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Red Internacional

Pueblos originarios.La militarización de Carreras contra el pueblo mapuche, una política para favorecer al gran capital

"La provincia tiene el poder de policía que le pertenece", contestó Aníbal Fernández al pedido de más fuerzas represivas nacionales por parte de la gobernadora rionegrina. Mientras el Ministro se reunió con organismos de derechos humanos y de las comunidades, Carreras mantiene el grupo COER cercando al Lof Quemquemtrew. Distintos discursos para una misma política de criminalización, a favor del extractivismo y la especulación.

Jueves 7 de octubre | 21:58

En la semana resonó el pedido de la gobernadora de Río Negro al Ejecutivo Nacional para que se envíen fuerzas represivas nacionales a la cordillera, donde se mantiene el cerco policial sobre la Lof Quemquemtrew. Además, la gobernadora de Río Negro aseguró que la fiscalía de Estado de Río Negro se presentará ante el juzgado federal de Bariloche para denunciar unos incendios en El Bolsón y Bariloche, que conformarían según sus dichos un accionar que debe ser investigado como "terrorismo".

No es la primera vez que desde Juntos Somos Río Negro, el partido que gobierna la provincia, se escuchan acusaciones sin fundamento contra el pueblo mapuche. El discurso y la política de Carreras siguen la línea de Alberto Weretilneck, Senador Nacional y jefe del partido, quien comentó, a raíz de los incendios en Cuesta del Ternero, que se produjeron por "supuestos mapuches que andan encapuchados". Lo dijo sin presentar ni una sola prueba, cuando los peritajes sobre el mismo demuestran que se debió a las fallas en el tendido eléctrico. Una política de impunidad, estigmatizante y que fomenta discursos como el de su amigo personal Miguel Angel Pichetto, actual Auditor General de la Nación y ex Senador por Río Negro, quien días atrás llamara a reivindicar a Julio Argentino Roca y relacionó (sin ninguna prueba) la lucha ancestral de las comunidades con la organización Montoneros.

¿Juntos somos?

La política racista y clasista del gobierno provincial y sus aliados no es nueva. Juntos Somos Río Negro impulsó junto al PRO antes del inicio de la campaña electoral hacia las PASO, el Foro Consenso Bariloche, una reunión entre dirigentes políticos, referentes de Juntas Vecinales y empresarios del rubro turístico de la zona cordillerana. Su objetivo fue reafirmar y actualizar la política contra las comunidades mapuche construyendo una plataforma común entre ambos partidos, moviendo todas sus influencias en el poder judicial para seguir criminalizando por “usurpación” a las comunidades originarias.

Una de las preocupaciones centrales es que en Noviembre vence la Ley de relevamientos de tierras de pueblos originarios, y éstos partidos pujan por darle un cierre a este relevamiento. Esto permitiría por ejemplo desalojar las comunidades como las de Añelo, o las del propio Lof Quemquemtrew. Donde hay una estigmatización y denuncia de “usurpación” contra las comunidades, siempre hay un negocio capitalista de por medio, ya sea mediante el fracking, la megaminería o la forestación de pino exótico, donde debiera protegerse el bosque nativo.

Juntos Somos Río Negro y el PRO, en plena disputa electoral, se corren por ver quién es más de derecha. Son expresión de un sector burgués que vive de los negocios de la renta inmobiliaria, del turismo de elite internacional y también de sectores empresariales productivos. Por su parte, el gobierno nacional, que por el momento intenta despegarse del pedido de fuerzas represivas, es el principal promotor de este plan extractivista y de respeto a los grandes terratenientes.

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Políticas distintas, fines similares

Aníbal Fernández dejó en claro que el gobierno nacional no tiene intenciones de avanzar con el envío de fuerzas federales en relación al conflicto con la comunidad Quemquemtreu. Estas declaraciones, se suman a las reuniones que el funcionario mantuvo con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y con el Parlamento Mapuche-Tehuelche.

