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Red Internacional

Debate. La derecha, los progresismos y la salida a la crisis en América Latina

Una polémica con Álvaro García Linera y su discurso en la Facultad de Derecho. El intento de recuperar cierta mística para un golpeado gobierno nacional. Un debate sobre el ascenso de la derecha, el segundo ciclo de gobiernos “populistas” y la lucha de clases.

Nicolás MansillaEstudiante Sociología UBA @NicxMvnsi

Martes 9 de noviembre | 01:47
@romptscomic

Alvaro García Linera dio una charla en la Facultad de Derecho-UBA junto a agrupaciones de la juventud oficialista, como La Cámpora y aquellas que integran el Frente Patria Grande.
El ex-vicepresidente boliviano, no inocentemente expone, en el marco de las elecciones legislativas argentinas, con el afán de colaborar con el resultado electoral a favor del peronismo. Intentando recuperar cierta mística del desgastado gobierno “nac & pop”, expuso un discurso sobre el ascenso de la derecha y la tarea de “los progresismos” ante la crisis actual, sin incorporar un balance sobre la responsabilidad tanto de su gobierno como del peronismo en dicho ascenso.

Un intento de crear una ¿nueva? mística

Luego de desarrollar un balance de lo que fue el golpe de estado boliviano de 2019, Linera expone una lógica argumental para caracterizar la etapa histórica que vivimos y las tareas de los gobiernos “progresistas” que podríamos sintetizar de la siguiente manera: “Vivimos en un momento histórico donde estamos atravesando una etapa de crisis agravada por la pandemia. En ésta coyuntura ya no alcanza con el primer ciclo de reformas impulsadas en Latinoamérica durante el período 2003-2014, ya que son insuficientes para las nuevas demandas que surgen de la “crisis ambiental, médica y económica”. También es el momento de una derecha que aprendió de sus errores, sale a las calles y aprovecha el clima de inestabilidad social para volver al poder. Una derecha que solo tiene para ofrecer un viejo discurso neoliberal basado en el resentimiento contra la “igualdad” conquistada, según Linera, por los gobiernos “progresistas”.

En éste recorrido hay varios puntos llamativos. Por un lado no se plantea ningún balance de ese “primer ciclo de reformas”, ni por qué posteriormente avanzó la derecha en la región. Parecería que entre la “década ganada” y la nueva crisis pandémica no hubo nada en el medio. No es casual si para explicar esa alternancia de gobierno, tenemos que necesariamente hablar de la insuficiente profundidad de esas reformas que Linera considera hoy agotadas. Solo se refiere a reformas relativas producto de la recomposición económica durante la suba de precio de las materias primas, pero no habla de la falta de “reformas” contra los pilares del neoliberalismo asentado en los años 90: las privatizaciones, la precarización laboral y fragmentación y subordinación de la clase obrera, la profundización del modelo extractivista, y el sometimiento a mecanismos usureros como la deuda externa. En éste balance también omite el accionar de estos gobiernos adentrados en su decadencia a partir del 2014, con planes de ajuste que implicaron grandes crisis en estas coaliciones, que posteriormente iban a ser sucedidos por una derecha que en poco tiempo revirtió las “reformas” de aquella época.

A pesar de que el enclave argentino de los gobiernos “nacionales y populares” haya sufrido una derrota en la última elección producto del empeoramiento de las condiciones de vida de las masas, Linera ve el problema en otro lado: en una crisis de hegemonía, sin tener en cuenta los padecimientos reales de las mayorías. Llama a construir una hegemonía “desde abajo”, desde los debates que se dan en la sociedad civil (las familias, los barrios, la sociedad en general), la cual el Estado debe encauzar en políticas públicas; a ciudadanos, jóvenes, académicos, a debatir, teorizar y “escribir papers” para construir este nuevo sentido común. Advierte que mientras tanto, nos esperan años de alternancia entre gobiernos de la derecha y los populismos. Como si solo de una batalla cultural se tratara, plantea una polarización entre las derechas que se basan en el resentimiento, el odio, el retroceso; y los populismos que plantean “lo popular”, “la esperanza”, “el porvenir”.

