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La deuda de los gobiernos post Dictadura en cuanto a reformas laborales estructurales

A pocos días de que comience la discusión en el Senado sobre el proyecto de Ley que Moderniza las Relaciones Laborales, y con nuevos anuncios de movilizaciones por parte de sectores estratégicos de trabajadores, es necesario dar cuenta de los principales cambios en materia laboral impulsados por los gobiernos concertacionistas y el de Piñera, con el fin de develar las nulas transformaciones estructurales en el mundo del trabajo.

Miércoles 1ro de julio de 2015 | 18:08

El próximo 6 de julio comienza la discusión sobre la reforma laboral en la Cámara del Trabajo del Senado, propuesta que no ha estado exenta de críticas y polémicas por parte de diferentes sectores de la sociedad. El Gobierno quiere aprobar una reforma insuficiente, que no termina en absoluto con el Código del Trabajo de la Dictadura; la clase empresarial se opone a esta, argumentando que se trata de una reforma meramente "sindical"; mientras que diversos sectores de trabajadores dan cuenta de que el proyecto no da respuesta a las demandas más sentidas del mundo laboral.

Es en este contexto de críticas, desacuerdos, polémicas, deslegitimación del Gobierno y pugnas al interior del régimen político, en que se vuelve a retomar el debate sobre la reforma laboral. ¿Qué es lo distinto y lo que puede desestabilizar la posición del Gobierno y la clase empresarial? Tanto la CUT como la Unión Portuaria convocaron a movilizaciones para este mes, con el objetivo de evidenciar el descontento ante el actual proyecto laboral. Estas manifestaciones se suman a las anteriores convocadas por organismos sindicales, las que vienen congregando a un número importante de trabajadores, sindicatos y federaciones. ¿La respuesta del Gobierno? Intransigencia y oídos sordos ante las demandas de los trabajadores, demostrando una vez más que la clase política y empresarial no está por realizar transformaciones estructurales.

Las nulas transformaciones estructurales en materia laboral por los gobiernos post Dictadura

La Dictadura Cívico-Militar arrasó con los derechos fundamentales de los trabajadores y golpeó duramente a la organización sindical, mediante la entrada en vigencia del Plan Laboral de 1979, y luego a través de la consagración del Código del Trabajo que rige hasta la actualidad. Por su parte, los gobiernos de la Concertación, y el posterior mandato del derechista, Sebastián Piñera, no realizaron ningún cambio sustancial en materia laboral, manteniendo intactos los pilares anti sindicales implantados en la actual normativa laboral, e incluso en algunos casos profundizando la precarización en el trabajo.

En el gobierno de Patricio Aylwin una de las primeras medidas que se impulsó fue la creación de una Mesa Técnica Tripartita que pudiese fortalecer la conciliación y los acuerdos entre el sector de los trabajadores, la clase empresarial y el Gobierno, buscando dejar atrás los "antagonismos de clase". Para esto, en 1991 se impulsaron los "Acuerdos Marco" como una primera medida para buscar la estabilidad entre los diversos actores sociales, y evitar las negociaciones colectivas y posteriores huelgas, especialmente en el rubro de la minería.

Durante el mandato de Aylwin se realizaron reformas laborales que apuntaron a legalizar nuevamente la organización sindical y fortalecerla, permitiendo que trabajadores volvieran a levantar sus sindicatos, federaciones y confederaciones; se facultó a los socios de los sindicatos el poder elegir a la directiva; se disminuyó el porcentaje del quorum para formar sindicatos, entre otras medidas; estas no remecieron los pilares políticos y sindicales que dejó el Plan Laboral. Pese a las expectativas del movimiento sindical con el primer gobierno de la Concertación, este no llevó adelante ninguna reforma laboral estructural y determinante para la estructura económica y sindical del movimiento sindical.

En relación al gobierno de Frei Ruiz-Tagle, en una primera instancia se impulsó una reforma laboral que pretendía cambiar la institucionalidad en el trabajo, planteando por ejemplo la eliminación del reemplazo en huelga y la posibilidad de negociar por rama productiva. Sin embargo, esta propuesta nunca terminó siendo aprobada en el Congreso, pues la derecha e incluso sectores de la Concertación se opusieron a llevar adelante cambios más estructurales. Pese a que la iniciativa nunca entró en vigencia, el gobierno de Frei buscó llegar a acuerdo con la derecha, proponiendo el Acuerdo Thayer-Arrate, el que cambiaba sustancialmente el proyecto de reforma laboral, moderando sus puntos y quitando aquellos que hicieran referencia a cambiar los fundamentos del Plan Laboral.

