Política

CASTA JUDICIAL

La aristocracia de la toga

Pasan los Gobiernos y la reforma judicial sigue en agenda, con un Poder Judicial que en América Latina se consolida como una casta por encima de los sectores populares, cada vez más al servicio de la Embajada de EE. UU.

Myriam Bregman

Diputada porteña PTS/FIT | CeProDH | @myriambregman

Jueves 2 de enero | 12:16

Como cada vez que asume un nuevo Gobierno, uno de los primeros temas que se instala es el de la reforma judicial. En este caso, el Poder Judicial ha quedado involucrado como pocas veces en los planes políticos del Gobierno saliente, pero se diferencia de otras oportunidades porque avanzó en encarcelar, utilizando la prisión preventiva vía la llamada“Doctrina Irurzun”, a muchos funcionarios de los anteriores Gobiernos kirchneristas, en general acusados de causas de corrupción. Esto es un hecho, más allá de la responsabilidad que pueda caberle o no efectivamente a cada uno de ellos en esas causas.

La mayoría de la sociedad ve los resonantes casos judiciales con cierta distancia, sin saber mucho en qué la involucran esos tires y aflojes, costándole percibir que detrás de esos estertores muchas veces se dirimen los destinos del país, empezando por sus lazos con la potencia imperialista dominante en nuestra región.

En los últimos años se ha producido un verdadero salto de la injerencia de Estados Unidos y sus agencias en los sistemas judiciales de Argentina y toda América Latina. Esto se da mediante la formación directa de jueces y fiscales en el propio país del norte, el entrenamiento político práctico de Policías y Ejércitos, la penetración de sus servicios de inteligencia y por diversos mecanismos de infiltración de la Embajada para influir en los procesos políticos.

Lo más grave a destacar es que Estados Unidos ha logrado que los distintos Gobiernos –más allá de su signo– fueran aprobando las leyes que dan sustento a esa injerencia. Desde fines de los años 90 (y según sus necesidades), este país viene insistiendo en la implementación de una agenda de normas de su interés para manejar los poderes judiciales de lo que considera su patio trasero, esto es: leyes antiterroristas, ley del arrepentido, ficha limpia, agente encubierto, etc., con el nombre que se le dé finalmente en cada país.

Esto guarda estrecha relación con la nueva modalidad predominante en la región: dar golpes de Estado que buscan tener un “viso de legalidad” y aparecen cubiertos por resoluciones de la Corte Suprema (Honduras), el Parlamento (Brasil y Venezuela, aunque fallido en este último caso) o en sus distintas combinaciones, como pasó recientemente en Bolivia, donde comenzó como un golpe clásico, pero con cobertura de la OEA, y se lo va intentando patinar de legalidad con normas en el Parlamento, incluso votadas por la propia fuerza política damnificada. También esas normas se utilizan como excusa para proscribir candidatos como Lula en Brasil (ficha limpia) o a Evo Morales en Bolivia (acusado de terrorismo).

Con razón se ha dicho que con estas leyes se “transfiere el poder del pueblo para los jueces” y que su base filosófica es “el concepto de que el electorado precisa de la tutela de un estamento de sabios” (Demetrio Magnoli lo definió así en Folha de San Pablo y Elisa Carrió lo repite cada día).

De más está aclarar que gran parte de esas normas son aprobadas con la excusa de combatir “la corrupción”, porque con ello buscan transformar este tema en eje de todos los problemas sociales y económicos, y tapar así con ello las políticas de ajuste, entrega, represión e incremento del control social. Todo acompañado de fuertes campañas mediáticas. Valga como ejemplo que solo cinco diputados nos opusimos a la ley del arrepentido cuando llegó a la Cámara, y cuatro de ellos pertenecíamos al Frente de Izquierda.

Dicho esto, no significa que no existan múltiples formas de corrupción, como la transferencia de favores entre funcionarios y grandes empresarios, algo presente en todo Estado capitalista, sino que nos estamos refiriendo a la utilización interesada de hechos con base real o, en ciertos casos, de los que no hay prueba concluyente alguna (como el caso por el que encarcelaron a Lula) con clara finalidad política.
La operación “Lava Jato” es una muestra elocuente de esto, dado que el juez responsable de sacar a Lula de la competencia electoral, Sergio Moro, terminó como ministro de Justicia del Gobierno de Bolsonaro, que se vio directamente beneficiado por tal medida para acceder al poder.