El mismo estado nacional que no extiende la prórroga para el vencimiento de la ley 26160 de relevamiento de comunidades, que no avanzó en la investigación para dar con los responsables materiales y políticos de Rafael Nahuel y de Santiago Maldonado; el mismo gobierno que hoy impulsa un plan extractivista que afecta no solo a las comunidades mapuches sino a poblaciones territorios enteros, hace un intento de despegarse de la política represiva que Carreras viene profundizando en la provincia. Pero mantener en la impunidad a las fuerzas represivas que asesinaron a miembros de comunidades o quienes se solidarizaban con su lucha; es un guiño de ojo que los sectores de derecha ven como una oportunidad para seguir con su política reaccionaria.

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El gobierno nacional tiene una doble política: El INAI, comandado por su aliada en la provincia, Magdalena Odarda, se presenta como defensor de los derechos de las comunidades mientras permite que el gobierno provincial avance lo más que se pueda con ésta política represiva. Para decirlo en palabras de Orlando Carriqueo, werken del Parlamento Mapuche, quien luego de reunirse con Aníbal Fernández, en una entrevista con Radio Nacional decía lo siguiente: "la relación con el estado nacional no es la mejor, porque nosotros continuamos reclamando por algunas situaciones que necesitan más voluntad política, como la ley 26160 de relevamiento territorial así como el hecho de que el INAI tenga vedado el acceso a la provincia de Río Negro. Esto es responsabilidad tanto de la provincia como del gobierno nacional y deja en un estado de indefensión a las comunidades que necesitan terminar el relevamiento y que incluso no está siendo respetado por la justicia". Y además agregó, en relación al cerco policial al Lof Quemquemtrew: "el hecho de que una comunidad se encuentre aislada por la policía, sin comida ni abrigo, es un hecho criminal. Es algo que no se veía desde la mal llamada conquista del desierto y por eso vamos a denunciar al estado argentino".

La unidad por abajo, una salida por izquierda

Más allá de los discursos, la política de las dos grandes coaliciones gobernantes, para terminar con lo que ellos llaman "el conflicto mapuche", conduce al mismo lugar. La línea de los sucesivos gobiernos nacionales tanto del macrismo como el peronismo fue profundizar el capitalismo extractivista, con el seguidismo del gobierno provincial de Río Negro. La mal llamada "Campaña del Desierto", esa empresa criminal que entregó tierras usurpadas a privados, sigue al día de hoy bajo otras formas.

Como afirma Laura Xiwe Santillán, docente de Fiske Menuco y candidata a diputada por el Frente de Izquierda: "Esta es una política histórica. Después del despojo, de lo que fue la mal llamada conquista del desierto, miles de mapuche se vieron arrojados a vivir en las peores condiciones. En situaciones que no se corresponden con los hábitos y costumbres de su cultura en cuanto a la relación con el territorio. Hoy en día esa situación de discriminación, de condena a la desocupación, a la falta de vivienda, el hecho ser constantemente estigmatizados, desplazados, discriminados, esas condiciones son las que van generando conciencia en algunos sectores de que la única salida es pelear por sus derechos como legítimamente lo hacen las comunidades. En todos los casos el estado defiende los intereses de los grandes terratenientes, de los especuladores y de los agentes del gran capital como mineras y petroleras. Este es el modelo de desarrollo que impulsan todos los gobiernos e implica la negación histórica y la preparación del terreno ideológico para reprimir esos reclamos, así como lo hicieron cuando asesinaron a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. A medida que se profundiza la crisis social, cada vez más personas buscan recuperar sus derechos básicos como la vivienda o el acceso a la libre determinación en sus territorios ancestrales".

Ninguna constitución o código internacional, por más democrático que sea, puede respetar los derechos históricos de los pueblos originarios si a la vez se pretende garantizar el derecho a la propiedad privada de terratenientes, empresarios del turismo y del extractivismo contaminante. Las demandas nacionales de los pueblos originarios no pueden ser resueltas íntegramente bajo los marcos del estado burgués, que con sus aparatos represivos, defiende los intereses de unos pocos frente a las necesidades de las mayorías. La reivindicación del legítimo derecho mapuche a su autodeterminación solo se puede hacer efectiva mediante la organización y movilización de todos los sectores oprimidos en una gran fuerza social y política que se proponga terminar con este sistema basado en el saqueo, la opresión y la explotación.




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