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Red Internacional

El litio además de dejar millones de dólares a las mineras sigue dando que hablar. En los últimos días han salido opiniones de distintos espacios políticos. El telón lo de fondo lo levantaron las cámaras patronales ligadas al negocio (CAEM, UIA, CAMARCO) que repudiaron una Ley que en La Rioja declara al litio y a sus derivados de “interés estratégico”. ¿Cambian las reglas del juego?

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Martes 17 de enero | 17:52
Foto: Sales de Jujuy, Puna jujeña.

A fines de diciembre la Legislatura de La Rioja aprobó una Ley que con tan solo 7 artículos hizo que los dueños del país tengan que levantarse de sus reposeras y hacer declaraciones en pleno veraneo en Punta del Este o en otros balnearios top del mundo. ¿Por qué?

Resulta que la Ley 10.608 -ver anexo- plantea la suspensión por 120 días de los permisos de cateo, prospección, exploración y concesiones mineras relacionadas con el litio (Art. 3°). Y agrega en su Art. 4° que “cualquiera de las actividades antes mencionadas deberán realizarse con participación de Energía y Minería Sociedad del Estado, ya sea de por sí o por acuerdos de terceros.”

En La Rioja hay un solo permiso de exploración otorgado a la minera canadiense Origen Resources en 2021, una minera que en realidad tiene su base de operaciones en San Juan. En caso de promulgarse la Ley mencionada se habilitaría a que la empresa estatal accediera a algún tipo de participación en las actividades mineras sobre el litio.

Un esquema parecido ya existe en Jujuy, donde también el litio fue declarado de interés estratégico (Ley 5674) y por decreto se creó la empresa estatal, JEMSE, que actúa como socia con el 8,5% de las acciones de las mineras. En Jujuy hay dos, Sales de Jujuy-grupo Allkem (Orocobre-Toyota, capitales australianos y japoneses) y minera Exar (Lithium Americas Corp. y Ganfeng Lithium, capitales canadienses y chinos) que comenzaría en los próximos meses con la extracción de litio. Si bien Sales de Jujuy inició sus actividades extractivas en 2015, desde ese momento hasta la actualidad, JEMSE nunca mostró un solo balance.

Lo que si se sabe, en base al presupuesto provincial de Jujuy, es que los ingresos al fisco por la minería apenas representan el 0,2% de la recaudación de origen provincial. Pero bueno, si la recaudación es poca (muy) JEMSE tiene derecho a comprarle a Sales de Jujuy el 5% de su producción de carbonato de litio para agregarle valor en la provincia. Claro, si hay saqueo del 95% que va a exportación, que las migajas al menos queden para ver que se puede hacer por estas tierras.

Volviendo a La Rioja, ¿tanto lío por esta Ley? Y sí, el lobby de las grandes patronales para evitar que se promulgue la Ley demuestra que no están dispuestas a ceder ni un solo gramo de litio. Así son y cuentan a su favor con toda una estructura legal (Constitución de 1994, Código Minero y Ley de Inversiones Mineras y legislaciones provinciales) hecha a su medida para que puedan disponer de ventajas fiscales y hasta una estructura legal para subfacturar. La Aduana en mayo de 2022 resolvió reconocer un precio de 53.000 dólares por tonelada exportada de litio, cuando en los mercados a futuro el mineral cotiza en 79.000 dólares (último dato, 6 de enero 2023, Secretaría de Minería de Nación).

Toda discusión a fondo sobre el litio exige ser conscientes de una única realidad. Mientras el mineral siga en manos de multinacionales que tienen organizados sus cadenas de valor por el mundo –como forma de bajar costos-, y el litio en manos de Estados provinciales que rifan al mejor postor sus recursos –como forma de aliviar sus cuentas fiscales-, todo lo que se pueda intentar hacer es siempre en calidad de socios menores en un saqueo a cielo abierto con alto impacto ambiental y sobre los derechos de las comunidades.

Proponerse lo que hoy es considerado un "imposible", la reversión del esquema minero actual no puede venir de los mismos gobiernos, partidos y funcionarios que lo sostienen desde hace décadas. Salvo que a lo que se aspire es a algún que otro tipo de regateo. Por el contrario, controlar el uso y destino del mineral (y por ende disponer de su propiedad) exige preparar la fuerza social de las mayorías trabajadoras (mineros, obreros de la construcción en alianza con comunidades originarias, ambientalistas, profesionales) en forma consciente que solo ellas pueden no solo ponerle fin al saqueo minero, sino también reorganizar la actividad en función de las necesidades sociales (no del capital) y con el empleo de las técnicas más avanzadas que minimicen el impacto ambiental.

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