Esta forma de ver las cosas, además de omitir las medidas antipopulares del llamado “progresismo”, omite la verdadera dicotomía que tiene este momento de crisis: los intereses de la clase trabajadora por un lado, los de los grandes capitalistas y el imperialismo por otro.
En la actualidad, Latinoamérica es la región más desigual del mundo. 69 multimillonarios aumentaron su fortuna en U$S 104.100 millones en 2020, mientras que más de un 12% de la población (según la CEPAL) se encuentra bajo la línea de pobreza extrema. Casi la mitad de la población latinoamericana se encuentra trabajando en la informalidad (unos 140 millones de personas según la Organización Internacional del Trabajo). También fue uno de los continentes donde la pandemia tuvo un efecto más devastador, siendo Sudamérica la región con más contagios por millón de habitantes (por encima de Norteamérica) y uno de los lugares donde las carencias trajeron un aumento de la mortalidad.

Esta dicotomía de clase atravesó el escenario político de los últimos años, pateando el tablero de esa convivencia pacífica entre los partidos que se alternan el control del Estado y llegando a dar muestra de la potencialidad de transformación que tiene la intervención en las calles, inclusive cuestionando muchos elementos de esa herencia neoliberal que el “primer ciclo de reformas progresistas” no cuestionó

Un programa a medida de la tibieza

El ex-vicepresidente de Bolivia expone lo que, según él, debería ser la agenda de los próximos años de los gobiernos progresistas. En este punto Linera muestra claros límites para exponer un programa de salida a la crisis, ya que lo propone en el marco de esa resignación a una alternancia de gobiernos y aceptando las condiciones que plantean los empresarios.

En primer lugar, comienza en tono moderado hablando de una reforma tributaria donde aquellos empresarios “no dejarían de ganar” como una forma de dialogar con los sectores del capital concentrado que claramente presentarán resistencia y ya demostraron que priorizan sus ganancias frente a la vida de millones. Llega a elogiar la política de estímulos por parte del estado del presidente de EEUU, Joe Biden, que no es más que un “guiño progresista” hacia dentro, para reforzar la posición norteamericana frente a los países que comienzan a disputar su dominio a escala global.

Cuando Linera habla de un “ecologismo social”, no contiene ni ecologismo ni ninguna perspectiva “social”. El modelo que propone es el mismo que se encargó de profundizar el tan demonizado neoliberalismo: el del extractivismo, el saqueo de materias primas por parte de multinacionales extranjeras. Ahora esta vieja receta está acompañada del discurso de una “transición energética” a la que apuntaríamos gracias a la producción de baterías de litio, cuya materia prima se encuentra centralmente en Bolivia, norte de Argentina y Chile, para que se manufacturen en sus casas matrices, particularmente China como principal productora de baterías del mundo. Poco de “sustentable” tiene una práctica que ya está haciendo estragos en la región, afectando los cauces de agua de poblaciones enteras y perjudicando ecosistemas por el enorme caudal de agua que se emplea para producir. Muchas de las comunidades afectadas son de los pueblos originarios que se ven desplazados y afectados por esta práctica depredadora.

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Esto se relaciona con un punto que Linera menciona al pasar: el de la deuda externa. En Argentina, lo que tiene en común la agenda del extractivismo de litio, con “impulsar” o favorecer a los mercados tecnológicos, es que en ambos casos se apunta a recaudar dólares para los pagos de deuda. Sin ir más lejos, el gobierno de Alberto Fernandez viene de eximir de retenciones a las empresas de la llamada “economía del conocimiento”, que son la segunda rama con mayores exportaciones después de las oleaginosas. Lo mismo sucedió con los intentos de implementar la megaminería en Mendoza y Chubut, o el acuerdo de las megagranjas porcinas en una búsqueda desenfrenada de divisas.

