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Red Internacional

En 1951, Jorge Antonio, mano derecha de Perón, funda la Mercedes Benz Argentina, responsable de la desaparición de 14 de sus trabajadores en la dictadura de 1976. Los mismos fueron perseguidos, detenidos y desaparecidos durante la dictadura por ser parte de la oposición al SMATA de José Rodríguez, enfrentar al Gobierno de Isabel Perón y cuestionar el poder de los capitalistas. Hoy, todos los responsables, gozan de impunidad.

Virginia Gómez@mavirginiagomez

Letizia ValeirasDocente - SUTEBA La Matanza @letiziav83

Jueves 11 de diciembre de 2014 | Edición del día
Foto: Documental "Milagros no hay"

La impunidad nacional

Ayer Gaby Weber, documentalista e impulsora de la investigación sobre la empresa, publicó en Argenpress: “En 2002, los familiares de los 14 obreros desaparecidos de Mercedes Benz Argentina hicieron una denuncia penal contra la empresa alemana en la fiscalia de Comodoro Py. En 2006, el fiscal negó su competencia y mandó el expediente al Tribunal de San Martín. El tribunal en San Martín es competente por Campo de Mayo y algunos de los trabajadores de Mercedes Benz estuvieron en Campo de Mayo. Los abogados de los familiares presentaron otra vez las solicitudes de pruebas que no se trabajaron - o se trabajaron mal - desde 2002. Pero, durante siete años, en San Martín no se investigó nada respecto a la empresa y en 2013, la jueza, Alicia Vence, se declaró incompetente".

Dicha causa judicial presenta en la carátula la acusación sobre: Santiago Omar Riveros, militar del ejército argentino durante la dictadura; Juan Ronaldo Tasselkraut, gerente de producción de la empresa; José Rodríguez, Secretario General del SMATA, quien ya falleció; y Carlos Ruckauf, Ministro de Trabajo de la Nación en 1975.

El expediente continúa estando en el Juzgado Federal de San Martín, y estos años se han publicado en distintos medios denuncias de que dos de las secretarias que estaban trabajando en el expediente fueron separadas de sus puestos y que se estaba vaciando la oficina. A su vez, también hubo sospechosos malos entendidos en la traducción del expediente, que hicieron aún más lento todo el proceso. Eduardo Fachal, ex trabajador de la empresa y abogado querellante en la causa, le contó a La Izquierda Diario que “el oficio que salió en su momento en alemán, hecho por traductor público, salió mal, hubo un ’error’ y en lugar de pedir los protocolos de las actas de directorio, pidieron los protocolos de la comisión interna. Por eso no se pudo en ese momento llamar a algunos directivos que todavía estaban vivos y que ya no lo están”.

Si bien en 2005, Néstor Kirchner, por entonces presidente de la Argentina, prometió, frente a los familiares y abogados de los desaparecidos de la automotriz, que “la causa no se iba a entregar al altar de los intereses económicos”, pasaron nueve años y no se ha avanzado lo necesario.

Este tiempo hizo que José Rodríguez muera sin ser condenado, a la vez que Cristina Fernández de Kirchner participó de la inauguración de un sanatorio del SMATA que lleva su nombre. Paradójicamente, los trabajadores sobrevivientes y sus familiares al iniciar la causa, tenían el objetivo de construir un hospital, tan necesario para los vecinos de Virrey del Pino y González Catán en La Matanza, con la donación dinero de las indemnizaciones. Seguramente hubiera llevado el nombre de alguno de los obreros desaparecidos, nunca el de la burocracia cómplice de su secuestro. Y, como si fuera poco, como denuncian los ex detenidos, en octubre de 2012 Dieter Zetsche, CEO mundial y principal director de la casa matriz de Mercedes Benz -ahora llamada Daimler A.G.- anunció junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inversiones millonarias en el país, y no realizó menciones sobre la causa penal. La principal mandataria encabezó ese día un mensaje de impunidad para la multinacional automotriz que participó del genocidio de la última dictadura.

