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Red Internacional

Política. La izquierda chilena ante el giro a derecha de Boric

El editorialista de La Izquierda Diario Chile, Fabián Puelma, plantea las tareas centrales de la izquierda frente al giro socialdemócrata del gobierno de Boric.

Miércoles 26 de octubre | 11:40

El gobierno de Gabriel Boric ya poco se distingue de un gobierno socialdemócrata, como los de la Concertación que gobernó Chile 20 de los 30 años desde la vuelta de la democracia. Defraudó a su propia base y ha permitido el avance de la derecha. Hay que fortalecer una oposición al gobierno por izquierda, que luche por poner la agenda de la clase trabajadora y el pueblo en el centro del escenario nacional. Potenciar y difundir los ejemplos de organización y ocupación productiva que empiezan a aparecer entre comunidades mapuche y el sindicato de Chilterra, es un paso indispensable para lograr poner en el centro la agenda de la clase trabajadora.

El gobierno de Gabriel Boric lleva apenas siete meses. Es difícil encontrar un gobierno que haya defraudado tan rápidamente sus promesas y haya desmoralizado a su propia base de manera tan categórica.

Uno de los símbolos más claros fue el cambio de postura respecto al TPP-11, el tratado transpacífico firmado por 11 países que ya se encuentra aprobado por el Parlamento y espera la ratificación del presidente. El Frente Amplio y el Partido Comunista durante años se ubicaron como opositores a su aprobación. Argumentaban que el tratado bloqueaba cualquier intento de impulsar un “modelo de desarrollo” alternativo al imperante. Hoy el gobierno de Boric anunció que, tras su aprobación en el Senado, depositará el tratado antes de fin de año. Ni siquiera respetarán su propia decisión de esperar la negociación de los “side letters” para excluir aspectos del tratado.

Otro tanto se negocia en el Congreso. El gobierno anunció que se encuentra trabajando en un proyecto para reemplazar el estado de excepción en el sur. ¿Para acabar la militarización? No, todo lo contrario: para hacerla prácticamente permanente. En la negociación con los distintos partidos, la ministra de Interior Carolina Tohá (del partido del expresidente Lagos, PPD) se habría abierto a que el nuevo mecanismo “solo” considere la restricción de la locomoción, lo que, de todas formas, permitiría decretar toques de queda si fuese necesario.

Pero la lista suma y sigue. En la conmemoración del 18 de octubre, cuando se cumplieron 3 años del estallido social, mientras Gabriel Boric afirmaba que las cosas en 2019 “llegaron a un extremo que no debieran haber llegado”, el gobierno desplegaba 25.000 Carabineros para “copar” Plaza Dignidad y evitar las conmemoraciones a la rebelión popular. Hasta militantes de base de partidos de gobierno notaron que la represión fue igual o peor que con Piñera. Un verdadero insulto.

El gobierno de Boric no se distingue sustancialmente de un gobierno de la Concertación. Sus gestos son más derechistas, incluso, que los de la Nueva Mayoría del segundo mandato de Michelle Bachelet. “¿Quieres consolidar el statu quo? ¿Qué tal elegir un gobierno de izquierda?”, era el título de la columna de José Gabriel Palma en el medio digital chileno Ciper, alguien que nadie podría calificar de izquierdista radical.

El gobierno replica que ellos no se derechizaron, sino que fue el pueblo el que lo hizo. Nuevamente le echan la culpa al pueblo, cuando son ellos quienes desde el día uno se han subordinado a los dictados de los dueños de Chile. El fortalecimiento del autoritarismo estatal con la militarización del sur, medidas represivas contra las y los estudiantes secundarios y una recargada agenda de seguridad, son decisiones que se han tomado en este gobierno. No sólo eso, son medidas que son aplaudidas y difundidas con orgullo por el mismo. El avance del “bonapartismo” se ha profundizado de la mano con este gobierno “progresista”.

Y acá no se puede liberar de responsabilidad al Frente Amplio y al Partido Comunista. Echarle la culpa a los partidos de la vieja Concertación hoy en el gobierno, como el Partido Socialista y su coalición Socialismo Democrático es un mal chiste. Todos los partidos de Apruebo Dignidad se han disciplinado detrás del gobierno. Incluso Daniel Jadue del Partido Comunista - alcalde de Santiago que marca una voz crítica frente a la "nueva generación" encabezada por Camila Vallejo-, que criticó la represión vivida el 18 de octubre de este año, fue enfático en afirmar que “los que están esperando que me salga de mi partido, se van a morir antes de que eso pase”. Las críticas a Boric son para los días de fiesta y para el twitter, pero la disciplina con el partido de gobierno está por delante.

En este escenario, gran parte de la izquierda que fue parte de la campaña por el Apruebo en el referéndum de salida de la Nueva Constitución, que no forma parte del gobierno pero que apostó su vida a la Convención Constitucional, sigue paralizada. Hay quienes se mantienen en la ubicación de “apoyar lo bueno y criticar lo malo” del gobierno. Esa es la fórmula perfecta para poner a la izquierda y las organizaciones sociales como furgón de cola de la agenda del gobierno.

