este sistema. Para el capitalismo, las personas con discapacidad son, al igual que las y los jubilados, "no productivos", por eso los somete a las más grandes penurias. Como no pueden ser sujetos de explotación, parece que tampoco fueran sujetos de derechos, como también vemos en la salud mental. Por eso ese desprecio por la vida de millones de personas y de sus familias, y por eso no cumplen con derechos conquistados con la lucha, como en el caso de las personas con discapacidad, el cupo laboral.




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