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Red Internacional

LATINOAMÉRICA.La alta abstención en las elecciones venezolanas expresa el descontento social y político

En este artículo presentamos unos primeros elementos de análisis de la Liga de Trabajadores por el Socialismo luego de las elecciones parlamentarias de este domingo. Aunque los niveles de abstención eran previsibles, una vez constatados los resultados se hace necesaria la discusión de hacia dónde va el país en el nuevo escenario que se configura. ¿Qué esperar de la próxima Asamblea Nacional?, ¿Cómo hacer para que el pueblo trabajador recupere su capacidad de lucha?

Martes 8 de diciembre de 2020 | 00:11
Un centro de votación en Caracas. Fotografía EFE/ Miguel Gutiérrez

La Liga de Trabajadores por el Socialismo impulsa La Izquierda Diario Venezuela, parte de la Red Internacional La Izquierda Diario.

No hubo nada nuevo bajo el solo en cuanto a la mayoría de las proyecciones referidas a los niveles de participación electoral. A nivel oficial se ha anunciado que acudió a votar un 30,5% del padrón electoral. Se trata de uno los más bajos niveles de participación electoral en los más de veinte años del chavismo, en un país, donde la participación ha sido alta a pesar del voto no ser obligatorio.

La extensa demora en dar el resultado electoral y un nunca anuncio de cierre oficial de mesas mostraba la preocupación en la alta burocracia chavista porque los niveles de abstención podrían ser más altos. Durante siete horas desde lo que era el fin de la jornada electoral, no se había realizado ninguna declaración oficial generando incertidumbre, y apenas a las 2 de la madrugada del lunes se viene a realizar el anuncio oficial. En pocas elecciones se ha generado tal nivel de retraso, y en general ha sido cuando el Gobierno/PSUV ha sufrido algún revés político en algún comicio.

La altísima abstención

Al momento que cerramos este texto ya se conoció el segundo boletín oficial, con el 98,6% de los datos procesados, confirma una abstención de 69,5%. El PSUV con el Gran Polo Patriótico obtuvo 4.277.926 votos (68,4%), la oposición de derecha distribuida en Alianza Democrática (los intervenidos Acción Democrática y Copei, con Movimiento Ciudadano, Avanza Progresista y Cambio), 1.095.170 (17,5%) y Venezuela Unida (los intervenidos Primero Justicia –bajo el nombre Primero Venezuela– y Voluntad Popular), 259.450 votos (4,1%), la APR/PCV alcanzó 168.743 votos (2,7%), y 405.017 (6,5%) distribuidos entre el resto de las organizaciones políticas que iban sin alianzas.

La situación contrasta en demasía con la última elección parlamentaria del 2015, donde el CNE reportó una participación de 71 %. Esta vez ese fue el porcentaje de ausentismo electoral, prácticamente 70%: 7 de cada 10 electores se abstuvieron. Esto en el marco de fuertes elementos de presión y chantaje hacia trabajadores de empresas e instituciones públicas, habitantes de sectores populares y personas de la tercera edad, donde la estabilidad laboral, el acceso a los bonos vía Carnet de la Patria, a la magra bolsa de alimentos (CLAP) o hasta la bombona de gas, entraron en juego para presionar al voto, con mayor presión descarada al final de la jornada, con la llamada “operación remate”.

Dicha operación de remate fue más allá incluso de la postergación de una hora por parte del CNE para mantener las mesas abiertas, sin que hubiese electores en cola para votar luego de las 6 pm. Todo para permitirle al PSUV reforzar la presión a los barrios para que la gente acudiera a votar. Se viralizaron videos en redes sociales avanzada la noche en zonas populares, donde se hizo presión para votar hasta último momento: "Apartamento por apartamento tocan la puerta con mucha responsabilidad, con mucha decencia. Es por la revolución, es por la patria. Vamos a sacar a la gente, están confundidos. Hay que hacerlo", ordenaba el jefe del comando a una veintena de personas, incluidos milicianos uniformados a la puerta de un edificio en La Guaira.

