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TRIBUNA ABIERTA

La democracia del enemigo

Bolivia y la eliminación de la carrera electoral de opositores.

Miércoles 25 de marzo de 2015 | Edición del día

Dentro del amplio horizonte de estudio del Derecho Penal, existe una teoría conocida como el Derecho Penal del Enemigo, acuñada por Günther Jakobs en 1985, para referirse a las normas que en el Código Penal Alemán (Strafgesetzbuch o StGB) sancionaban penalmente conductas, sin que se hubiere afectado el bien jurídico, pues ni siquiera se trataba del inicio de la ejecución. Estas normas, en los hechos, no buscaban castigar al autor por el hecho delictivo cometido sino al autor por el hecho de considerarlo de antemano peligroso, es decir un enemigo.

En los regímenes donde se ha puesto en marcha esta corriente del pensamiento penal, se parte de la premisa de que en ciertos estados de excepción (como en el caso de Sendero Luminoso en el Perú), el Estado, a fin de preservar su integridad puede asumir ciertas medidas extremas en su legislación penal como los jueces sin rostros, la cadenas perpetuas o los tipos penales abiertos sólo por citar algunos ejemplos, por considerar que en realidad, se está tratando con enemigos y no con ciudadanos a quiénes por ende no se le reconocen derechos ni garantías, siendo tratados como verdaderos enemigos a quiénes hay que destruir o eliminar. Como diría Jakobs, “el enemigo tiene menos derechos”.

Participo de estas reflexiones previas, porque con la última resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la personería de Unidad Demócrata (UD) del Beni y las advertencias vertidas por el Presidente del Estado Plurinacional en sentido de que no trabajaría en regiones “donde gane la oposición”, nos muestran que en realidad en Bolivia, existe – por así decirlo – una democracia del enemigo, donde si bien se propician elecciones, votaciones, etc., en los hechos, se recurren a métodos poco democráticos para eliminar o destruir a los eventuales adversarios, ora bien procesándolos penalmente con el aval del Ministerio Público, ora amenazándolos públicamente o finalmente recurriendo a la fuerza regulatoria del TSE, que de un tiempo a esta parte, se ha convertido en una especie de fiscalía de persecución electoral que regula, limita o sanciona todo a favor del Gobierno y en desmedro de los eventuales “enemigos”.

En el caso concreto de Unidad Demócrata y su singular exclusión del proceso electoral, cabe apuntar que resulta un verdadero despropósito, excluir a más de 200 personas faltando 9 días del acto electoral por un error de orden administrativo que acaba anulando el derecho a la participación política (Art. 26 constitucional) - entendido en su dimensión activa - como el derecho constitucional que tiene toda persona de postular a una cargo público y participar del debate democrático, mermando de esa forma la noción de democracia radical, diversa y plural, reduciendo toda la fiesta electoral a una suerte de democracia ciega, sorda y muda, donde sólo los afines al Gobierno pueden participar libremente, recordándonos esa vieja reflexión que nos indica que una cosa es la paz en la democracia y otra muy distinta, la paz de los cementerios.

*Catedrático Ciencia Política y Derecho – Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Cochabamba - Bolivia







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