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La crisis del Estado mexicano en el prisma internacional

En las calles y en las carreteras de México se suceden las acciones por la aparición con vida de los 43 normalistas. El 29 de octubre, Peña Nieto mantuvo una reunión de más de 5 horas con los padres y los compañeros de los jóvenes desaparecidos: para nada. El gobierno mexicano continúa recibiendo fuertes cuestionamientos en el país y en el exterior.

Bárbara Funes

México D.F |

Domingo 2 de noviembre de 2014 | 15:14

Treinta días y una semana y seguimos contando. Esta semana que pasó salió a la luz que el gobierno de Guerrero a los 15 días de la desaparición de los normalistas había ofrecido $100.000 a cada familia. Como si con dinero se pudiera comprar la ausencia infinita de un hijo.

Un día se publica en los medios que Osorio Chong, secretario de gobernación, les pide a los padres que esperen lo peor. Luego el secretario desmiente, dice que tal vez los encuentren con vida. También se publica que Guerreros Unidos anunció que los normalistas están vivos. Rumores que van y vienen. La herida sangra. No cerrará hasta que aparezcan los 43.

Los padres de los normalistas declararon en la conferencia de prensa posterior a la reunión con Peña Nieto que no confían en el gobierno.

También en la semana, en la XII edición de la Cumbre de Negocios, los empresarios salieron a demandar un nuevo Pacto por México, pero en materia de seguridad. En declaraciones a La Jornada, Claudio X González, presidente del consejo de Kimberley Clark México “se pronunció por el desarrollo de un Pacto por México en seguridad, pues sin un clima propicio en esa materia, no serán funcionales las reformas estructurales recientemente aprobadas”.

En el editorial de La Jornada “Desaceleración económica y descomposición social” se afirma que “Ayer, al anunciar su decisión de mantener sin cambio la tasa de interés de referencia –que se ubica en 3 por ciento anual–, el Banco de México (BdeM) ponderó ‘la posibilidad de una evolución de la actividad económica menos dinámica que la prevista en caso de que los recientes acontecimientos sociales en el país afecten las expectativas de los agentes económicos’”.

Ésa es su principal preocupación: que se haga efectiva la apertura de los recursos energéticos a los capitales privados. No preocupa sólo en México esa cuestión. En distintos medios internacionales se expresa también el desvelo de los inversores. Veamos.

En la edición del 27 de octubre, el Financial Times publicó un artículo de Jude Webber, su corresponsal para Latinoamérica, donde afirma que la masacre de Iguala y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa constituye la peor crisis del actual gobierno y “una de las peores atrocidades sucedidas en los últimos cincuenta años”. Afirma que las promesas de Peña Nieto de llevar la investigación tope donde tope son insuficientes: aún no ha ido a Iguala.

Contra la campaña oficial “Mover a México” los hechos de Iguala, según el Financial Times, muestran algo muy distinto: “Este es el México viejo, donde las autoridades locales son ineptas, corruptas, o están en connivencia con el crimen organizado; y donde la vida es barata y la justicia difícil de alcanzar”.

En el Dallas News, en su artículo “El derramamiento de sangre y la resiliencia” Andrew sostiene que “hay una oportunidad para una calma, pero seria, colaboración entre México y los EE.UU. en la construcción de la capacidad y la independencia de los gobiernos estatales y locales en México en las zonas más asediada por el crimen organizado. Es, después de todo, el dinero estadounidense de la droga el que ha impulsado el aumento de la delincuencia organizada en México, junto con la debilidad de las estructuras institucionales de México. Juntos podemos evitar que más familias tengan que llorar a sus hijos perdidos.”

Aquí hacemos un paréntesis: ¿es la crisis en curso una grieta por donde puede avanzar la intervención imperialista en México? También esta semana que pasó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ofreció su “ayuda” en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, ya que el gobierno de México está “ante una crisis que no puede resolver”. Esta oferta trae remembranzas de las intervenciones de los cascos azules de la ONU ante “crisis humanitarias”. Las movilizaciones por los normalistas continúan en todo el país. Tal vez eso disuada a Estados Unidos de intentar una injerencia directa.