La oposición de derecha aglutinada alrededor de Guaidó y el llamado G4, que mantiene la estrategia injerencista, pretende arrogarse ese nivel de abstención, lo que es un discurso de muy poco vuelo, puesto que, como sostiene diversos analistas del propio campo de la oposición, y como lo muestra la propia capacidad de convocatoria de Guaidó y Cía., el desgano electoral de la población no obedece a un alineamiento con la política de Guaidó, sino a una falta de identificación más en general con las diferentes opciones políticas y los mecanismos que les plantean. Más de 60% de la población, de acuerdo con diferentes encuestas, no se identifica ni con el gobierno ni con la oposición. En ese marco, la convocatoria de Guaidó a su “Consulta Popular” adolece también de casi ningún entusiasmo en la población.

A su vez, a Guaidó y quienes le acompañan se les vence su período como diputados precisamente con esta elección, el período legislativo para el cual fueron electos en 2015 culmina el 5 de enero próximo, y nada indica que no se vaya a poder instalar esta nueva Asamblea Nacional que resultó de ayer. Por tanto, por más que (aún) no haya reconocimiento de los imperialismos estadounidense y europeo a este nuevo parlamento, las posibilidades de Guaidó y los diputados que lo acompañan, de seguir reclamando alguna “legitimidad” como representantes del pueblo venezolano, son cada vez más magras, su “gobierno”, sostenido con la diplomacia y la plata del imperialismo estadounidense, cada vez más será un “gobierno de twitter e internet”, para parafrasear a Capriles, otro de los que llamaron al final, luego de fracasar la negoción con el gobierno, a no participar.

Para la oposición de derecha que pactó la convivencia y elección con el Gobierno, tomando un camino diferente al de la agresión imperialista, no ha sido una gran jugada, pues en el marco de que la gran mayoría del pueblo le dio la espalda a la elección, el Gobierno, con la reducida base electoral que aún conserva y sus mecanismos de presión, logró 68% de los votos que concurrieron, dejando a repartirse entre los diversos partidos y alianzas de ese sector de la derecha, apenas poco más de una cuarta parte del espacio electoral, ya que la alianza del chavismo crítico expresada en la APR/PCV obtuvo a su vez un 2,7%, y un archipiélago de partidos más pequeños que no se alienan con esas alianzas de la derecha, se distribuye un 6,5% de los votos.

¿Cómo queda el Gobierno y el régimen de conjunto?

En tal sentido, y tomando en cuenta que hay un porcentaje de voto obligado de la forma que hemos señalado, el porcentaje de rechazo o indiferencia ante la elección es incluso mayor al 70% oficialmente anunciado. Se trata de niveles que no se pueden ocultar, y están para quedarse, expresando el deterioro del Gobierno más allá de que afiance su control en el poder Legislativo. El PSUV/Gobierno no aparece como primera mayoría del país, y ni siquiera podría decirse que primera minoría real, pues lo es (una quinta parte del padrón electoral) solo en cuanto los demás partidos opositores no concurrieron a esta elección.

Se confirma su drástica pérdida de votos en este tipo de elecciones en el último período: de 2015 a 2020 ha perdido 1,4 millones (pasando de 5,6 a 4,2 millones). Esta vez concurrió un 30% del electorado según el dato oficial, el Gobierno obtuvo 68% de esa votación, eso redondea 20% del total del padrón electoral. Algo menos que eso (dada una porción del voto presionado, que sin embargo no hay manera de medir) es la base electoral del PSUV hoy para gobernar. Es evidente la falta de legitimidad, un gobierno sumamente cuestionado y repudiado. Lo que no quiere decir, sin embargo, que no vaya a poder gobernar.