Cuando Ricardo Lagos comenzó su mandato, la discusión sobre reformas laborales se moderó aún más. La negociación por rama productiva o el fin al reemplazo en huelga no fueron temas abordados por las autoridades de ese entonces, e incluso durante el gobierno de Lagos se impulsó una reforma laboral (2001) que patentó la flexibilización laboral. Es por esto que en la actualidad, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Chile tiene el mayor porcentaje de empleo temporal a nivel mundial, con 30,5% de sus trabajadores bajo este mecanismo.

Por su parte, durante el primer mandato de Michelle Bachelet, las medidas en cuanto a materia laboral no se enfocaron en dar respuesta al anti sindical Código del Trabajo, ni tampoco en dar salida a la precarización laboral que afectaba a miles de trabajadores. Al contrario, fue Bachelet quien impulsó la ley 20.123 que "regula el trabajo en régimen de subcontratación", legalizando así una práctica laboral que mantiene en condiciones paupérrimas a miles de trabajadores; permitiendo la división de estos, la idea de trabajadores de primera y segunda categoría, que los subcontratados ganen menos salario por hacer el mismo trabajo, no poder organizarse con total libertad, etc.

Ya en el gobierno del derechista Sebastián Piñera, las demandas del conjunto de la clase trabajadora quedaron minimizadas al slogan "1 millón de empleos", que prometió entregar el Gobierno. Piñera se enfocó en argumentar que lo necesario para el país era aumentar la productividad y la cantidad de empleos, por lo que durante su mandato se crearon más de 900 mil puestos de trabajo. Sin embargo, lo que no mencionó Piñera fue que entre 2010 y 2013, el 45,5% de los nuevos empleos fueron bajo la modalidad de subcontratación (datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas).

Se modera reforma laboral 2014 y se anuncian nuevas movilizaciones de trabajadores

El gobierno de la Nueva Mayoría no está dejando contento a ningún sector. Primero, impulsa una reforma laboral que no da salida a las demandas de la clase trabajadora, ni menos acaba con el actual Código del Trabajo. Luego, ignora las exigencias de diversos sectores de trabajadores, mientras que toma en cuanto los alegatos de la clase empresarial, principalmente de los dirigentes de la CPC y la SOFOFA.
Exigencias como la negociación por rama productiva o eliminar los servicios mínimos, no están siendo consideradas en la discusión y aprobación del proyecto.

La Comisión Trabajo de la Cámara de Diputados ya aprobó la actual propuesta, y ahora debe ser ratificada por el Senado, instancia que promete nuevas polémicas y discrepancias, como también plantea la posibilidad de una nueva "cocina" que modere aún más el proyecto. En este sentido, el ministro de hacienda Rodrigo Valdés, viene ya planteando la idea de que las reformas deben ser "graduales", moderando el discurso del Gobierno, mostrándose más abierto al diálogo con los empresarios y llegando a acuerdo con este sector en cuanto a no considerar la negociación por rama: "pensamos que debemos volver hacia el espíritu del equilibrio original del proyecto, del mensaje, y eso involucra, por ejemplo, mantener la negociación a nivel de empresas".

Ante esta situación de mayor moderación del Gobierno, ofensiva empresarial y aumento del descontento social, traducido en masivas movilizaciones convocadas por diferentes sectores de la sociedad; es que sindicatos y organismos de trabajadores vienen convocando a paros y marchas con el objetivo de dejar claro que la actual reforma laboral no da respuesta al sentir de la clase trabajadora.

En relación a esto, la Unión Portuaria (UP) convocó a un "paro prolongado" para el próximo lunes 6 de julio, aclarando que las indicaciones propuestas por este sector no fueron consideradas en la discusión de la reforma laboral. La UP junto a sectores como los trabajadores forestales, contratistas, de la construcción, del Transantiago, entre otros, vienen impulsando instancias de coordinación entre rubros productivos.

Es por esto que este viernes en la Usach se realizará una reunión entre "sectores movilizados", para así poder organizar en conjunto la manifestación planteada.
Además, la CUT convocó a una marcha nacional para el próximo sábado 11 de julio, donde se pretende ´"presionar" al Gobierno en cuanto a la reforma laboral, como también posicionar demandas como una nueva Constitución, más democracia, etc.







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