En la reunión del año 2005 entre Néstor Kirchner y la asociación de ex detenidos de la Mercedes Benz, se había pautado desde la formación de una Comisión de Investigación, el nombramiento de un fiscal especial para que los gerentes de la empresa no burlen las citaciones y declaren bajo juramento, hasta el arresto efectivo del Subcomisario Rubén Lavallen. Este último fue un torturador, apropiador de una niña, Paula Logares, -por lo que fue condenado a sólo 3 años de prisión-, y jefe de seguridad en la empresa en 1978. También participó en los secuestros y en la tortura de los trabajadores de la fábrica en la Brigada de San Justo. Este genocida no llegará al juicio porque falleció recientemente. El acuerdo también incorporaba la investigación de la sustitución de identidad operada a través de la inscripción de las partidas de nacimientos de quienes figuran como "hijos" del ex gerente de Mercedes Benz, Juan Ronaldo Tasselkraut, personas que probablemente sean hijos de desaparecidos. Finalmente, ninguna de estas promesas se cumplieron.

La European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), organización de derechos humanos alemana, se presentó en septiembre de 2009, con un informe a modo de amicus curiae, en la causa. En el mismo le pedía al Tribunal “admitir y tener en consideración esta carta amicus curiae acerca del derecho internacional y la jurisprudencia comparada sobre la responsabilidad y participación de empresas y su colaboración en los crímenes de derecho penal internacional”. El Gobierno argentino, en cambio, no se presentó como amicus curiae.

La impunidad internacional

Ante el estancamiento de la causa en el Tribunal de primera instancia de San Martín, y ya que de la empresa alemana participan capitales americanos de la compañía Chrysler, los familiares llevaron la causa a los Estados Unidos.
Kevin Russell, uno de los abogados de los familiares de los empleados desaparecidos, alegó en esa oportunidad que Daimler posee en California una filial, Mercedes Benz-USA, y ello bastaría para determinar la competencia de los tribunales estadounidenses para analizar el caso.

Con todas estas pruebas en la mano, muchas de ellas recolectadas en la investigación de la documentalista alemana Gaby Weber, dos abogados estadounidenses se solidarizaron y presentaron la demanda civil en aquel país. Ellos son: Dan Kovalik, quien es representante legal del Union Trade of Steel (Sindicato metalúrgico de Estados Unidos), y Terry Collingworth, abogado vinculado con distintos organismos de derechos humanos.

El proceso para investigar en Estados Unidos la responsabilidad de Mercedes Benz fue rechazada por dos tribunales estadounidenses. La primera vez en 2004 y la última en 2009. Se excusaron negando la competencia geográfica de los tribunales de California porque supuestamente había un "foro alternativo", ya sea Argentina y/o Alemania. No obstante, un Tribunal de Apelaciones de California anuló esas decisiones anteriores y remitió el legajo al máximo tribunal de justicia de Estados Unidos: la Corte Suprema. La última sentencia fue anulada en mayo de 2010 por la Corte de Apelaciones para el Circuito Nueve de los Estados Unidos, alegando que: "Mercedes Benz colaboró con la dictadura militar y las fuerzas policiales y que esta colaboración terminaría en el secuestro, tortura, detención y asesinato de los trabajadores".

La automotriz Mercedes Benz entonces tenía que afrontar el juicio que se realizaría en los Estados Unidos por delitos de lesa humanidad cometidos en la Argentina, después de dicho fallo de la Corte de Apelaciones de San Francisco, que rechazó la apelación de la empresa multinacional.

Los querellantes invocaban dos leyes estadounidenses en la causa por daños y perjuicios de la casa matriz de Mercedes: la ley de protección de víctimas de torturas (TVPA) y el "Estatuto de Agravios" de 1789 (Alien Tort Statue, ATS), que autoriza a los extranjeros a demandar en los tribunales estadounidenses causas relacionadas con la violación del derecho internacional.

La presentación en los Estados Unidos ante la Corte Suprema la realizaron 22 ex trabajadores de la Mercedes Benz. La Corte dictaminó en enero de 2014 Daimler A.G. no puede ser demandada en California por acusaciones sobre que una subsidiaria violó los derechos humanos de los trabajadores de una planta en Argentina. En una votación unánime, el máximo tribunal dio marcha atrás con un fallo de mayo del 2011 de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos a favor de los demandantes, fundamentando que: “Daimler no es susceptible de ser sometida a juicio en California por daños supuestamente causados por conductas de Mercedes Benz Argentina que tuvieron lugar enteramente fuera de Estados Unidos”.
Ante este fallo adverso la Jornada de México publicó la denuncia de Fachal que apuntaba a los intereses económicos detrás de la resolución. “el fallo obedece más a la presión de la Unión de Bancos Suizos y las Cámaras de Comercio y de Industria de Estados Unidos (...) pensando en las ganancias y no en el derecho de las víctimas”.