Con el control del poder Legislativo, controla casi absolutamente la mayoría de las instituciones y cargos públicos. El Gobierno controla el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y demás poderes donde los representantes son puestos a dedo como el propio CNE, controlando también 19 de las 23 gobernaciones, manda en 305 de las 335 alcaldías, tiene 227 de los 251 diputados de las asambleas legislativas regionales, y casi todo los parlamentos municipales. Y fundamentalmente todos los componentes de las Fuerzas Armadas y todas las fuerzas policiales, sin hablar de los tentáculos de los grupos paraestatales (parapoliciales) que actúan abiertamente.

Es claro que al ser un gobierno sumamente cuestionado y repudiado, en este su triunfo que podríamos definir como “pírrico” por el altísimo nivel de abstención, hace a una cuestión de debilidad del mismo, pero en cuanto afianzamiento en el conjunto de los poderes, hay un fortalecimiento del bonapartismo reaccionario del Gobierno, lo que le pueda dar cierta “estabilización” (con todas las comillas posibles y siempre en comparación con la inestabilidad aguda que primó en 2019). Pero se lo da este control casi completo y la acentuación del bonapartismo, donde prima la coerción, el control y la fuerza, y con oponentes debilitados. En lo inmediato los elementos de inestabilidad le pueden venir dados por la persistente destrucción económica del país y la severa sequía de recursos, en medio de la catástrofe económica y social, así como las sanciones imperialistas.

Los adversarios del gobierno no están más fuertes que él, he ahí su ventaja, aún con ese resultado tan pobre. La derecha proimperialista ha fracasado estrepitosamente en sus intentos de desplazarlo del poder y se ha venido a menos, tanto en unidad de propósitos como en capacidad de movilización. La clase trabajadora y los sectores populares siguen en un retroceso enorme y debilidad aguda de sus fuerzas, sin poder representar tampoco un desafío para el gobierno. En estas circunstancias, el “frente económico” y el “frente externo” (relacionados de alguna manera) son los adversarios más serios que tiene el gobierno, son las amenazas más reales: un colapso económico sin precedentes con una economía que lleva ya varios años en hiperinflación y no para, falta de reconocimiento internacional por las principales potencias imperialistas de occidente y de sus organismos de crédito, y ausencia de inyección de recursos, bien sea vía exportaciones petroleras, repatriación de capitales, o mediante préstamos o grandes inversiones de afuera.

Las sanciones económicas, confiscación de empresas y bienes, y el embargo petrolero, continúan. Y habrá que esperar y ver, cuál será la política a seguir de Biden, luego que asuma la presidencia de Estados Unidos, si seguirá la agenda de Trump, o busque otros canales de presión sobre el Gobierno, de igual manera la Unión Europea.

Si bien no puede decirse que el gobierno haya logrado pasar del todo la página de la agudísima crisis de poderes, puede darse por hecho que esta nueva Asamblea Nacional se instalará, expirando en pocas semanas el período de la Asamblea que fue declarada en desacato y la que a su vez no reconocía a Maduro como presidente, la que dio apoyo a la declaratoria del diputado Juan Guaidó como “Presidente de la República interino”, y el Gobierno anunció para fin de año la disolución de la (farsa de) “Asamblea Nacional Constituyente”, ese parlamento paralelo y marioneta del Ejecutivo, que impusieron vía fraude en 2017, en respuesta a la ofensiva de la derecha para desplazar al gobierno.

¿Hacia dónde va Venezuela?

En todo ese marco, debemos responder la pregunta: ¿hacia dónde va el país? ¿Qué viene ahora, desde esa nueva Asamblea Nacional y esa nueva correlación de fuerzas política internas, pegada con parches y fustigada desde el exterior? Los administradores del capitalismo rentístico venezolano en la crisis más severa de su historia, la casta cívico-militar que gobierna, deben responder a la falta de recursos y a la destrucción de la economía nacional, he aquí la contracara, en cuanto a debilidad, del fortalecimiento del bonapartismo reaccionario.

