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Red Internacional

Desde este domingo a las 00 horas, Argentina integra oficialmente la (corta) lista de países donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal. Qué deberá suceder a partir de ahora y cuáles son los obstáculos que enfrenta la conquista de la ley.

Sol Bajar @Sol_Bajar

Domingo 24 de enero | 13:37

La ley, que entró en vigencia con el número 27.610, se hace efectiva después de los 10 días transcurridos desde su promulgación, el 14 de enero pasado, cuando el presidente Alberto Fernández emitió el decreto 14/2021.

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito señalan que se trata de "un triunfo de la lucha colectiva". "Hoy se reaviva la declaración que hicimos desde la Campaña el día de su aprobación en el Congreso: ‘este es un triunfo de la lucha colectiva y de los años de organización con el foco puesto en este derecho", señalan.

Aunque a partir de este domingo el acceso a la práctica deberá ser garantizado en todo el sistema sanitario, la objeción de conciencia habilitada para los establecimientos de salud, la judicialización de los casos y los intereses de las obras sociales, parecen entrar en juego.

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Arrancó la estrategia de judicialización de los sectores antiderechos

Para impedir la aplicación de la ley, los grupos antiderechos ya empezaron con los anunciados intentos de judicializar el acceso al aborto, tanto a nivel nacional, como a nivel local.

Esta semana tuvieron su primer traspié, ya que la justicia de Salta habilitó la feria de la provincia para rechazar “por improcedente” un recurso colectivo que interpusieron, entre otros, la ex senadora nacional María Cristina Fiore Viñuales, aliada del Frente para la Victoria cuando en 2018 se rechazó la ley.

La decisión, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Salta, no aportó muchos argumentos, pero como señala la abogada Marisa Herrera, el fallo destacó cuestiones procesales y dejó de lado esta intención de inhabilitar el Protocolo Nacional y su aplicación en la provincia.

La estrategia de judicialización de la ley, para impedir que se aplique hasta las primeras 14 semanas de embarazo, o dentro de las causales con posterioridad, tiene límites. “Se tiene que cumplir, con guías y protocolos o sin ellas, porque ya es legal", advierte Patricia Bustamente, integrante de la Campaña. No obstante, los sectores que militaron el rechazo a la legalización insistirán con esta estrategia hasta conseguir que algún juez le de lugar. Lo hicieron también con los abortos no punibles y sus protocolos de acceso.

Presas por abortar

Con la entrada en vigencia de la ley, también deberían terminar todos los procesos penales que recaen sobre las personas que fueron judicializadas y criminalizadas por abortar. Es que, como señala Bustamante, “en la ley penal existe el beneficio de la retroactividad”, de manera que comienza a aplicarse la ley más beneficiosa y esas personas deben quedar libres -en caso de estar presas- y sin antecedentes.

Según un informe de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), actualmente hay al menos 1532 causas por aborto y 37 por eventos obstétricos, aunque una revisión de los casos debería dejar al descubierto los procesos en donde los supuestos abortos fueron disfrazados, además, con figuras legales aún más gravosas, “para que el peso de la ley caiga con mayor fuerza".

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Se trata, en la mayoría de los casos, de procesos que recaen sobre mujeres pobres: “no tiene trabajo remunerado, tiene un bajo nivel de instrucción formal y viven en condiciones habitacionales precarias. Son menores de 30 años y muchas tienen une o más hijes”, advierte del informe difundido en diciembre de 2020.

Garantizar la aplicación

Ante la injerencia que garantiza la ley a los sectores antiderechos, la Campaña Nacional espera que el Estado tome cartas en el asunto. En declaraciones a Télam, Celeste Mac Dougall sostuvo que "va a hacer falta una campaña por parte del Estado que establezca dónde y cómo se va a garantizar este derecho”, debido precisamente “a que existe la objeción de conciencia". A la vez, remarca que será necesario que el Estado garantice también “la educación y formación”, ya que “la ley IVE establece nuevos derechos".

El procedimiento para garantizar la aplicación de la ley también supone la cobertura al 100% por las obras sociales y prepagas. Sin embargo, mientras que algunas afirman que ya están listas para empezar con su aplicación, en provincias como Salta y Misiones proliferan los obstáculos, con más del 70% del personal de la salud declarándose objetor, y una importante cantidad de instituciones pagas que estarían “armando” los equipos médicos, “evaluando” la implementación o “a la espera de la publicación de un protocolo”.

Según Clarín, eso es lo que se desprende de las consultas realizadas en estos días. Mientras que Osde, IOMA y Swiss Medical ya están en condiciones de empezar, “en los Sanatorios de la Trinidad (propiedad del Grupo Galeno) están haciendo la evaluación de la implementación y analizando de qué manera se va a instrumentar”.

Otras prestadoras sostienen que hay “zonas grises” y que “falta una reglamentación o un protocolo por parte del Ministerio de Salud”. Fernando Coppolillo, médico gerente de prestaciones de Medifé, una de las principales empresas de medicina prepaga de Argentina, afirma por ejemplo que “el medicamento (misoprostol) cuesta unos 8 mil pesos, una ecografía cerca de 2 mil pesos, una observación entre 15 mil y 20 mil pesos, y las consultas 700 pesos. Ese sería el paquete de servicios clínicos”. Para los casos que requieren una intervención quirúrgica, en cambio, estima que “el paquete de servicios” ronda “los 60 mil pesos”, y que “a eso hay que agregarle algunos estudios de laboratorio”.

Al ser parte de las prestaciones nomencladas para circunstancias médicas varias, el acceso a la IVE no debería redundar en el incremento de la cuota de las afiliadas y afiliados a las prepagas y obras sociales. Tampoco debería someterse a la existencia de protocolos, ya que no son una condición para realizar el procedimiento.

La judicialización de los casos, a través de denuncias interpuestas para obstaculizar la práctica; la declaración de las y los profesionales como objetores, para imponer que en establecimientos, ciudades y provincias enteras la IVE no sea un derecho; el traslado de los gastos a las cuotas de las prepagas y obras sociales; la formación para garantizar el acceso a este derecho a través de la educación sexual integral (donde también las cúpulas de las Iglesias se garantizaron su incidencia), son algunos de los obstáculos que deberá enfrentar el movimiento de mujeres y disidencias para que efectivamente la conquista de la ley sea, verdaderamente, un derecho para todas y para todes.




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