Un ejemplo claro es lo planteado por Karina Nohales de la Coordinadora 8M, que agrupa a un sector del movimiento feminista. En una reciente entrevista, sostuvo la necesidad de “construir una fuerza independiente del gobierno”, pero para “plantear una alternativa en el caso que el gobierno no cumpla con sus promesas”. Nótese, “en el caso”. ¿Es que aún estamos a la espera de que el gobierno cumpla? ¡La traición del gobierno de Boric con sus votantes no puede ser más clara! Pero eso no es todo. La dirigenta feminista, quien fue también una de las organizadoras del Comando de Movimientos Sociales Constituyentes (que impulsó el Apruebo de la nueva Constitución en una campaña distinta a la oficialista), plantea que “si nosotras nos desentendemos completamente de la suerte del gobierno, estamos en problemas y el gobierno tiene que poder contar con una base social”. Luego de haber dedicado todas sus energías en oficiar de arquitectas del proyecto de nueva Constitución del Estado capitalista chileno, ahora se volverán a las organizaciones sociales... pero para ayudar a que el gobierno tenga mayor base social.

La tarea es otra. Hay que fortalecer una oposición por izquierda que pelee por poner la agenda de las y los trabajadores en el centro del debate nacional. Los grandes medios de comunicación, los partidos de gobierno y oposición reproducen una agenda basada en el sensacionalismo de casos de delincuencia, inmigración y narcotráfico. Mientras que en la política, montan un verdadero circo en el Congreso alrededor de la "cocina" para definir un nuevo proceso constituyente. Un circo de la casta política. Y ahí entran todos, incluyendo los que hablan en contra de los políticos, como el Partido de la Gente del derechista Franco Parisi.

Todo esto pasa mientras se acerca la recesión económica. Empieza a caer el empleo y aumentan los despidos. Siguen habiendo 500.000 puestos de trabajo que se perdieron durante la pandemia y no se han recuperado. Quienes tienen trabajo han visto caer sus remuneraciones reales. La inflación se come los salarios: los trabajadores perdieron 11 puntos en su capacidad de compra de la canasta de alimentos. Aumenta la pobreza y los campamentos. Hay 71.000 hogares viviendo en campamentos. Según las cifras dadas a conocer estos días, son 29.122 nuevos hogares respecto al catastro de hace tres años.

Hay que impulsar un programa de emergencia para que la crisis la paguen los grandes empresarios y no la clase trabajadora. Congelar los precios de los servicios esenciales a los valores previos a la escalada inflacionaria, subir los sueldos automáticamente según la inflación, aumentar el sueldo base mínimo acorde a las necesidades de las familias como exigen las y los trabajadores del Sindicato de Starbucks, la nacionalización de las empresas de servicios esenciales como luz, agua y gas, bajo gestión de las y los trabajadores y usuarios, entre otras medidas, deben ser parte de esta pelea.

Pero imponer la agenda de la clase trabajadora en el centro de la discusión nacional no es simplemente un ejercicio mediático. Sólo es posible con ejemplos de lucha. Es por esto que la ocupación productiva que protagoniza el sindicato de Chilterra junto con comunidades mapuche en el Fundo Huite, en la Región de Los Ríos, debe ser un emblema que toda la izquierda, los sindicatos y las organizaciones sociales deben tomar en sus manos.

El Fundo Huite puede proveer a cerca de 500.000 personas con carne, trigo y leche. Es de 7.200 hectáreas y en él hay cerca de 12.000 vacas. El patrón del fundo Ricardo Ríos, ahora caído en desgracia por sus deudas, era el tercer proveedor de lácteos del país. Cerca de 200 trabajadoras y trabajadores junto con comunidades mapuche hicieron ocupación del fundo y mantienen andando la producción. Se combina una ocupación productiva con demandas de restitución territorial de comunidades mapuche. Se trata de una alianza entre trabajadores y mapuche y una ocupación productiva hecha en conjunto como no se veía desde los años setenta. El sindicato ha tomado en sus manos también la demanda de la restitución territorial. A su vez, dentro de los objetivos de la ocupación es poder vender productos alimenticios claves a precios justos en beneficio de la población.

La experiencia viene siendo apoyada por importantes autoridades mapuche espirituales y políticas de las zona. Sin embargo, las organizaciones de izquierda no han aportado todavía a fortalecer esta experiencia. Tampoco lo han hecho aún los grandes sindicatos. Es algo que se debe revertir cuanto antes para evitar el aislamiento. Desde la ocupación productiva decidieron impulsar una campaña nacional de difusión y solidaridad. #YoApoyoLaOcupaciónProductiva: Por la soberania alimentaria, ¡viva la unidad de trabajadores y mapuche!

Una tarea fundamental para buscar que sea la agenda de las y los trabajadores la que se ponga en el centro, es potenciar esta campaña y tomar la experiencia de ocupación productiva como un ejemplo y emblema de toda la clase trabajadora, el pueblo y las comunidades mapuche.


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