Al igual que la oposición expresada en Guaidó, este sector no ve otra alternativa más que en las vías capitalistas, y las vías capitalistas para “reconstruir” el país son, esquemáticamente: a) entregar el país al capital transnacional, bien sea directamente entregándoles empresas y recursos a precios de remate, o incluso, como parte de pago por deudas, o bien sea mediante nuevas préstamos que abulten más la ya pesada hipoteca externa del país; b) dar máximas libertades de apropiación y acción al capital privado, tanto extranjero como local, expresado en entregarle masivamente empresas y servicios, así como liberación de total de precios y rebajarles los impuestos casi a cero; c) avanzar sobre la destrucción del salario, los derechos de la clase obrera y las condiciones de vida del pueblo, lo cual es una conquista del conjunto del capital contra el pueblo trabajador, y le permite a los empresarios y al Estado capitalista ahorrarse recursos, entre otra medidas como ya lo hemos visto con la Ley “Antibloqueo”.

Todo el arco burgués, desde Guaidó y el G4 al PSUV, Maduro y los militares, pasando por la derecha que convive con el gobierno, coincide en líneas generales en una perspectiva de este tipo: más entreguismo y subordinación nacional al capital transnacional, más empoderamiento del capital privado, condiciones laborales y de vida totalmente precarias para los trabajadores y el pueblo. La diferencia está en las potencias capitalistas que tienen detrás, en la alineación geopolítica de cada cual, que redunda a su vez en las posibilidades internas de cada bando de mantenerse en el poder y el usufructo de la magra renta petrolera y demás rentas y negocios que hay en el país (minería, importaciones, etc.).

Guaidó expresa un plan abyecto de directa semicolonización del país por EE.UU., con un régimen títere, en el cual ese sector de la burguesía se incorpora como socia menor de lo gringos y europeos. Maduro y las FF.AA. tiene como aliados a China y Rusia, quienes les ayudan a sostenerse en el poder y avanzan en un esquema en que el fuerte posicionamiento de los capitales chinos y rusos (en mucho menos medida iraníes, turcos, etc.) permite también los negocios, como socio menor en el esquema de rapiña, de los burgueses chavistas y los burócratas convertidos en burgueses, que con las privatizaciones y reprivatizaciones en curso se van adueñando de parte de las empresas públicas que la propia gestión de esas burocracia llevó a la ruina. La engañosamente llamada “ley antibloqueo” es el más reciente instrumento para eso: frente a la hostilidad estadounidense y europea, para sobrevivir el Gobierno ofrece un mayor entreguismo nacional a aquellos grandes capitales extranjeros que están dispuestos a jugárselas con él.

En ese marco, la nueva Asamblea Nacional será un parlamento para la entrega nacional y continuar el sometimiento del pueblo venezolano a la precariedad. Posiblemente el gobierno no alcance por sí mismo la mayoría calificada de dos tercios, pero con toda probabilidad, no tendrá problemas en acorar con la oposición de derecha parlamentaria, para lograr mayoría calificada para reformas, derogar leyes o hacer nuevas, que sancionen este curso reaccionario. Tras el barniz de “institucionalidad” y la verborrea “democrática”, de “esfuerzos comunes” y “unidad nacional”, es esa política anti-nacional, antiobrera y antipopular la que se preparan a aplicar (o continuar aplicando en otro nivel, para ser más exactos).

El pueblo venezolano, como dijimos, no tenía nada que ganar con el 6D –ni por supuesto tampoco con la pantomima proinjerencista de Guaidó de estos días_, sino que tiene por delante el gran reto de recuperar su capacidad de lucha y movilización, de hacer pesar en la escena nacional sus demandas propias como clase, con sus propios métodos de lucha y combate, para pelear por un programa obrero y popular de emergencia, con medidas que pongan como prioridad las necesidades del pueblo trabajador, y no las de los capitalistas, grandes comerciantes y burócratas (civiles y militares), que son los intereses que se nos vienen imponiendo violentamente en todos los años de esta larga crisis.




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