Política

TRAS EL REVÉS A GILS CARBÓ Y AL KIRCHNERISMO

La guerra judicial al rojo vivo

La llamada guerra judicial entablada entre el Poder Ejecutivo y la Procuración General contra gran parte del Poder Judicial está al rojo vivo y promete nuevos capítulos.

Miércoles 14 de enero de 2015 | Edición del día

Fotografía: Wikicommons

Confirmando una sentencia firmada la semana pasada, el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico falló nuevamente suspendiendo la designación de 16 fiscales subrogantes que esperaban ocupar sus puestos a partir del 2 de febrero en distintas localidades del país, poniendo en marcha el Código Procesal Penal votado a principios de diciembre.

La sentencia resulta un duro golpe propinado a la procuradora general Alejandra Gils Carbó y al kirchnerismo, que promovió una solicitada en todos los diarios con la adhesión de 80 fiscales que denuncian una “campaña de criminalización” contra la gestión del Ministerio Público, “mediante el impulso de denuncias penales”, en función de “intereses particulares” de miembros del Poder Judicial.

Análogamente, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich a pie juntillas con diputados y senadores del Frente Para la Victoria respaldaron las designaciones efectuadas y defendieron a Gils Carbó, fundando su derecho en facultades constitucionales, acusando a la “corporación judicial” de “caranchos” que obstruyen “la división de poderes del Estado”.

Detrás del fallo del juez Lavié Pico hace filas toda la oposición, y en particular el massismo, cuyo legislador Mauricio D’Alessandro es responsable del pedido de amparo de marras, argumentando que “carece de toda razonabilidad la puesta en vigor de las fiscalías”. En su pugna con el kirchnerismo, la oposición en pleno apoyada sobre renombrados jueces que integran la Asociación de Magistrados (encabezada por la ultra conservadora lista Bordó bajo la conducción del radical Ricardo Recondo) señalan que la selección de fiscales realizada por Gils Carbó resulta curiosamente prematura, pues el plazo estipulado para la entrada en vigencia del Código Procesal Penal correría a partir de más adelante. Cuando varios juzgados investigan a funcionarios del gobierno por ilícitos de distinta envergadura, la selección obviamente no resulta azarosa.

Entre tanto, siguiendo los requisitos previstos para la instauración del Código Procesal Penal, Lavié Pico dijo que resultaba necesario la votación de una ley de implementación, la creación de una Comisión Bicameral de monitoreo del Código, la puesta en pie de un programa de capacitación de fiscales y funcionarios y la asignación de recursos presupuestarios, para que los fiscales asuman cuando estén dadas estas condiciones.

Con el afán de dejar sin efecto este fallo, el kirchnerismo intento recusar a Lavié Pico en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, pero los camaristas Marcelo Duffy, Jorge Morán y Rogelio Vincenti lo rechazaron. De todos modos, Gils Carbó y los funcionarios de la Procuración General probablemente volverán al ruedo en plena feria judicial con nuevos argumentos que justifiquen la selección de los fiscales. Del mismo modo, según declaraciones del diputado Héctor Recalde, los legisladores kirchneristas se proponen dejar a punto cuanto antes los requisitos enunciados por Lavié Pico.

Más allá de las peripecias, evidentemente asoman vientos de fin de ciclo, distintos a los que soplaban otrora, cuando la corporación judicial acompañaba todos las solicitudes del kirchnerismo mediante el enlace establecido con el Servicio de Inteligencia (como quedó al desnudo en la reciente crisis tras el desplazamiento de Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher) armando causas, frenándolas o dejándolas sin efecto, desmitificando así la supuesta independencia de los poderes del Estado.

Si bien actualmente el juez Claudio Bonadío puso la lupa sobre los negocios ilegales de la familia Kirchner, sostenidos presuntamente sobre maniobras de lavado de dinero a partir de los vínculos entre Hotesur S.A. y las empresas de obra pública de Lázaro Báez, poco antes sobreseyó a tres secretarios privados de Cristina que incrementaron su patrimonio casi cien veces, mientras salvó el pellejo del ministro de Planificación Julio De Vido, por su responsabilidad en la masacre de Once, tal como denunciaron los familiares y amigos de las víctimas.

Ungido por la oposición y aclamado por la corporación judicial como un paladín de la república, este “juez de servilleta” que operaba incondicionalmente bajo las ordenes de Carlos Corach y el menemismo nada tiene que enviarle al juez Norberto Oyarbide, que raudamente cerró la investigación por el enriquecimiento millonario de los Kirchner.

Gils Carbó y los kirchneristas de Justicia Legítima de ningún modo cuestionan los intereses de la corporación judicial, vinculada hasta por lazos de sangre a genocidas de la dictadura, terratenientes y banqueros, con funcionarios y magistrados vitalicios e inamovibles que perciben ingresos de $150.000 y ni siquiera pagan impuesto a las ganancias.

A pesar de ser el más conservador de los poderes del Estado, jamás levantaron una política por la ampliación de derechos como la elección por voto popular de los jueces y fiscales y la extensión nacional de los juicios por jurados, mucho menos cuestionaron la vigencia de una institución feudal como la Corte Suprema y menos que menos se propusieron la expulsión de 400 magistrados vinculados a la dictadura, a pesar de la charlatanería de Hebe de Bonafini y compañía.

Por el contrario, las huestes de Gils Carbó sólo se proponen ocupar espacios en ese poder del Estado, en convivencia con los sectores más cerrilmente derechistas, a partir de las prerrogativas del Código Procesal Penal a la Procuración General para designar 18 fiscales generales y casi 2000 funcionarios en fiscalías de materia de corrupción y de esa forma asegurar impunidad al kirchnerismo y, según dicen algunas malas lenguas, construir una cabecera de playa desde la cual mantener agrupados a los fieles de Cristina con una cuota de poder proyectando un hipotético retorno en 2019.

Supliendo el papel de la oposición a causa de su debilidad y fragmentación, la Justicia seguramente presagia un nuevo entremés de precalentamiento con el kirchnerismo, a las puertas de las próximas elecciones.







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