Por ende, y ateniéndonos al discurso de asunción de Alberto Fernández, modificaciones en el sistema de justicia puede haber, porque la arbitrariedad se ha acrecentado tanto que no es difícil limar aspectos brutales como el indiscriminado uso de la prisión preventiva como método extorsivo o el festival de arrepentidos. Sin perder de vista, además, que el Poder Judicial siempre se acomoda al signo de los tiempos, especialmente en lo que hace a la Justicia federal, que se rige por un sistema de intercambio de favores (y amenazas mutuas) con el poder político de turno.

Más en general, no debemos perder de vista que el Poder Judicial es parte de un tipo de Estado particular, en este caso de uno capitalista de un país dependiente con fuertes rasgos semicoloniales, que aplica un sistema legal que antes que nada se basa en la legitimación de las relaciones de producción dominantes, donde la explotación capitalista es legal como en el pasado lo eran la explotación feudal o la esclavista. La existencia de una verdadera casta judicial, con poderes cuasi vitalicios e ingresos equiparables a los de un CEO de una gran empresa, es inescindible de esta finalidad.

Por lo tanto será poco profundo todo cambio que no empiece por terminar con los privilegios hoy existentes y con un sistema de designaciones de jueces que se ha transformado en el ejemplo de la “rosca política” al por mayor.

Entre las medidas que proponemos está la extensión de los juicios por jurados a otras áreas de la Justicia para introducir la mirada popular sobre todos los temas de debate judicial. Algo que, por otro lado, no es siquiera una idea “loca” de la izquierda, como algunos defensores del actual sistema pretenden, sino el artículo 14 de la Constitución (concordante con el art. 75 inc. 12), que dice que “el Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados”.

Pero desde la sanción de la Constitución a la fecha, se han cuidado muy bien de que se cumpla lo más acotadamente posible o directamente no se cumpla, dependiendo de cada jurisdicción nacional y provincial.

Otro de los planteos que venimos sosteniendo es la elección de los jueces por voto directo de la población, terminando con las designaciones por acuerdo entre los partidos mayoritarios. Que además sean revocables y dejen de tener privilegios, como sueldos de más de trescientos mil pesos exentos del pago de ganancias y jubilaciones por encima de la media de cualquier trabajador.

Más allá de la repercusión que tiene lo que pase en los pasillos de Comodoro Py, debe preocuparnos el conjunto de las acciones de ese poder que se presenta como contramayoritario para mostrar su independencia, pero lo único que hace es mantener un statu quo en el que siempre pierden las grandes mayorías.

Si originalmente el llamado “equilibrio de poderes” se fundamentó en la oposición al absolutismo monárquico, lo cierto es que su papel histórico ha sido limitar al mínimo la incidencia de la soberanía popular en las democracias burguesas. Los reclamos populares en la enorme mayoría de los casos no conmueven sus sentencias, y en cambio se avanza hacia una "democracia carcelaria".

Ese es un gran tema de fondo que prácticamente no se discute y ni siquiera se considera, aun cuando los presos “comunes”, también víctimas del uso indiscriminado de la prisión preventiva, deben realizar huelgas de hambre para demostrar el estado de abandono en que se encuentran. Como este sistema no puede siquiera alimentar a millones de personas, se diseñan diversos mecanismos de criminalización de la pobreza y la miseria, encarcelando a una buena porción de quienes nada tienen para disciplinar al resto.

Algo que ya hace varios años demostró Loïc Wacquant en "Las cárceles de la miseria", dando cuenta de que el aumento de las tasas de prisionalización en los Estados Unidos y otros países ha acompañado como la sombra al cuerpo al neoliberalismo. Por profundizar ese camino pugnan desde hace años los sectores más reaccionarios de la sociedad y mucho han avanzado. Lo que se busca es marchar hacia modelos represivos/carcelarios como los de Estados Unidos o Brasil, que tienen millones de presos en sus cárceles (e incluso han hecho un negocio de ello) como forma de disciplinar al resto de los sectores populares y también regulando el mercado de trabajo, con un claro sesgo racista y de clase.

Sin estas discusiones de fondo, los cambios serán cosméticos. Y el gran poder de jueces alineados con el Gobierno de turno y con privilegios ajenos a la mayoría de la sociedad seguirá intacto, yendo a brindar cada 4 de Julio a la Embajada de Estados Unidos.

* Nota publicada originalmente en Newsletter de A24.com







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