En The New York Times, el 28 de octubre, Paulina Villegas y Elizabeth Malkin, en su artículo “En México, una nueva pista de los estudiantes desaparecidos”, señalaron que “la desaparición ha creado un dilema político para el presidente, Enrique Peña Nieto, quien ha tratado de restar importancia a la cuestión de la violencia del narcotráfico, mientras que él intenta centrarse en la economía.”

El cinismo de los grandes capitales no tiene límites. En declaraciones a El País, vertidas en el artículo “Las calificadoras aprueban a México pese a los episodios de violencia” Alberto Jones, director de la calificadora Moody’s México señaló que “‘incluso en países en donde se ha dado un golpe de Estado hemos mantenido la calificación’, y en ese sentido, México seguirá siendo destino de inversores internacionales”.

En el mismo artículo se indica que en el país no hay tanto optimismo: mientras Agustín Carsten, gobernador del banco central, afirma que los hechos de Iguala no afectarán las inversiones, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, sostiene lo contrario y los analistas reconocen que la violencia es un freno para la economía de México.

En otro artículo del mismo medio, del 31 de octubre, “Cuando la modernización se topó con la bestialidad en México”, se afirma que “El crimen, la falta de gobernabilidad a nivel local y la impunidad pueden echar al traste el proyecto de modernización económica. No hay duda que la modernización de México, esa que EPN ha prometido, hoy pasa por poner fin al horror, la violencia y la impunidad”.

Sin recomposición de las instituciones a los ojos del pueblo mexicano, no hay aplicación de las reformas estructurales: esa es la visión de los analistas internacionales.

El 30 de octubre, un nuevo artículo de Francisco Goldman resalta en la revista The New Yorker: “¿La desaparición de los 43 podría desatar una revuelta en México?”. Allí afirma que Ángel Aguirre recibía dinero del cártel Guerreros Unidos a través de María de los Ángeles Pineda –esposa de José Luis Abarca, el alcalde de Iguala-. Destaca también que la crisis de México no se debe sólo a la desaparición de los normalistas, que hay muchos otros casos, como el Tlatlaya, donde el ejército ejecutó extrajudicialmente a 22 personas –que el gobierno intentó ocultar y no pudo-, o el asesinato de periodistas y bloggers.

Señala: “En el pasado, las autoridades de gobierno y muchos periodistas en los medios de comunicación cómplices se basaban en un libro de jugadas desgastado: estigmatizar a las víctimas, presentarlas como responsables de su propio destino, o afirmar que no eran ‘mexicanos comunes y corrientes’. Intentan hacer lo mismo con los desaparecidos cuarenta y tres, pero las acusaciones e insinuaciones no encuentran eco… no pueden ser criminalizadas en forma creíble como ‘guerrilleros’ o ‘narcos’.”

Más adelante sostiene que “El país parece estar temblando en el borde de un terrible cataclismo o, por el aspirante, una transformación inspiradora.”

Cierra su artículo diciendo que “los mexicanos tienen ahora otra oportunidad de reinventar políticamente su país. Ahora es el momento para los nuevos líderes e incluso pueden surgir nuevos agrupamientos de los movimientos cívicos y de fuera de la clase política desacreditada. Lo que muchos mexicanos me han estado diciendo es esto: Es ahora o nunca.”

Ante la crisis de todas las instituciones de gobierno en México, el hartazgo del pueblo frente a la impunidad y la colusión entre los partidos institucionales y el narco, son los jóvenes, los trabajadores y los campesinos quienes tienen la última palabra: o construyen una salida desde abajo para resolver los grandes problemas del país (militarización, narco, feminicidios, desapariciones forzadas, miseria generalizada) o dejan su destino en manos de los políticos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.







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