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La Procuraduría General exime al Estado del crimen de Ayotzinapa

En la tarde del martes 27 el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, se presentó nuevamente en cadena nacional para dar a conocer el cese de las investigaciones sobre el caso de los normalistas de Ayotzinapa y el envío del expediente a reserva.

Andrés Aullet

Abogado y maestro en Derechos Humanos

Jueves 29 de enero de 2015 | Edición del día

Fotografía: EFE

La conferencia de prensa estuvo estructurada para generar credibilidad a la audiencia sobre la versión del gobierno ante el caso de Ayotzinapa y deslindar al Estado de toda responsabilidad. Públicamente se presentaron los resultados como una verdad histórica y jurídica para decir: esto pasó, fue así y no hay más.

La manera en la que se buscó crear convicción fue “dando respuesta” a los cuestionamientos o posicionamientos científicos, jurídicos, políticos e históricos claves:

1) eliminar la responsabilidad del Estado al no iniciarse las investigaciones por la desaparición forzada de los normalistas, sino bajo el delito de secuestro, lo que exime al Estado de su responsabilidad;

2) responder a los cuestionamientos sobre la metodología y la negligencia en la investigación, así como a la falta de pruebas científicas sobre el supuesto asesinato y cremación de los estudiantes;

3) limitar lo sucedido en base a las declaraciones de los supuestos criminales;

4) controvertir las denuncias de los testimonios respecto a la participación del ejército;

5) exponer como contundentes las pruebas periciales y materiales que evidencian el asesinato de los normalistas;

6) generar mediante las declaraciones y las evidencias una reconstrucción de hechos para crear una verdad histórica y jurídica que le permitiese al gobierno determinar que los normalistas fueron asesinados;

7) que toda la intervención en el asesinato de los normalistas fue a manos de un grupo criminal, con intervención de elementos de la policía y bajo el mando de Abarca y su esposa;

8) que no existen más elementos físicos para dar por vivos a los normalistas, es decir, no existen evidencias, y en consecuencia no hay más que investigar;

9) que el gobierno puso enormes esfuerzos en la investigación;

10) que el resto óseo encontrado corresponde a Alexander, procurándose en todo momento su preservación, lo cual corrobora según la PGR, las declaraciones de los criminales que señalaron cómo fueron asesinados, cremados y esparcidas las cenizas de los normalistas;

11) que las distancias entre Iguala, Cocula y el basurero son grandes, de tal manera que no hubo forma de que se alguien se percatara de la incineración de los cuerpos;

12) que todo versa en un problema de identidad entre Guerrero Unidos y los normalistas, a quienes confundieron con el grupo criminal antagónico los “rojos”.

La conclusión que se busca crear con todos estos elementos –de los cuales faltan muchos por enumerar– es generar la convicción de que los normalistas fueron asesinados y quemados, que no existen ya elementos para continuar con la investigación (y por lo tanto con las movilizaciones que cuestionan al Estado) y que finalmente los “responsables” ya se encuentran presos.

Esto con el objetivo de que la opinión pública dé como científicos y verdaderos los hechos históricos y jurídicos presentados por la Procuraduría General de la República (PGR), cuestión que convalidaría su investigación. De tal manera se terminarían las dudas respecto a la responsabilidad del Estado, y cesen los cuestionamientos nacionales e internacionales.

Para descalificar los argumentos de científicos independientes, los cuales denunciaban la inverosimilitud de las afirmaciones del Gobierno respecto a que la incineración de los normalistas fue hecha con llantas y otros combustibles, la PGR presentó como argumento de su discurso, que las pruebas científicas y las investigaciones periciales de la Procuraduría estaban respaldadas por la UNAM. Así se buscó dar un peso moral y científico al dicho del gobierno.

Al mismo tiempo la PGR da respuesta a las declaraciones del grupo de peritos argentinos, quienes señalaron en días pasados que no les constaba que las muestras hayan sido recogidas del basurero de Cocula.

Ello es importante porque Murillo afirma que fue en base a la confesión de los criminales el cómo se pudieron determinar y encontrar los restos en Cocula, debido a que los criminales confesaron cómo se había realizado todo el trabajo de la desaparición de toda evidencia física y biológica de los normalista.

Sin embargo, a nadie le constan tales hechos, porque nada dice que las muestras no hayan sido obtenidas de otro lugar, lo cual presume que las mismas pudieron haber sido sembradas.

El discurso de Karam en ningún momento hace referencia a las declaraciones de testigos respecto a la participación de militares antes de la masacre.

Destacan los testimonios de personas que denuncian que a esas horas no se podía acceder a Iguala porque la ciudad estaba sitiada por el ejército, lo que muestra que efectivamente hubo una participación de los militares para garantizar el ataque a los normalistas.

Tampoco la investigación hace referencia a los testimonios que señalan la intervención del ejército después de los ataques ni del normalista desollado.

Hay denuncias del empleo de chivos expiatorios y autoinculpaciones de los detenidos, y de eso ni una sola palabra. Y así podríamos seguir encontrando muchas inconsistencias y contradicciones en las investigaciones y declaraciones de la PGR.

El punto fino de todo esto es, que al no darse una investigación por desaparición forzada sino por secuestro, el Estado no queda implicado ni mucho menos puede atribuírsele un crimen de lesa humanidad, pese a la intervención de los cuerpos armados policíacos y militares. Por eso todo se reduce a que no hay más elementos de prueba para seguir con las investigaciones, porque las evidencias desaparecieron y los criminales ya confesaron (¿confesaron?).

El efecto de las pruebas “científicas” y la falta de evidencias dan como resultado, que la verdad jurídica e histórica de lo ocurrido y expuesto por la PGR es, que los normalistas fueron asesinados y no hay más que hacer, pasándole la carga probatoria a los padres de familia. Esto permite al Estado a nivel internacional no ser cuestionado por la investigación misma ni tampoco que se le condene, pues si no hay desaparición forzada no hay responsabilidad del Estado, luego entonces, tampoco hay crimen de lesa humanidad, ese es el mensaje hacia fuera del país.

Por último cabe destacar que desde días previos, ya diversos medios de comunicación, empresarios, la iglesia e instituciones académicas estaba preparando el terreno para el veredicto, anunciando la necesidad de superar Ayotzinapa, luego entonces, ya no hay motivo para que sigan las protestas, los escenarios de ingobernabilidad en Guerrero y Oaxaca, etc., y lo que vendrá será enfrentar con mano dura esos escenarios; éste es el mensaje hacia el país.

Esta conferencia del procurador Karam parece obedecer a una estrategia donde, una vez que el gobierno “gana” legitimidad con las “pruebas” ofrecidas por las autoridades judiciales (dejando la sospecha de cierta criminalidad en los normalistas), pase a la ofensiva con la recuperación de la legalidad en Guerrero, como lo muestra la avanzada policial y militar del miércoles 28 en la Autopista del Sol para evitar la toma de casetas (peajes).

De aquí en adelante se trazan dos caminos muy confrontados los cuales está por verse en qué sentido se desarrollan, pero algo que se puede afirmar es que el descontento se profundiza y la credibilidad del gobierno se resquebraja. Por eso se da un cierre de filas alrededor del presidente Peña Nieto, cuya imagen no sólo está por los suelos, sino que puede desatar más crisis.







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