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Red Internacional

Tras 6 años de reclamos, en su cuarta presentación el proyecto de ley de VIH, las hepatitis, la tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual llegó a ser discutido y aprobado en la Cámara de Diputados. El próximo paso será la votación en el Senado.

Pablo Herón@PhabloHeron

Jueves 5 de mayo | 15:10

Con 241 votos a favor, 8 en contra y sin abstenciones el proyecto de ley de VIH, las hepatitis, la tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual obtuvo media sanción en Diputados. Dentro de los votos en contra se incluyen los 4 diputados y diputadas de los bloques de Milei y Espert.

La ley busca superar el enfoque biomédico de la legislación establecida en 1990, abordando situaciones ligadas a la vulnerabilidad social y económica. Se trata de medidas elementales en medio de un contexto de crisis, con 17 millones de personas bajo la línea de pobreza, una situación que impacta de lleno en la salud.

Se trata de un sector de la sociedad históricamente discriminado y estigmatizado, cada día mueren en el país 13 personas por causas relacionadas al VIH y/o a las Hepatitis Virales. La ley fue impulsada por decenas de organizaciones como la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos y Ciclo Positivo, nucleadas en el Frente Nacional por la Salud de las personas con VIH.

Entre las medidas centrales que viene que a plantear el proyecto de ley se encuentra el derecho al trabajo y la permanencia para esta población, sin discriminación, despidos, suspensiones o reducciones salariales. También se incluye las características que deben cumplir los testeos: la confidencialidad, la voluntariedad, la gratuidad y el asesoramiento. Y extiende el período de garantía de leche de fórmula para madres y personas con capacidad.

A su vez, establece un régimen especial de jubilaciones y de pensiones no contributivas para personas con VIH y/o hepatitis virales, ante el envejecimiento prematuro que atraviesan quienes viven mucho tiempo con VIH y para personas en situaciones de vulnerabilidad económica. En el caso de las jubilaciones, se establecen como requisito haber cumplido 50 años, acreditar 20 de servicios computables y 10 años transcurridos desde el diagnóstico. De allí surgen los números que transmitió el diputado del Frente de Todos, Daniel Gollán: “serían 500 jubilaciones para el primer año y después 50 por año. Y para el primer año 8 mil pensiones y luego mil pensiones anuales”.

La diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, planteó que “la lucha y la persistencia de las organizaciones es lo que hizo posible que se esté tratando acá. Esa persistencia ha contrastado con las prioridades que tiene este Congreso”. El primer proyecto se presentó en 2016, aún con una pandemia y una crisis sanitaria en el medio las fuerzas mayoritarias del Frente de Todos y Juntos por el Cambio optaron por no darle prioridad, cayendo su tratamiento en tres ocasiones consecutivas.

Durante el debate se expresaron reparos a la propuesta de un régimen de jubilaciones y pensiones por parte de diputados y diputadas de Juntos por el Cambio. Alejandro Cacace, del bloque radical de Lousteau sostuvo que “no es la respuesta la creación de un régimen de excepción”, planteando que es suficiente con el sistema actual del régimen previsional. Críticas que coinciden con el plan del Fondo Monetario Internacional en el país, que busca atacar los regímenes especiales conquistados por los trabajadores por sus condiciones laborales. “No hay que confundirlo con privilegios, a esos por supuesto nos oponemos” respondió Bregman, en contraposición a quienes buscan igualar la propuesta del proyecto con los regímenes para jueces, presidentes y presidentas.

En el camino de lucha por la cura del VIH, contra los negocios millonarios de grandes laboratorios y gobiernos, las organizaciones siguen reclamando medidas elementales. Tras un largo recorrido la ley obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados. El próximo paso para que efectivamente sea ley, será la votación en el Senado.




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