En Argentina y Estados Unidos no ha habido avances del caso hasta el momento. En Alemania también se inició un proceso judicial contra la empresa, que fue desestimado bajo el argumento similar al utilizado por el dictador Jorge Rafael Videla, en cuanto a la inexistencia de delito por no encontrarse los cuerpos de los desaparecidos. Fachal aseguró que "El próximo paso es recurrir a organismos internacionales, puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos o directamente a las Naciones Unidas".

Sobre el llamado a indagatoria

Este mes los fiscales federales de San Martín llamaron a indagatoria a dos de los directivos de la empresa por ese entonces, el ex gerente de Producción, Juan Tasselkraut y al ex jefe de Asuntos Jurídicos de la automotriz, Rubén Pablo Cuevas. La jueza tiene que decidir si acepta o no el pedido.

Pero por parte de la querella hay dudas sobre el procedimiento del Tribunal, ya que puede ser una maniobra para cerrar la causa y no elevarla a juicio. En la entrevista que le realizó hace unos días La Izquierda Diario, declaró: “Lo extraño es que no se avance con otros elementos de prueba, por ejemplo citar al catedrático de Derecho Público Internacional Cristian Tomuschat, que tuvo acceso a la documentación de la directiva cuando la empresa le encargó su propio informe y donde hay protocolos de actas de directorio de esa época que dan cuenta de la relación que tenía el directorio de la Mercedes Benz con las autoridades militares. Para nosotros sería mucho más importante que se trajera esa documentación, que se pudiera analizar y desentrañar quiénes eran los que tenían el contacto directo con los militares, para que exista una prueba que pueda fundamentar una prisión preventiva, o sea un avance a una elevación a juicio posterior de la causa. En ese sentido tengo pocas expectativas. La causa está desdoblada ahora, porque el criterio que se utilizó para aglutinarlas fue por centro clandestino de detención, y no todos los compañeros estuvieron en Campo de Mayo, algunos estuvieron en la Brigada de Lanús y en la Brigada de San Justo".

La documentalista alemana Gaby Weber, impulsora de la causa penal, también desconfía de la justicia: “Llamar a indagatoria se hace cuando se considera por terminada la investigación y es seguida por el procesamiento de los inculpados. De esa manera, las solicitudes de pruebas que los querellantes presentan desde hace doce años en forma regular a los fiscales y que hasta hoy no fueron ni rechazadas ni realizadas, podrían caer en la nada”.

Los ex trabajadores de Mercedes Benz Argentina tuvieron que construir la causa, 30 años después, recurriendo a los pocos documentos, datos y elementos probatorios que tienen a su alcance, y que logran sistematizar a partir del enorme trabajo documental realizado por la alemana Gaby Weber; de la misma manera que tienen que reconstruir su historia de lucha y organización. En ese camino vienen encontrando a la Justicia y al Gobierno, nacional y de los países imperialistas, del lado contrario.

El enemigo es muy grande y muy poderoso. Representa uno de los lobbies económicos más importantes a nivel internacional, una de las grandes empresas al servicio de las cuales gobiernan Merkel en Alemania y CFK en Argentina, a las que les interesa más mantener esos acuerdos y los respectivos negocios para ambos gobiernos (y para el propio EE.UU.), que hacer justicia y castigar a los culpables por los 14 trabajadores desaparecidos durante la dictadura militar.

No es casualidad que, habiendo avanzado en algunos juicios a militares genocidas, producto de la enorme mucha que dieron en estas casi 4 décadas los organismos de derechos humanos y la izquierda, los que no estén condenados todavía hoy sean los grandes empresarios que siguen obteniendo cuantiosas ganancias, como Ledesma, Ford, Mercedes Benz, Techint, que fueron precisamente los que impulsaron el golpe militar contra la oposición obrera al gobierno peronista de Isabel, que cuestionaba el poder de los capitalistas.




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