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La familia judicial le da la espalda al macrismo y el Gobierno ataca a la Corte

Los últimos fallos y resoluciones judiciales muestran que Cambiemos está en retirada. En represalia, el Gobierno busca recortar recursos al máximo tribunal de justicia.

Rosa D'Alesio

@rosaquiara

Sábado 19 de octubre | 00:26

El diputado Pablo Tonelli, busca quitarle recursos financieros a la Corte Suprema para destinarlo al Consejo de la Magistratura, el órgano que administra buena parte del Poder Judicial. El anuncio se da luego que el máximo tribunal vuelve a fallar contra el Gobierno.

Tonelli, quién en los próximos días hará la presentación formal del proyecto, anunció esta medida durante una reunión de la comisión de Administración y Finanzas del Consejo. "Tan inadecuada ha sido la asignación de recursos presupuestarios en cabeza del Consejo de la Magistratura, que más del 95 % de ellos se destina al pago de salarios, lo que hace imposible aplicar fondos para hacer inversiones mínimas", dijo el diputado oficialista durante su intervención.

Que los cortesanos tienen privilegios monárquicos, perciben honorarios abultados que no tributan ganancias y que sus cargos son vitalicios, es algo que el Frente de Izquierda viene denunciando. Lo “sorprendente”, es que este anuncio se conoce después de varios fallos de la Corte que complican al Gobierno.

Este jueves, la Corte Suprema, con los votos de la mayoría formada por los peronistas Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, rechazó un pedido del Poder Ejecutivo para que aclarara sus fallos sobre IVA y Ganancias. Los mismos jueces, hace dos semanas, habían dictado medidas cautelares pedidas por quince provincias que le impedían al Gobierno aplicar los decretos que disponían la reducción de impuestos que afectan fondos coparticipables

Además, en su fallo, la Corte ordenó que fuera el gobierno de Mauricio Macri quien asumiera los efectos fiscales que causaban la aplicación del decreto.

Los decretos contra los que falló la Corte son el 561/19 y el 567/19, que firmó Macri después de la disparada del dólar post-PASO, que dispone la eliminación del IVA de un grupo de alimentos y una mínima modificación del impuesto a las ganancias que pesa sobre los salarios de los trabajadores.

Los fallos de jueces y fiscales, carecen de originalidad. La familia judicial, cuando comenzó a avizorar el fin del gobierno macrista, no dudó en pasarse a la oposición. Quienes ocupan la Corte Suprema, no son la excepción. Con el fallo a favor de los gobernadores, que en su mayoría apoyan a Alberto Fernández, los jueces del máximo tribunal muestran sin sonrojarse que van detrás de quién ostenta el poder.

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Otras resoluciones judiciales contra el macrismo

No solo los jueces de la Corte comienzan a fallar a favor del próximo gobierno.

  •  La juez María Servini suspendió el pago del bono de $5.000 a desocupados, que había sido dispuesto por el Ministerio de Producción y Trabajo, por considerarlo una forma de comprar voluntades a favor de Juntos por el Cambio, en las elecciones del 27 de octubre.
  •  Por su parte, el juez Luis Rodríguez, citó a indagatoria al exministro de Energía y Minería Juan José Aranguren y a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

    A Aranguren se lo investiga por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, por las decisiones adoptadas durante su gestión en Energía que beneficiaron a la empresa Shell. Mientras que Alonso será investigada por “presunto encubrimiento en la función pública”. Durante los primeros meses de la gestión de Macri, fueron muchas las críticas contra Aranguren debido a que tenía unos 16 millones de pesos en acciones de la compañía petrolera Shell. En septiembre de 2016, Aranguren decidió desprenderse de esas acciones y para Alonso, esa decisión despejó "todo tipo de sospechas".

  •  Asimismo, la Cámara Federal porteña reabrió una investigación contra el exministro de Trabajo Jorge Triaca acusado por defraudación contra el sindicato Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), cuya intervención dispuso el gobierno nacional en 2016.
  •  En tanto, Luis María Blaquier está procesado por negociaciones incompatibles con la función pública. Lo resolvió el juez Sebastián Casanello, quien concluyó que como subdirector Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, Blaquier durante su gestión se benefició él. además de las empresas Cablevisión y Arcor, de las que había sido directivo hasta fines de 2015, antes de asumir ese cargo.
  •  Por su parte, el juez Rodolfo Canicoba Corral investiga, en la causa de Peajes, el posible fraude al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad. Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, Javier Iguacel y Nicolás Dujovne, están en la mira de la Justicia.

    Después sigue la lista de funcionarios k que están siendo liberados. La familia judicial actúa como un partido. Dispone a qué fracción de la burguesía apoyar, y hasta cuándo acompañar a un gobierno. En tanto, la Corte Suprema, una institución con poderes casi monárquicos que nadie vota, designada por el Presidente, o por el aristocrático Senado que ha bloqueado nuestros derechos, como fue la votación contra el derecho al aborto, solo existe para resguardar los intereses de la clase dominante.

    Para acabar con los privilegios y poderes "supremos" de la Corte, los jueces deben ser elegidos por el voto popular, revocables, y que deben cobrar como un trabajador.

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