La deuda externa es uno de los principales mecanismos de dominio por parte del imperialismo. En la actualidad ya se escuchan los condicionamientos económicos que pide el Fondo Monetario Internacional en Argentina, uno de los países de la región con uno de los mayores problemas en este sentido. Son recetas elaboradas en Washington donde se busca lo mismo que en 2013 en Grecia (para mencionar un caso emblemático): reducción del gasto público para lograr metas de superávit fiscal y flexibilización de las leyes laborales. Menos derechos para los trabajadores y mayores libertades para las empresas, con un monitoreo del FMI año a año alrededor de los objetivos del acuerdo.

Linera menciona la suspensión de los pagos como algo necesario para los próximos tiempos. Como hemos desarrollado en otras ocasiones, sería equivocado hablar un mero “default” o cese de pago si queremos realmente resolver los problemas estructurales del país. Es nuestro deber cuestionar un mecanismo de sometimiento que Argentina arrastra desde la dictadura mientras ninguno de los gobiernos lo cuestionó. Pero este cuestionamiento no puede ser una medida aislada. ¿Cómo propone enfrentar a los organismos de crédito y los grandes fondos de inversión ante las corridas cambiarias, la fuga de capitales y demás medidas de presión de los mal llamados “mercados”?

El no pago de la deuda externa necesariamente tiene que ir acompañado de otras medidas de defensa elemental, como la nacionalización de la banca que hoy se encuentra mayormente en manos de 8 bancos privados que controlan la entrada y salida de divisas en Argentina. El monopolio estatal del comercio exterior para terminar con los negocios de un puñado de especuladores que exportan a través de sus puertos privados, como vimos en el caso de Vicentin. La expropiación de los principales 4000 terratenientes que controlan la mayor parte de la tierra cultivable. Una ruptura con el fondo necesita plantear cómo solucionar el atraso y la dependencia de los países de la región, enfrentando directamente a las grandes multinacionales y los empresarios locales.

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No existe hoy una “suspensión de pago” sin contemplar chocar con estos intereses. La misma situación de crisis económica mundial así lo exige. Los capitalistas necesitan recuperar sus márgenes de “rentabilidad” y para eso están dispuestos a cualquier cosa, como lo vimos en los golpes de estado en la región o en las constantes presiones para derechizar el escenario político y poner en discusión hasta los más elementales derechos de los trabajadores.

Aún así, este relato por parte de Linera, que intenta ocultar cuales son las tareas que realmente se presentan para resolver los problemas de las mayorías, viene acompañado una práctica política que mediante la idea de la “no confrontación” viene girando cada vez más a derecha.

De los dichos a los hechos

En todo este recorrido, Linera omite una sola mención a lo que están haciendo los gobiernos progresistas, que poco tienen para alardear.

Dentro de la responsabilidad de las fuerzas “progresistas” de la región, está la que tienen por el fortalecimiento de las derechas apostando a la “omisión de conflictos” con el poder real para evitar los riesgos del enfrentamiento. En el período pre-pandémico, que Linera descarta de su historización, fue criminal el papel desmovilizador que tuvo la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) dirigida por el PT brasileño ante el golpe de estado de Temer y el ataque directo de la derecha bolsonarista. O el abandono de los trabajadores que resistieron contra el golpe de estado en Bolivia por parte de la Central Obrera Boliviana (COB) y el MAS, que culminó en la masacre de Senkata. No menciona ningún balance sobre la ola de revueltas contra el paquete de medidas económicas de Lenin Moreno quien era el candidato de Rafael Correa. Tampoco se refiere al rol de la burocracia sindical peronista durante los 4 años de gobierno de Macri y los 2 años de ajuste en curso donde han boicoteado cualquier intento de organización desde las bases y no convocaron un solo paro general en los últimos 4 años donde el salario real de los trabajadores no dejó nunca de caer.

Aquellos “debates” que la sociedad civil debería dar, hoy son obturados por la burocracia sindical que contra la voluntad de los trabajadores, mantiene la división de los trabajadores precarizados e informales y de los movimientos sociales de los trabajadores ocupados. En nuestro país ésta burocracia se sienta a negociar con los empresarios reformas laborales de hecho (como el caso Toyota) y hasta llegan a ver con buenos ojos la eliminación de las indemnizaciones por despido, el llamado “modelo UOCRA”.

