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La ley de movilidad y la criminalización de la protesta social

La ley de movilidad, además de criminalizar la protesta social, ataca directamente derechos humanos y las libertades civiles fundamentales. Aumenta el número de efectivos policíacos en las manifestaciones y el uso de la fuerza represiva.

Andrés Aullet

Abogado y maestro en Derechos Humanos

Jueves 2 de abril de 2015 | Edición del día

Foto: Protoplasma Kid/WikimediaCommons

En julio del 2014, Miguel Ángel Mancera, actual jefe de gobierno del Distrito Federal, publicó la llamada Ley de movilidad. El punto que nos interesa destacar en esta nota es el siguiente: la ley dispone que para la realización de manifestaciones, mítines políticos, caravanas, etc., con finalidades lícitas, se tiene que solicitar el plan de ruta, lugar y fecha del mitin, protesta o evento que se pretenda realizar en ejercicio de la libertad de expresión, a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). No se pueden afectar las principales vialidades de la ciudad y señala que la misma Secretaría tomará medidas para evitar bloqueos, etc.

En torno a estas definiciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) promovieron controversias de constitucionalidad. Sin embargo, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió frenar la resolución de más amparos contra esta ley.

Lo que es necesario resaltar para el caso que nos ocupa, es que tratándose de manifestaciones públicas, el derecho a la libre manifestación y tránsito se restringe y se somete al arbitrio de la autoridad, en este caso la SSP, quien a su vez tiene el derecho de calificar la legalidad de la solicitud. En segundo lugar, igualmente grave, es que precisamente el artículo 212, párrafo segundo de la mencionada ley, determina a priori que las manifestaciones tengan un carácter “lícito”.

Estos dos puntos son claves, pero sobre todo, es en el segundo donde encontramos la criminalización de la protesta social, o mejor dicho, la legalización de la criminalización de la protesta social, al condicionar que las manifestaciones a realizar sean lícitas. Bajo este criterio y sin entrar en una discusión de qué es lícito o no, el hecho mismo de que la autoridad defina que las manifestaciones tienen que ser lícitas, es simplemente bajo su más discreto arbitrio. De ahí que se destaque lo profundamente político y reaccionario del artículo.

Sin más, esto viene a ser parte del juego “legal” y el corolario de la criminalización de la protesta social, que de facto viene a respaldar al ilegal protocolo de contención de masas. Acompañado también de la judicialización de la protesta mediante la incriminación de delitos como el de ataques a la paz pública (artículo 362 del Código penal para el DF), con el cual han sido y seguirán siendo procesados muchos manifestantes.

Los artículos del 212 al 214 de la referida ley, tienen el negro historial de la represión inaugurada el 1° de diciembre de 2012, que luego se reprodujo en diversos eventos como el 10 de junio, 1 y 13 de septiembre y 2 de octubre de 2013, así como en los sucesos del 26 de noviembre y 1° de diciembre de 2014, que tienen por saldo mucha sangre de por medio de manifestantes, padres de familia, activistas, etc., y los más de 200 procesos penales contra personas, de las cuales hay varios presos políticos en las cárceles del “democrático” gobierno de Mancera.

Fue precisamente la Asamblea Legislativa, compuesta en su mayoría por el PRD, el PRI y el PAN, quien dio el aval a esta medida, que tiene por objeto pacificar el descontento contra los planes de miseria y hambre de los gobiernos federal y locales.

El discurso tramposo para legitimar la criminalización de la protesta social es el “daño a terceros”. Es evidente que nadie quiere afectar a los demás, pero el origen no son las protestas ni las manifestaciones, sino las políticas públicas del gobierno, los planes como las reformas estructurales, la misma represión, la violación a derechos humanos, entre otras, propias de este sistema capitalista.

Así, este gobierno que se dice democrático, aplica la variante mexicana de la española Ley Mordaza. Es el gobierno de Mancera y el PRD en la ciudad que le cuida las espaldas a Peña Nieto y el conjunto del régimen en la capital. Pero de fondo también está el cuidar los intereses de los grandes capitalistas y la patronal mexicana.

Mientras este gobierno avanza en la elitización y privatización del primer plano de la ciudad, mantiene por otra parte eventos exclusivos para mantener el zócalo capitalino ocupado por actos, algunos de ellos de lo más superfluo que se puedan imaginar, violentando así derechos fundamentales como el libre tránsito, la libertad de reunión y manifestación pública. Lo destacado también de esta situación es el enorme y permanente cerco policíaco en el primer cuadro de la ciudad, lo que viene a confirmar cómo es que opera la violación a derechos humanos y la criminalización de la protesta social, así como otros eventos públicos.

La “Ciudad de vanguardia” de Mancera ciertamente se pone a tono con otras ciudades del mundo, como Los Ángeles, Montreal, etc., que precisamente criminalizan la protesta social y cuyos gobiernos no reparan en reprimir cruentamente las manifestaciones que no cumplan con los “formalismos”.

Estamos presenciando los rasgos más autoritarios de este régimen. La ley de Movilidad, además de criminalizar la protesta social, ataca directamente derechos humanos y las libertades civiles fundamentales. Aunado a eso, aumenta el número de efectivos policíacos que se despliegan en las manifestaciones y el uso de la fuerza de la represión es cada vez más la regla. Debemos salir a las calles y hacerlas nuestras para romper con estas medidas criminalizadoras y el ilegal protocolo de contención de masas.







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