Esto representa la omisión más grave en este panorama: la lucha de clases que sacudió el escenario político desde 2019. Linera parece hablar de construir hegemonía “desde abajo” sin dar cuenta de las masivas movilizaciones y procesos de lucha que cuestionaron esta situación de décadas de ajuste y atropello de los derechos laborales. El caso más emblemático es el de la rebelión chilena que llegó a su punto más álgido con los trabajadores portuarios y mineros que pararon la producción, junto con la movilización más grande de los últimos 40 años. En este proceso que llegó a cuestionar la constitución de Pinochet, el “progresismo” (PC y Frente Amplio) jugó un rol desmovilizador como parte de la “cocina” que quiso encauzar la bronca popular por la vía institucional, dándole aire al gobierno de Piñera que estaba herido de muerte, cuando millones en las calles exigían su renuncia. Así, podemos ver más ejemplos en la región donde se muestra el potencial de la clase trabajadora, como las masivas movilizaciones contra el FMI en Ecuador y contra las reformas antiobreras de Duque en Colombia.

Si no se habla de aquellos acontecimientos que cambiaron el escenario político regional es porque Linera está allanando el terreno para la resignación a esa alternancia de gobiernos donde la agenda de las mayorías quede completamente relegada y sin herramientas aparentes para la transformación de la realidad. Más bien, la lección de los últimos años es la contraria: el único proyecto esperanzador solo puede venir de la mano de la intervención directa de las masas.

Este relato tiene como finalidad el fortalecimiento del gobierno de Alberto Fernandez, que en las últimas semanas ha dado un giro discursivo hacia una mayor “confrontación” en su discurso contra el FMI y la derecha, que no se condice en nada con una confrontación real, ni una mejora en la situación económica de la población.
Por fuera del relato, si seguimos hablando de deuda, el gobierno de Fernandez lejos de “suspender el pago” viene de pagar 11.000 millones de USS al FMI, el equivalente a otorgar un Ingreso familiar de Emergencia para 9 millones de personas con un monto de $40.000.

Lejos del horizonte distópico que ofrece con ésta alternancia, estos tiempos de crisis orgánica muestran que el problema de “la hegemonía” solo se va a resolver con grandes enfrentamientos entre las clases.

Para esos choques que seguramente estemos por vivir, es invaluable la experiencia política que miles de trabajadores y jóvenes están haciendo hoy para enfrentar los planes de ajuste de los empresarios y su régimen. En nuestro país vimos este año la enorme lucha de los trabajadores de la salud en Neuquén, que lograron romper el techo salarial aliándose a la comunidad y bloqueando las rutas a Vaca Muerta; a la histórica huelga vitivinícola en Mendoza; a los conflictos de trabajadores tercerizados en el AMBA; a la autoorganización de los jóvenes que pelean contra la megaminería en Chubut y Mendoza, y decenas de luchas más. Una muestra en pequeño que refleja que sigue abierto el escenario de las jornadas de revueltas y huelgas masivas en el continente que se abrieron en 2019, que cuestionaron a las viejas direcciones tradicionales de los sindicatos y movimientos sociales.

Los llamados “progresismos” se refieren a éstas luchas como si no llevaran a ningún lugar porque no lo permite la “correlación de fuerzas” con la derecha, y para hacerla valer, son capaces de reprimir y boicotear los nuevos elementos de lucha que surgen.
En éstas luchas está la fuerza para imponer una salida a la crisis, por fuera de la ética de la resignación que propone el progresismo y la perspectiva de atropello a las condiciones de vida de las mayorías que promulga la derecha.

Desde la izquierda anticapitalista y socialista, vemos que estos son momentos clave para la configuración del mapa político y de la lucha de clases en el futuro, donde cada vez son más los sectores que apuestan a construir una alternativa de izquierda a la alternancia de los partidos de siempre.




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